Imagen emblemática de no de los secuestradores apuntando a la comitiva.
Un informe especial elaborado por organizaciones de periodistas y derechos humanos señala que el caso Las Londras cumple cuatro años sin ninguna condena y con los agresores impunes “enviando un mensaje peligroso de tolerancia hacia la violencia contra periodistas”. Tres de los imputados se encuentran en rebeldía y los otros dos enfrentan el juicio en libertad, mientras que el caso se encuentra paralizado.
Este martes 28 de octubre se cumplen cuatro años desde aquel día, en el que un grupo armado encapuchado emboscó a una caravana integrada por periodistas, policías y trabajadores agrícolas en Guarayos, Santa Cruz.
“Encapuchados armados los secuestraron por más de ocho horas, los pusieron boca abajo, los golpearon, caminaron sobre sus cuerpos y dispararon al aire para intimidarlos. Fueron retenidos, torturados y amenazados de muerte, mientras los agresores destruían equipos y registros periodísticos con el fin de impedir la difusión de los hechos. Los atacantes forzaron a las víctimas a firmar un documento en el que se comprometían a no volver al lugar, el mismo que forma parte del proceso judicial como prueba de que los agresores ejercían pleno dominio en la zona”, recuerda el informe que fue promovido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
“El caso Las Londras sintetiza las fallas estructurales del sistema judicial boliviano frente a los ataques contra la prensa: inacción estatal, dilación procesal, manipulación de la justicia y desprotección de las víctimas”, señala una de las conclusiones del informe que este martes fue presentado en Santa Cruz.
Un caso sin resolución
Desde 2021, el caso ha enfrentado constantes postergaciones, cambio de fiscales, ausencia de recolección de pruebas clave y una falta de coordinación institucional de las instancias responsables de garantizar justicia.
El juicio oral se instaló en julio, pero fue suspendido en agosto, tras la presentación de un incidente de declinatoria de competencia, mediante el cual los acusados solicitaron que el caso pase a la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC).
“Esta maniobra jurídica ha detenido el proceso y lo ha remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que podría paralizar el caso durante meses o incluso años”, señala el reporte.
Según las organizaciones de prensa, “la maniobra no tiene sustento” porque la Ley 073 que regula la justicia indígena originaria campesina indica que ésta no tiene competencia sobre delitos contra la vida, como tentativa de asesinato, secuestro o tortura, además, los hechos no ocurrieron en una comunidad indígena, ni las víctimas pertenecen a una y los delitos no fueron cometidos por indígenas.
Luego de exponer los hechos, las vulneraciones y las afectaciones a la democracia, el informe especial emite recomendaciones, entre las que se encuentra el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos, con participación de organizaciones de la sociedad civil.
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