Periodistas durante la cobertura de una conferencia de los vocales del TSE. Foto: TSE
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó su preocupación ante la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de imponer multas a una treintena de medios de comunicación.
“La ANPB alerta que estas multas son absolutamente desproporcionadas y, en algunos casos, equivalen a poner en riesgo el patrimonio total de los medios de comunicación afectados. Ello no solo compromete su estabilidad financiera y continuidad operativa, sino que además amenaza la seguridad laboral de periodistas y trabajadores de la prensa”, señala un pronunciamiento de la entidad.
Informa que estas sanciones, recomendadas por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) y notificadas tras las elecciones generales del 17 de agosto, alcanzan a medios de distinta trayectoria y naturaleza, incluyendo diarios tradicionales, radios comerciales, católicas, cristianas, educativas y plataformas digitales.
Los motivos señalados por el TSE son dos: la publicación de columnas de opinión que se refirieron al proceso electoral y, en el caso de radios y canales, la omisión de la leyenda “espacio solicitado” en la transmisión de spots y cuñas propagandísticas.
“Recordamos a las autoridades electorales que la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la censura previa y consagran la libertad de expresión y de prensa como derechos fundamentales en democracia”, añade.
Asimismo, la entidad considera contradictorio que los medios que cumplen una labor informativa responsable sean objeto de sanciones por tecnicismos derivados de la normativa electoral, mientras la desinformación se expande en redes sociales sin control ni regulación posible.
En ese marco, exhorta al TSE “a revisar estas decisiones y evitar la aplicación de sanciones desproporcionadas que, por su magnitud, no solo comprometen la estabilidad económica de los medios afectados, sino que incluso podrían llevar a su cierre definitivo, con el consecuente impacto en la seguridad laboral de periodistas y trabajadores de la prensa, así como en el derecho a la información de la ciudadanía”.
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