Un incidente de excepción presentado por tres de los cinco acusados en el caso Las Londras, referido al brutal ataque de avasalladores contra seis periodistas en Santa Cruz el 2021, paralizó el juicio oral en el Tribunal de Sentencia Primero de Concepción, bajo el pedido de que el caso pase a ser juzgado por la vía de la justicia indígena originaria campesina.
El pasado 9 de julio, el Tribunal dio inicio al juicio oral con la presencia de dos de los acusados, Paulino Camacho y Nelson Rivadeneira. Ellos, junto a Nicolás Ramírez, Martín Tejerina y Sixto Canaza, declarados en rebeldía por no presentarse al juicio, son acusados por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de arma de güero y homicidio en grado de tentativa y amenazas.
Para este 5 de agosto se convocó a la segunda audiencia de juicio. A su inicio, el tribunal dio a conocer que en fecha 4 de agosto, los tres acusados declarados rebeldes presentaron este incidente que plantea un conflicto de competencias entre las jurisdicciones indígena y ordinaria, que, ahora, debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Esta situación (el incidente) nos coarta continuar en conocimiento mientras no se resuelva. Y si generaran el conflicto de competencias, debemos enviar esto al TCP”, explicó uno de los tres miembros del tribunal, el juez Elvio Cuéllar, de acuerdo con una transmisión de la audiencia realizada por la periodista Mercedes Fernández.
Por su parte, la presidenta del tribunal, Rosa Victoria Copa, explicó que este incidente frena cualquier acción del tribunal en este caso y, de acuerdo con el procedimiento, tienen 15 días para elaborar una resolución para que el asunto sea tratado por el TCP.
“Desde el momento en que conocemos este incidente, nosotros no podemos continuar ni tomar ninguna determinación al respecto (…). Debemos hacer una resolución, tenemos 15 días para hacerlo, lo haremos lo más antes posible y se remite actuados al TCP para que determine quién es competente y pueda continuar el juicio oral”, declaró.
La única víctima de los seis periodistas agredidos y violentados con armas de fuego en las Londras es Percy Suárez, camarógrafo de la red ATB, quien se dio cita a esta audiencia y, al momento de tomar la palabra, expresó ante el tribunal su indignación por esta maniobra, a la que calificó como un “hachazo en la espalda” para las víctimas. “Como víctima me duele, dicen que no queremos contaminar, pero presentan esto y quieren frenar a la vista de la sociedad. Esto es un hachazo en la espalda”, declaró Suárez.
En entrevista con el Observatorio de Defensoras/es de Derechos de UNITAS, Roberto Méndez, abogado y expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, que patrocina a las víctimas, enfatizó que el incidente de competencia no procede dado que el lugar donde ocurrió el hecho, la propiedad de Las Londras en la provincia Guarayos, no es una comunidad indígena; los delitos cometidos son crímenes contra la vida, que deben ser atendidos por la vía ordinaria, y ninguno de los acusados o víctimas pertenecen a un pueblo indígena. “Lo grave es que esto va en consulta al TCP y allí se atora este caso”, lamentó.
El caso de Las Londras se originó el 28 de octubre del 2021, cuando, además de Suárez, los periodistas Silvia Andrea Gómez López y su camarógrafo Sergio Luis Martínez Galarza de la Red Unitel, Mauricio Egüez Simoné y el camarógrafo Nicolás Alejandro García Iriarte de Red Uno y Jorge Alberto Gutiérrez Ávila del periódico El Deber fueron emboscados y posteriormente torturados por un grupo armado de avasalladores encapuchados. El camarógrafo de la red PAT Roger Ticona, fue quien pudo escapar y alertar sobre este hecho.
Análisis del Programa Defensores de Derechos de UNITAS
Lo sucedido en “Las Londras” representa una grave vulneración a la libertad de expresión y la libertad de prensa, reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El ataque cometido contra periodistas en el ejercicio de su labor constituye no solo una agresión individual, sino un atentado al derecho de la sociedad a estar informada, en este contexto, los periodistas deben ser reconocidos como defensores de derechos humanos, conforme lo establece la Declaración sobre Defensores de la ONU (1998), ya que su labor de informar contribuye directamente a la promoción, protección y exigibilidad de derechos fundamentales.
En este marco, el Estado boliviano tiene la obligación reforzada de garantizar que crímenes cometidos contra periodistas sean investigados de forma pronta, imparcial y efectiva, sin dilaciones indebidas ni tolerando maniobras que generen impunidad.
La activación de un incidente de competencia para trasladar el caso a la jurisdicción indígena, tomando en cuenta que no se cumplirían elementos esenciales como la pertenencia a un pueblo indígena, la localización en territorio indígena ni la naturaleza de los delitos cometidos, genera preocupación en tanto puede traducirse en una demora mayor en la búsqueda de justicia. Si bien la jurisdicción indígena originaria campesina debe ser respetada, su invocación en este caso podría interpretarse como una acción que retrasa aún más el acceso a la justicia y contribuye a la revictimización, socavando la credibilidad del sistema judicial y su compromiso con la protección de los derechos humanos, particularmente frente a agresiones que buscan silenciar a periodistas en el ejercicio de su labor.
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