Encuentro de monitores territoriales indígenas pide consulta previa antes de cualquier intervención relacionada con las tierras raras y los bonos de carbono. Foto: CEJIS
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Después de tres días de intenso trabajo de campo, debate e intercambio de experiencias en el control y vigilancia de su territorio para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, el IV Encuentro Nacional de Monitores Territoriales Indígenas emitió el domingo una declaración en la que identificó a los mercados de carbono y a la explotación de tierras raras como nuevas amenazas del modelo de desarrollo extractivo.
El IV Encuentro desarrollado en instalaciones del Centro Arakuarenda, entre el 25 y 27 de julio, en la Autonomía Indígena Guaraní de Charagua Iyambae del departamento de Santa Cruz, las monitoras y los monitores territoriales indígenas de Charagua Iyambae, Lomerío, Monte Verde, TIM, TIMI, Movima, Cavineño, Chácobo Pacahuara, Tacana Cavineño y Multiétnico II estuvieron presentes junto a sus dirigencias.
Bajo el lema “Frente a las amenazas y presiones, soberanía, control y vigilancia territorial”, mujeres y hombres indígenas monitores analizaron el estado de situación del Monitoreo Territorial Indígena de sus territorios, el contexto electoral y sus implicancias para los territorios indígenas.
Se identificaron como nuevas amenazas y presiones para los pueblos indígenas, los mercados de carbono y el interés sobre la exploración y explotación de tierras raras, además de los impactos de obras de infraestructura en las comunidades guaraníes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Charagua Norte, entre otros, por lo que consideraron necesario el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y orgánicas en su rol como monitores territoriales indígenas en la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía.
El mburuvicha de Charagua Norte, Carlos Sánchez, destacó el IV Encuentro desarrollado con el apoyo técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) para que desde los territorios se puedan tomar las mejores decisiones a favor de los pueblos indígenas y evitar que las autoridades firmen compromisos contrarios a sus intereses.
“Es importante el aprendizaje que van adquiriendo con toda responsabilidad, nuestros jóvenes. Se necesitan los monitores porque son el brazo derecho de las autoridades, porque (las empresas) violan los derechos de los pueblos indígenas, y deben estar presentes en las diferentes reuniones para salir a corregir a las autoridades, que firman cosas que no deben firmar porque no tienen ese conocimiento técnico”, dijo.
Denunció la presencia de empresas extranjeras en territorios indígenas interesadas en los bonos de carbono. “En los últimos dos años llegaron cinco empresas interesadas en comprar bonos de carbono (…). Cuando firman las autoridades (indígenas) que venden los recursos naturales, ustedes deben estar preparados”, comentó, dirigiéndose a las y los monitores.
Por su parte, el director del CEJIS, Miguel Vargas, advirtió que el tema de los mercados de carbono viene de manera recurrente y es necesario analizarlo en espacios como el Encuentro de Monitores, ya que exige, desde los territorios, tomar acciones más concretas a nivel técnico, político, nacional e internacional.
“A pesar de que se tiene información de que las empresas desarrolladoras ya están en los territorios, la información que no está del todo socializada es que hay la responsabilidad de las autoridades de sistematizar y reunir esa información y buscar asesoramiento para analizar los contenidos de los contratos”, señaló.
Vargas dijo que el CEJIS estará dispuesto a acompañar esos procesos, no en la perspectiva de interpelar la decisión que asuman los pueblos indígenas, pues se respeta el derecho a la autonomía y su autogobierno, sino sobre todo en el asesoramiento técnico.
“Si en ese ejercicio han decidido firmar un convenio con un desarrollador es una decisión de ustedes, nosotros asumimos el rol de advertir técnicamente las amenazas que puedan tener esos convenios, por lo que debe haber la voluntad de transparentar y reunir esos convenios, y sobre esa base hacer una valoración de si se cumplen o no los compromisos de las empresas para entrar a esos territorios”, subrayó, dirigiéndose hacia el IV Encuentro.
Recordó que desde junio y octubre de 2024 y marzo de este año hay un marco normativo vigente, un decreto supremo y una resolución ministerial, que establece una estructura institucional para el desarrollo de los mercados de carbono en Bolivia, por lo que es necesario desde los pueblos indígenas hacer llegar propuestas normativas para que se cumplan sus derechos.
“Una de las características es que no se considera la participación de los pueblos indígenas. Frente a eso, se sistematizan las lecciones y se elaboran propuestas normativas para presentarlas ante las instancias que están promoviendo (la compra de los bonos de carbono); y ahí asumimos el reto de acompañar a las organizaciones indígenas para elaborar propuestas que permitan adoptar esos estándares”, sostuvo.
El director del CEJIS mencionó que el Acuerdo de Escazú establece el compromiso de los Estados en materia climática, lo que significa que deben garantizar la participación de los pueblos indígenas y la consulta previa libre e informada.
Demandas de consenso
En el pronunciamiento emanado del IV Encuentro, las y los monitores territoriales indígenas reafirmaron su compromiso con la vida, los territorios, el medioambiente, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía territorial y el Estado Plurinacional.
Exigieron el respeto al logro del Estado Plurinacional que costó marchas, luchas y vidas de los abuelos y padres, además de denunciar y repudiar a los actores políticos que desconocen los territorios colectivos y las TCO.
Las y los monitores lamentaron que los derechos de los pueblos indígenas y las garantías para su ejercicio no se encuentren contemplados en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia.
“Denunciamos el interés de los actores políticos sobre nuestros territorios y los recursos naturales que en ellos existen para salir de la crisis que vive el país, profundizando el modelo de desarrollo extractivista que deja más pobreza en nuestras comunidades. Por ello, nos declaramos en alerta y movilización permanente a través de las acciones del Monitoreo Territorial Indígena”, señala uno de los puntos de la declaración.
Los pueblos indígenas presentes exigen que el Estado y sus diferentes niveles de gobierno apliquen la consulta previa libre e informada en los proyectos vinculados a los mercados de carbono y a la exploración y explotación de las llamadas tierras raras, debido a que el Gobierno ya comprometió su prospección y exploración sin haber cumplido sus responsabilidades con las naciones indígenas.
“Denunciamos que los proyectos vinculados a estas temáticas, que en la actualidad se desarrollan en nuestros territorios y que incumplieron esta obligación, son nulos de pleno derecho, por lo que en nuestro rol de monitores denunciaremos a estas actividades ante nuestras organizaciones a quienes pedimos exigir el cumplimiento de este derecho”, advierten en su manifiesto.
En el encuentro también expresaron su apoyo a las comunidades de la TCO Charagua Norte que enfrentan los impactos derivados de la construcción de la carretera El Espino – Boyuibe, y exigen a las autoridades estatales cumplir con su rol y garantizar que la empresa responsable del proyecto cumpla con sus compromisos asumidos.
Ratificaron en ese contexto su compromiso con sus territorios, el medioambiente y la vida, por lo que continuarán de forma militante en las acciones de vigilancia, control y monitoreo territorial a todas las amenazas y presiones presentes sobre sus territorios, por ello, seguirán en el proceso de formación de sus capacidades técnicas orgánicas y políticas.
En ese marco, solicitaron a las instituciones de apoyo de la sociedad civil, tal es el caso del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), continuar con el acompañamiento para consolidar el Monitoreo Territorial Indígena en sus territorios. A su dirigencia piden respaldar orgánicamente el trabajo reconociéndolo en sus normas internas.
“Nos comprometemos a mantener nuestro rol de vigilantes y generadores de información sobre lo que acontece en nuestros territorios para que nuestras autoridades tomen las mejores decisiones, garantizando el ejercicio de nuestros derechos territoriales y ambientales, exigiendo al Estado nuestro derecho a continuar viviendo de forma libre en el marco de nuestra libre determinación”, sostiene la declaración.
Convocan a todas y todos los Monitores Territoriales Indígenas a continuar su tarea de servicio a favor de sus territorios y comunidades y a participar de forma activa en todas las acciones de monitoreo y compartirlas en el V Encuentro Nacional de Monitores Territoriales Indígenas a realizarse en la gestión 2026.
Las y los monitores que firmaron la Declaración son parte representativa de la Capitanía Charagua Norte (APG), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Organización de Mujeres Indígenas Monkoxi de Lomerío (OMIML), la Central Indígena Paikoneka San Javier (CIP-SJ), la Subcentral de Cabildos Indigenales del TIM, la Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano (TIMI), la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), la Subcentral de Mujeres Indígenas Movima (SMIM), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), la Organización Territorial del Multiétnico II.
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