Entre enero y abril de este año se registraron 174 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia, de acuerdo con el informe cuatrimestral del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, que revela que el 50% de estas transgresiones se dieron, principalmente, en el marco de las elecciones nacionales, en los límites de acceso a la información a periodistas y la corrupción en niveles locales, entre otros.
En el contexto preelectoral, el informe documenta actos de estigmatización por parte del presidente Luis Arce y otras autoridades hacia opositores y actores privados, así como el uso de medios estatales para actos de proclamación, en abierta vulneración al principio de equidad.
También se denunció un proyecto de ley que plantea mecanismos de vigilancia sobre los medios de comunicación, con exigencias de “veracidad” e informes semanales al órgano electoral, medidas consideradas contrarias a los estándares internacionales de libertad de prensa.
De las 174 vulneraciones, el informe resalta que 93 (53%) afectaron directamente la institucionalidad democrática; seguidas de ataques a la libertad de prensa (39 registros, 22%), a la libertad de expresión (16 registros, 9%), libertad de reunión y protesta (10 registros, 6%), el derecho a defender derechos (10 registros, 6%) y la libertad de asociación (6 registros, 3%).
Estas cifras, según el observatorio, evidencian un entorno restrictivo que amenaza pilares esenciales del sistema democrático a través de prácticas que restringen la deliberación pública, el acceso a información oportuna y la posibilidad de cuestionar el poder sin represalias.
Vulneraciones a periodistas
A ello se suma una preocupante limitación al acceso a la información a periodistas, con 39 vulneraciones registradas en ese lapso. Éstas se dan a través de amenazas, agresiones, criminalización o actos de ciberacoso. Las transgresiones al ejercicio periodístico vulneran no solo el derecho de los periodistas a informar, sino también el de la ciudadanía a recibir información plural y oportuna.
“El constante amedrentamiento y la impunidad de los agresores han propiciado un contexto social generalizado en el que no se valora ni respeta adecuadamente el trabajo periodístico. Uno de los casos más emblemáticos que ilustran este fenómeno es el del Estado ficticio de Kailasa, en el cual los medios de comunicación Sumando Voces, El Deber y Brújula Digital fueron objeto de amenazas luego de publicar investigaciones periodísticas sobre irregularidades en contratos suscritos entre esa organización y pueblos indígenas del oriente boliviano”, se lee en el informe.
Corrupción a nivel local
El informe también detalla 30 casos de corrupción divididos por sector: nivel subnacional (12 casos), judicial (6), nivel nacional (6), policial (4) y universidad pública (2). A nivel local, los casos que resaltan son los ocurridos en los municipios de Cochabamba, Tarija, Ravelo (Potosí), Guanay (La Paz) y Luribay (La Paz), con casos donde autoridades o exautoridades fueron imputadas por uso indebido de influencias, malversación de fondos y utilización ilícita de bienes del Estado.
En esta materia, UNITAS, en su informe sobre “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024”, recomendó al Estado cumplir con las recomendaciones del Examen Periódico Universal y del Comité de Derechos Humanos para asegurar medidas eficaces que prevengan y sancionen actos de corrupción, en los niveles nacional y subnacional.
La Paz concentra el registro de vulneraciones
La ciudad de La Paz concentró casi la mitad de todas las vulneraciones, posicionándose como el principal escenario de conflictos y restricciones, debido a su rol como centro político y social del país.
Pese a una disminución del 44% en el número de vulneraciones respecto al mismo período de 2024, UNITAS advierte que esta baja no implica una mejora estructural, sino que podría responder a factores coyunturales. La persistencia de discursos estigmatizantes, restricciones al acceso a la información y prácticas corruptas —especialmente en el contexto electoral— configuran un “entorno hostil” para el ejercicio pleno de derechos fundamentales en Bolivia.
Puede leer el informe cuatrimestral enero – abril del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS en el siguiente enlace: https://redunitas.org/download/informe-cuatrimestral-enero-abril-de-2025/
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