Jucus detenidos por la Policía. Foto: La Patria
Cada semana, en silencio, el centro minero de Huanuni entierra muertos. Son jóvenes, en su mayoría adolescentes, que ingresaron clandestinamente a las entrañas del cerro Posokoni en busca de mineral. Lo hacen sin equipo, sin seguridad, sin contrato, y muchas veces, sin salida.
Daniel Jarro, dirigente de los desocupados de Huanuni, denunció: “la gran realidad aquí en Huanuni es que entra gente joven de forma clandestina a los yacimientos (…) y la mayoría que llega a fallecer son menores de edad”. Para él, estas muertes no son accidentes, sino consecuencia directa del desempleo estructural.
Los jucus —como se conoce a quienes sustraen mineral de forma ilegal— se juegan la vida en cada incursión. El miércoles tres de ellos fueron hallados sin vida y con los cuerpos desmembrados tras un derrumbe. “Se han caído los planchones, y no se sabe si solamente son esas tres personas o puede haber más”, relató Jarro a ANF.
La Fiscalía Departamental de Oruro confirmó el hecho. “El lamentable hecho se dio tras el fallecimiento de tres ciudadanos (…) el terreno había cedido y los mismos cayeron en una especie de fosa”, explicó el fiscal Aldo Morales. Añadió que los cuerpos fueron encontrados en condiciones desgarradoras, producto del peso de las rocas.
El fenómeno no es nuevo. Desde 2020, distintos informes alertan sobre el crecimiento del juqueo en la Empresa Minera Huanuni. Incluso, el exministro de Minería Fernando Vásquez llegó a afirmar que “ya no se puede concebir el trabajo minero sin los jucus”, señalando que el perjuicio económico mensual asciende hasta los 2 millones de dólares.
Pero el costo más alto no es económico, es humano. “Este año hemos tenido en una semana siete muertos. Pero cada semana hay muertos. Uno, dos, siempre está enterrando la mina”, aseguró Jarro. Y remarcó: “Los jóvenes en su mayoría son de edades comprendidas entre 13 a 19 años”.
El ingreso clandestino ocurre principalmente los fines de semana. “Desde el día jueves y viernes entran unos 400 a 500 jucus, hasta más personas tal vez, a interior mina”, afirmó el dirigente. Según él, algunos sectores sindicales e incluso autoridades estarían al tanto del fenómeno.
En efecto, en junio de 2022 el Ministerio Público reveló que trabajadores de Huanuni colaboraban con los jucus, brindándoles acceso e información. Decenas fueron sancionados por robo agravado, pero la práctica continúa.
“Han disparado a los jucus y uno ha muerto en el ingenio Lucianita, luego mueren también por los derrumbes dentro de la mina”, recordó Jarro. Las víctimas, dijo, no son criminales comunes, sino personas desesperadas. “Entran por llevar un pan del día a su casa, para mantener a sus familias o a sus padres”.
Las muertes se suman sin que haya una respuesta estructural. “Yo creo que en nuestro país está faltando un plan de contingencia para crear fuentes de empleo”, dijo Jarro. Y denunció que los dirigentes del sindicato minero “ni siquiera son de Huanuni”.
En contraste, citó el caso de Colquiri, donde el conflicto por el mineral derivó en una solución dual: Comibol controla la parte inferior y las cooperativas la superior, dando trabajo a toda la comunidad. “En Colquiri no hay desocupados”, dijo.
Casos de muertes
Los casos de muertes son múltiples, como el ocurrido el 29 de julio de 2024. Un derrumbe sepultó a un grupo de jucus que descendió sin protección al interior de la mina. Uno murió en el acto. Otro fue rescatado con fracturas graves. Este evento evidenció, una vez más, los peligros extremos del juqueo.
Además de los derrumbes, hay enfrentamientos armados con algunos grupos de jucus. En diciembre de 2023, un tiroteo entre jucus y guardias dejó heridos. En los casos de jucus muertos, “la Policía y el Ejército dicen: ‘entre los jucus se han disparado’, pero eso es mentira”, dijo Jarro. Aseguró que en un caso se usaron proyectiles de guerra, calibre 7.62 de fusil FAL.
“No es la primera vez que ocurre. Desde 2024 podemos sumar por lo menos más de 100 personas fallecidas, tanto mayores como jóvenes”, subrayó. Un dato que ilustra la magnitud de la crisis que envuelve a Huanuni.
La empresa estatal guarda silencio. Mientras tanto, los controles se han endurecido. El 30 de abril de 2025, siete jucus fueron detenidos en flagrancia con 741 kg de mineral. Aun así, el flujo de personas que arriesga su vida por un poco de estaño no cesa.
Para Jarro, la solución pasa por la voluntad política. “El yacimiento minero es muy grande y puede albergar como en el pasado a 5.000 trabajadores”, afirmó. Y sugirió que se podrían crear entre 8.000 a 10.000 empleos directos si se habilitaran nuevas zonas de explotación.
“Hay lugares donde pueden trabajar los jóvenes, por ejemplo, para explotar complejos de mineral, igualmente está en el cerro, en el yacimiento La Suerte”, apuntó. Sin embargo, denunció que estas áreas son controladas por intereses sindicales.
Entre 400 y 500 personas, cada semana, bajan a las profundidades del cerro Posokoni. Muchos no regresan. Los que vuelven, lo hacen con miedo, heridas o la carga de haber visto morir a un compañero. “Yo creo que esto ya es demasiado”, dijo Jarro.
El fiscal Morales confirmó que aún podría haber más cuerpos bajo las rocas. “Existe la probabilidad de que haya más cuerpos enterrados en el lugar o existan sobrevivientes”, advirtió.
Mientras no haya empleo, la mina seguirá tragándose vidas. “Si la gente entra a robar mineral y muere, es a causa de que no hay trabajo”, sentenció Jarro. La tragedia de Huanuni no es un accidente, dijo, es un síntoma de abandono.
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