Indígenas de Nor Lípez. Foto: Fundación Solón
El contrato suscrito entre el Estado boliviano y el consorcio chino Hong Kong CBC para la industrialización del litio puede quedar jurídicamente comprometido si el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emite un fallo favorable a la acción popular presentada por comunidades indígenas de Nor Lípez. Así lo advirtió en un comunicado la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), que representa a 53 comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Nor Lípez.
«En caso de que el TCP revise la decisión judicial de manera favorable a los derechos colectivos que hemos invocado, advertimos que el contrato del litio suscrito con el consorcio CBC se verá seriamente comprometido, afectando su validez y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de cualquier inversión que realice el consorcio CBC», señala el comunicado.
La organización indígena informó que el 7 de junio de este año remitió una comunicación oficial al consorcio Hong Kong CBC Investment Limited, a la Cámara de Comercio China de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos (CCCMC), y a la Embajada de China en Bolivia. En esa misiva, notificaron que el contrato de litio suscrito por el Estado estaría en revisión jurídica debido a una acción popular interpuesta por vulneraciones a derechos colectivos, territoriales y ambientales.
CUPCONL sostiene que el convenio firmado con CBC viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que compromete fuentes de agua ubicadas en territorio indígena legalmente titulado.
La demanda indígena se enmarca en la oposición al Proyecto de Ley 197/2024-2025 sobre los recursos evaporíticos, el cual, según CUPCONL, se intenta aprobar sin cumplir con los procesos de consulta ni realizar estudios de impacto ambiental adecuados. Las comunidades consideran que el avance del proyecto de litio vulnera la Constitución y tratados internacionales firmados por Bolivia.
En una resolución asumida durante el Tercer Ampliado de Emergencia realizado en la comunidad de Colcha K, Potosí, el 15 de junio, las comunidades determinaron llevar su denuncia ante instancias internacionales. Anunciaron que, si el TCP no respeta sus derechos, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado boliviano por la violación de derechos indígenas y territoriales.
Aquí puede leer el comunicado:
