Por UNITAS
Autoridades o funcionarios de los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) atentaron contra la institucionalidad democrática durante el 2022, de acuerdo con el Informe de Situación del Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
Son un total de 199 actos vulneratorios a la institucionalidad democrática que se registraron el año pasado. Ésta hace referencia a la separación, independencia y equilibrio de los órganos del Estado, el ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad. La institucionalidad también implica el cumplimiento de las normas que las regulan, es decir el estado de derecho, la transparencia y la confianza de la población en las autoridades e instancias públicas.
En el Informe de Situación que presentó UNITAS, se desglosan que, de los 199 casos vulneratorios a la institucionalidad democrática, 60 tienen que ver con casos de corrupción de autoridades, 44 a la ausencia de procedimientos basados en la norma, 41 a actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, 40 a procesos no adecuados en la elección de autoridades, ocho a la no independencia institucional, tres a la duración de funcionarios en sus cargos, dos a la duración de autoridades en sus cargos y uno a la no independencia personal.
De estas cifras se desprenden que en 40 casos están como actores vulneradores las y los diputados o senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como ejemplo están las declaraciones del senador Leonardo Loza, quien reveló que antes los proyectos de ley enviados desde el Ejecutivo ingresaban “a la carrera” y en 20 minutos se aprobaban, pero ahora, con el clima de división dentro del partido, aseguró que eso ya no ocurrirá (13/12/22) o las acciones denunciadas por el ministro de Justicia, Iván Lima, cuando dio a conocer que los diputados del MAS Anyelo Céspedes, Patricio Mendoza y Gualberto Arispe realizan gestiones en diferentes instancias del Estado con el propósito de conseguir cargos para sus allegados (15/10/22).
Por otro lado, autoridades del Órgano Ejecutivo también cometieron un total de 30 vulneraciones a la institucionalidad. El informe muestra casos como el de Ibert René Renato Aguilar Mamani, una persona sentenciada por ejercicio indebido de la profesión, y que fue designado como director general de asuntos administrativos en la Procuraduría General del Estado (02/02/22) o las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que en una respuesta a un Pedido de Informe Escrito al diputado Orlando Valdez (CC) negó que el periodista Carlos Quisbert, de Página Siete, fuera agredido por policías en la cobertura del conflicto de cocaleros de los Yungas, pese a las evidencias que muestran la violencia ejercida contra el periodista por policías que lo detuvieron durante su labor (22/04/22).
En ese marco, el ministro de Gobierno también vulneró la presunción de inocencia de varias personas aprehendidas en hechos delictivos, al exponerlos de manera pública. Esta práctica fue observada por diferentes organizaciones defensoras de derechos, entre ellas Human Rights Watch.
Pero las vulneraciones a la institucionalidad democrática también llegan a los niveles de gobierno departamental y municipal, el primero con cuatro casos y el segundo con 27. Un caso que resalta del nivel departamental es la destitución de la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo de La Paz, Genoveva Espinoza, por denunciar minería ilegal en la reserva del parque Madidi (30/06/22).
En lo relacionado al nivel municipal destacan casos de corrupción como la que atañe a la exsecretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Sandra Velarde, quien aceptó su culpabilidad en el daño económico de Bs 25,6 millones por el caso de contratos irregulares de personal, conocido como ‘ítems fantasmas’ (19/12/22) o casos relacionados a actos contrarios al ejercicio de derechos, como el cometido por el alcalde de Buena Vista en Santa Cruz, Teodoro Gonzales, quien denunció penalmente a cinco dirigentes de juntas escolares que demandaban atención a demandas sectoriales, bajo la figura de “impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones” (23/03/22).
Además de autoridades del ejecutivo o legislativo, también cometen actos en contra de la institucionalidad democrática otras instancias como jueces, fiscales, policías o militares. En el caso de los primeros, hay registros de corrupción de parte de jueces que liberaron a feminicidas, como los jueces Rafael Alcón, Abraham Aguirre o Vidalia Morales. En lo relacionado a fiscales, están los reportes de 19 fiscales destituidos hasta septiembre de 2022 por presuntos actos de corrupción, como informó el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa (08/09/22).
Sobre policías, están los registros que evidencian excesos de efectivos del orden en la represión de protestas. Por ejemplo, cuando fueron filmados en Santa Cruz intentando apropiarse de una motocicleta y posteriormente destruirla al no conseguirlo, luego de una represión durante las protestas por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho (30/12/22) o cuando emplearon gases lacrimógenos discrecionalmente contra una embarazada y una adulta mayor durante los conflictos cocaleros en Villa Fátima (23/08/22).
En el caso de militares, se registran las denuncias de irregularidades en las listas de ascensos al grado de general realizadas por los propios miembros de las FFAA (10/02/2022) o casos de corrupción que involucran a oficiales militares.
Si quiere leer y conocer más sobre los casos registrados en el Informe de Situación del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, en el que se identifica un total de 768 vulneraciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica, a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos cometidas, puede ingresar al siguiente enlace https://redunitas.org/download/informe-de-situacion-2022/
