De izquierda a derecha: Jeannete Alfaro, Waldo Albarracín, Maggy Talavera y Carlos Derpic durante la presentación de la institución y del informe. Foto: Sumando Voces
El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, se declaró emocionado por haber comparecido ante el público en La Paz luego de cuatro años de ausencia. Su reaparición se produjo este martes en un evento en el que presentó la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos, una nueva organización de la sociedad civil, y dio a conocer el primer informe de investigación sobre detenidos y perseguidos políticos durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce (2008-2024).
El reporte indica que en Bolivia hay 347 perseguidos políticos, de los cuales, 64 son víctimas del gobierno de Morales, 16 del gobierno de Añez y 267 del gobierno de Luis Arce. Según dijo Albarracín, se trata de un número “mínimo” porque podrían ser más.
Insistió que la institución que ahora dirige no pretende ser opositora ni oficialista y que tiene una mirada plural del tema de los derechos humanos. De hecho, uno de los datos contenidos en el informe indica que 97 víctimas de persecución política proceden del gobierno central (MAS) y Albarracín aclaró que no se trata de acusados de corrupción o de delitos comunes, sino de aquellos que disienten con el gobierno y que no se han prestado a “abusos y atropellos”, del Gobierno. 126 perseguidos son civiles, 53 pertenecen a organizaciones cívicas, 48 a organizaciones sociales, 12 son de gobiernos locales y 11 no están especificados, haciendo un total de 347.
El informe precisa que de los 347 perseguidos políticos, 179 son detenidos políticos, prácticamente todos del gobierno de Luis Arce.
Según el reporte, de los 347 perseguidos, 104 están en libertad, 82 están con detención preventiva, 76 con detención domiciliaria, 21 tienen sentencia y tres han fallecido, entre ellos el exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo. De otros 61 no existe información oficial.
La primera constatación del informe es que en Bolivia hay “ausencia de independencia de poderes” y eso, según Albarracín, “no es patrimonio exclusivo del MAS”.
“Todo lo que estoy diciendo es sinónimo de debilitamiento de la institucionalidad democrática”, dijo. Y, explicó que la consecuencia es la indefensión ciudadana, que a su vez, acarrea vulneración de derechos.
Otro de los vicios es el excesivo uso de la detención preventiva y ahora, además, la figura del juicio abreviado, por la que se obliga a algunos ciudadanos inocentes a declararse culpables para obtener su libertad, señaló.
Las tipificaciones a las que se recurre son la asociación delictuosa, destrucción de bienes del Estado, destrucción y daño al patrimonio, terrorismo, entre otros, con la “intención manifiesta de criminalización de la disidencia mediante figuras penales ambiguas, que permiten la persecución”.
El informe fue comentado por la periodista Maggy Talavera y el abogado Carlos Derpic.
Talavera dijo que ningún gobierno, desde la década de los 80, se ha ocupado de construir un sistema democrático sólido, que todos han querido controlar los poderes del Estado y que ninguno ha respetado la independencia de los mismos.
Pero, dijo, lo que más llama la atención es la indiferencia de la gente, que no pasa de quejas, comunicados, o pequeñas protestas. “Nos vamos acostumbrando a estas prácticas que se van perfeccionando”, dijo.
Derpic, por su parte, indicó que el Órgano Judicial se ha convertido en un “instrumento represivo del Estado”, lo que no sucedía en gobiernos dictatoriales porque entonces eran los militares los que cumplían esa función.
Destacó que sea un informe plural porque incluye, entre los perseguidos, a figuras del MAS como es el caso de Wilma Alanoca, entre otros.
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