Editorial Sumando Voces
Entre marchas y flores, ha transcurrido otro 8 de marzo en Bolivia. La fecha es oportuna para recordar que la vida y la seguridad de muchas mujeres sigue en riesgo por la violencia machista, tal como establecen las cifras oficiales: alrededor de 50 mil denuncias anuales por delitos relacionados con la Ley 348 y una cifra de feminicidios que supera las 80 víctimas cada año.
La situación es de preocupación no solo en Bolivia, sino en el exterior, tal como quedó reflejado en el último Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizado el 21 de enero de este año, en el que Bolivia recibió más de 50 recomendaciones de un número similar de países para garantizar los derechos de las mujeres.
Las principales recomendaciones tienen que ver con la modificación de la legislación boliviana sobre violencia sexual para alinearla a estándares internacionales, el acceso a la salud sexual y reproductiva, aplicación efectiva de las leyes contra la violencia, medidas para reducir la mortalidad materna, acciones para erradicar el matrimonio infantil, brindar oportunidades para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre otros aspectos.
El primer punto -la adecuación de la norma boliviana a criterios internacionales- se refiere a una recomendación que emergió, en primera instancia, de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Angulo Losada contra el Estado, en el que se obliga a Bolivia a introducir en el Código Penal la ausencia de consentimiento como causal de violación y la eliminación del estupro para que esa figura sea procesada como un caso de violación. Esta demanda y otras fueron promovidas por la sociedad civil de Bolivia antes del EPU.
El segundo punto, referido al acceso a la salud sexual y reproductiva, parte de la preocupación por el alto índice de embarazos de niñas y adolescentes, por lo que diversos países recomendaron a Bolivia trabajar en políticas destinadas a reducir esta prevalencia.
Varios representantes de países que hicieron recomendaciones sobre temas de género destacaron las leyes bolivianas en favor de las mujeres e incluso los planes de despatriarcalización del Gobierno, pero enfatizaron que se debe trabajar en su adecuada implementación.
Por ejemplo, la representación de los Países Bajos, sugirió a Bolivia que redoble la mejora de la aplicación de la ley 348 aprobando protocolos especializados y ofreciendo formación para el personal encargado de ocuparse de las víctimas de violencia de género sobre todo las víctimas de trata de seres humanos.
En la misma línea, Suiza recomendó reforzar los mecanismos de prevención de la violencia que sufren las mujeres formando y sensibilizando a los funcionarios de conformidad con la ley 348, mientras que Brasil sugirió redoblar las medidas de prevención y combate a la violencia de género mediante la asignación de recursos suficientes para implementar las políticas y normativas y la capacitación de los funcionarios encargados de investigar y juzgar los casos, priorizando la protección y la no revictimización de las víctimas.
Durante el más reciente EPU, un mecanismo que se repite cada cuatro años y medio, Bolivia recibió un total de 275 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, de las cuales, más de 50 están relacionadas con las mujeres, lo que habla de un problemática aún pendiente en Bolivia.
En ese marco, el ruido de las marchas del 8 de marzo es un ruido necesario en los oídos y en la conciencia de la sociedad. Sin embargo, ya se ha hecho costumbre que tras esta fecha se desate una ola de hostilidad contra los movimientos feministas en las redes sociales, a los que se acusa de provocar destrozos en las ciudades durante las marchas que exigen un alto a la violencia e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Ninguna violencia puede ser justificada, pero unos vidrios rotos no se comparan a las vidas rotas por la violencia de género que si debieran resonar en todos y todas.
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