Evo Morales. Foto: Revista Fortuna
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) emitieron un pronunciamiento en el que rechazan las «conductas intolerantes» contra los periodistas. El comunicado se da luego de que el expresidente Evo Morales diera por finalizada, de manera abrupta, una entrevista con dos periodistas del medio internacional Bloomberg. Asimismo, expresaron su preocupación por la vulneración a la libertad de expresión y de prensa en el contexto de las tensiones político-partidarias.
«Rechazamos este tipo de conductas intolerantes y exhortamos a los actores políticos y precandidatos a la presidencia de Bolivia, así como a las personas que forman parte de sus equipos de comunicación a mantener, promover y garantizar una actitud democrática en el trato que tienen con los periodistas, cuando estos están concentrados en desarrollar su labor de informar a la población», establece el texto.
En días pasados, Morales dio por finalizada de manera abrupta una entrevista con dos periodistas de Bloomberg y exigió a uno de ellos que entregue su celular para confirmar que no continuaba grabando su inesperada reacción ante la insistencia de los reporteros de una respuesta sobre cuáles serán las acciones que adoptarán en caso de no ser habilitado como candidato. El hecho ocurrió en la localidad de Lauca Ñ, en la región del Trópico de Cochabamba.
En el pronunciamiento, las asociaciones recuerdan las normativas vigentes que protegen y garantizan la libertad de expresión. «Recordamos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 31 de agosto de 2004 considera ‘indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán el Estado’, además de que el preciso ‘cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar».
Finalmente, demandan garantías de los actores políticos para el desempeño de las labores periodísticas y exigen a las autoridades electorales «vigilar el estricto cumplimiento de la normativa constitucionalmente protegida y que consagra en la ley electoral el derecho a la libertad de expresión sin censura previa».
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