Escena del crimen del caso asesinato del capitán Aldunate en Santa Cruz. Foto: RRSS
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) denuncian que la aprehensión de trabajadores de la prensa durante la cobertura periodística del caso del capitán asesinado sólo acentúa la desconfianza en la Policía. En ese sentido, expresaron su preocupación y a la vez su solidaridad con sus colegas.
«Consideramos que la medida adoptada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen fue desmedida, provoca una sensación de inseguridad y puede derivar en miedo y autosensura en el ejercicio del periodismo, con el riesgo de dejar sin información a la población», refiere el pronunciamiento.
El 19 de febrero, el periodista Percy Suárez, de la red ATB, y el camarógrafo Walter Chama, de Red Uno, fueron aprehendidos durante la cobertura de prensa del asesinato del capitán de Policía, Juan Carlos Aldunate, en su domicilio en Santa Cruz. El reporte policial indica que uno de los trabajadores de prensa usaba un dron para sobrevolar la escena del crimen, mientras que el otro sobrepasó el precinto de seguridad de la Policía, razón por la que inicialmente fueron aprehendidos.
Las asociaciones de prensa señalan que, si bien la Policía tiene la responsabilidad de resguardar la cadena de custodia en la investigación del crimen, el gremio periodístico cumple un papel fundamental en la vigilancia y escrutinio de la labor pública. En ese sentido, invocaron el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de buscar, recibir y difundir información.
La ANPB y APSC indican que el desconocimiento sobre la actividad y las funciones que deben cumplir cada una de las partes derivó en una sanción desproporcionada por traspasar el cordón de seguridad de la escena del crimen. «La relación de colaboración que debe darse entre la prensa y la Policía se ve empañada por actuaciones desproporcionadas que alimentan la desconfianza y los prejuicios entre los roles que desempeña cada una de las partes. En su tarea de hacer cumplir los procedimientos establecidos, la Policía no puede vulnerar la misión de la prensa de informar de manera oportuna sobre hechos de interés general», apunta el pronunciamiento.
Enfatizan en que es urgente una comunicación asertiva para evitar que la prensa obstruya el desarrollo de los procedimientos policiales o que la Policía imponga limitaciones al libre ejercicio de la labor informativa de periodistas y medios de comunicación. Asimismo, recordaron que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado que los funcionarios públicos deben propiciar un ambiente adecuado para el ejercicio del periodismo.
Finalmente, advirtieron que la creciente presencia de grupos criminales ligados al narcotráfico en el país se tornan preocupantes, por lo que demandan celeridad en las investigaciones y transparencia en la información.
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