Héctor Córdova (izq) y José Carlos Solón, expusieron aspectos técnicos de los contratos del litio en el programa Sumando Voces En Directo.
La regalía del 3% establecida para el litio, además de observaciones financieras de fondo al contrato de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) con la china CBC, llevaron a especialistas que participaron del programa Sumando Voces en Directo, el jueves pasado, a proponer una nueva legislación marco, antes de aprobar los contratos del litio.
Estuvieron presentes los expertos Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo; y José Carlos Solón, de la Fundación Solón; además del especialista Alfredo Zaconeta, quien hizo llegar su punto de vista a través de un punteo escrito.
Los tres consideran que la regalía para el litio es muy pequeña, por lo que sugieren cambiar la normativa, la que además debería establecer un marco general. Sería como “rayar la cancha”, señala Solón.
Córdova explica que el Código 1777, de 1997, establece regalías variables para los metales en función a la cotización internacional, salvo para el litio, para el que se estipula una regalía única del 3% “cualquiera sea la cotización internacional”.
Esto, según el especialista, “es grave” porque con el 3% “la cantidad de dinero que recibe la región es verdaderamente pequeña”. Indica, por ejemplo, que el Estado tendría que pagar 1.700 dólares a CBC por cada tonelada únicamente por el uso de su tecnología, mientras la región recibiría solo 300 dólares por cada tonelada, en caso de que la cotización internacional del litio siga siendo 10 mil dólares.
“La relación no es coherente y la cantidad de dinero que va a recibir la región es verdaderamente pequeña. Estamos hablando de 3 millones de dólares por año que para el desarrollo del departamento de Potosí y de la región no son realmente significativos ni importantes”, alerta Córdova.
Solón agrega que, además de eso, el 85% de la regalía se destinará al departamento productor y sólo 15% quedará para el municipio. Por ejemplo, dice, “por cada 100 pesos, la regalía es 3 pesos, lo que le va a llegar a los municipios sería 45 centavos”.
Héctor Córdova indica que, si bien es fundamental la definición de un sistema de regalías, que tiene que ser mucho más beneficioso para la región, señala que hay que tomar definiciones sobre varios aspectos, por ejemplo, si el país se quedará en la exportación de materia prima (carbonato de litio) o avanzará a la industrialización. “Si decidimos quedarnos en la exportación de carbonato de litio, no tiene por qué estar este proyecto dentro de Hidrocarburos, tiene que pasar al sector minero”, señala.
“Y si nos vamos a quedar en este nivel para favorecer la participación privada, es necesario cambiar la Ley para que se le permita a YLB asociarse con empresas privadas desde la extracción de la salmuera, no como se está haciendo con estos contratos, forzando la situación legal normativa para habilitarnos a la firma de estos contratos”, aconseja.
El especialista Alfredo Zaconeta sugiere la aprobación de una Ley de Evaporíticos, no solamente para el litio, de tal manera que se puedan aprovechar otros recursos mineralógicos del Salar.
Señala que “solo la aprobación de esta Ley de Evaporíticos permitirá sentar las bases para que cualquier contrato o convenio tenga reglas claras, además otorgue un justo porcentaje de pago de regalías que sea igual o superior al 10%”.
En la misma línea, Solón sugiere primero “limpiar la casa” y opina que la Asamblea “no debería aprobar estos contratos”.
Las observaciones al contrato con CBC
La primera observación planteada por Héctor Córdova al contrato con CBC tiene que ver con el precio del litio en el mercado internacional, que ronda los 10 mil dólares, mientras el contrato se calcula una cotización mínima de 13.430 dólares.
“El otro aspecto inseguro diríamos es que los dos contratos están sujetos a que funcione o no la tecnología que están trayendo las empresas extranjeras”, señala.
Y otra observación es que Bolivia se hace deudora de una gran cantidad de dinero, concretamente, de 1.030 millones de dólares por el costo de la inversión, a lo que habría que agregarle el 12% de interés, que podría “ser más alto” porque el anexo financiero deja abierto el porcentaje final.
Córdova señala que, si bien en todos los contratos firmados con empresas extranjeras se consigna una recuperación del capital por parte de los inversiones, “es la primera vez que veo los intereses”.
Córdova pone un ejemplo. “Es como si yo contratara una un albañil que me ayude a construir o refaccionar un ambiente y que después que yo empiece a usar el ambiente, le tenga que pagar la mitad de mis utilidades o de mis alquileres al albañil que me ha ayudado en la construcción”, señala y agrega que “esto es exagerado desde todo punto de vista y al final la que sale perjudicada es obviamente la región”, que solo recibirá una regalía del 3%.
Ante el desmentido de parte del Gobierno respecto al interés, José Carlos Solón hace notar que en dos documentos, uno del Ministerio de Hidrocarburos y otro de YLB, está consignado el interés del 12%, mientras que en el anexo financiero también se lo menciona y se lo deja abierto a parámetros internacionales.
Otra de las observaciones de Solón al contrato con CBC es que no se consignan los costos operativos, es decir, no se sabe cuánto pagará el Estado por la operación de las plantas.
Córdova ve, además, un riesgo de penalización contra el Estado boliviano, toda vez que el contrato establece que una de las plantas debe procesar salmuera residual que queda del anterior proyecto de piscinas que había sido impulsado pro el gobierno de Evo Morales. Hay una cláusula que indica que “si YLB no alimenta con cantidad suficiente de salmuera para que CBC obtenga ganancias, CBC podrá utilizar salmuera fresca (…) lo que va a requerir cambios en la planta y esas modificaciones corren por cuenta de YLB. Es una penalización que se está haciendo a YLB”, explica.
También cita el riesgo ambiental, puesto que se extraerá el agua sin consultar a la región afectada. Dice que se va a utilizar el agua de pozos, lo que podría provocar la ruptura del equilibrio hídrico de la región porque “sabemos que la zona donde se van a poner los proyectos, no es precisamente una zona donde hay agua en abundancia”.
José Carlos Solón agrega el tema de la falta de transparencia y cuenta que no fue fácil conseguir la información de los contratos. Peor aún el anexo financiero, que es un documento de 15 páginas que “no se podía encontrar en ningún lugar” y que detalla lo que el Estado le va a pagar a CBC, incluyendo el polémico interés. Este documento “no lo han sido conocido ni siquiera los asambleístas hasta dos días antes de tratarlo en la sesión de la Comisión de Economía Plural”, revela.
Y, en cuanto a al medio ambiente, Solón hace notar que “no tenemos un estudio de evaluación del impacto ambiental”.
Sobre la empresa rusa
Solón afirma que es “un tanto más complejo”. Explica que es un contrato por 30 meses, pero dentro de ese contrato hay otros tres contratos por 20 años. Uno de ellos es de operación y mantenimiento, que establece que se contratará a la misma empresa después de la construcción; otro de comercialización que convierte a la empresa rusa en compradora preferente; y el tercero, de conciliación, que establece que un futuro contrato “determinará todo, cómo vamos a hacer los pagos, cómo va a funcionar, los intereses, los tiempos, todos esos detalles”.
“La información de estos contratos es muy es muy escueta, necesitamos mucho más”, señala.
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