Luciana B. Miranda Serrano
Tras una gestión repleta de escenarios críticos para el país, la minería toma protagonismo este año, con su particular capacidad de arrasar con todo y con todos.
Tan solo ha pasado un mes del 2025 y los efectos devastadores de la minería nos demuestran que detrás de ella hay más que solamente el movimiento económico; y mucho más que el daño ambiental severo que provoca.
Entonces, ¿será posible que el desarrollo económico de un país sea el único motivo por el que la minería parezca ser una actividad que no contempla límite alguno? Lo cierto es que el sector minero ha tomado ventaja de las consideraciones hechas en nombre de una lucha y del desarrollo económico. El gobierno también ha decidido avalar la actividad minera ilegal, que además no cumple con los requisitos ambientales obligatorios y, por el contrario, protagoniza prácticas violentas para mantener sus actividades. Todo ello en nombre de un modelo económico insostenible a largo plazo.
Por otro lado, encontramos casi a diario reportes de diferentes zonas del país donde se está ejerciendo actividad minera y con ella, diferentes consecuencias para el medio ambiente, para las personas y las fuentes elementales de vida.
Como principal efecto de la minería, tenemos la severa contaminación que genera, a partir del uso de mercurio y combustibles para la explotación. Otro efecto es la deforestación y el desvío de ríos, pues tiende a expandirse más arrasando con todo aquello que se interpone en su camino. Y finalmente, el efecto menos visible o perceptible para aquellos que no lo sufren, es la manera tan atroz que tiene de menoscabar formas de vida de las comunidades, que para sobrevivir deben migrar de un lugar a otro, cambiar sus sistemas de vida y enfrentarse al amedrentamiento por oponerse a esta actividad.
Como uno de los ejemplos de lo mencionado previamente, tenemos las inundaciones alrededor del país, mismas que han sido foco de atención y motivo de preocupación. En ese sentido, el alcalde del municipio de Tipuani, Fernando Vera Chambi, expresó lo siguiente: “Como autoridad hemos hecho todo lo que se puede, pero esto va mucho más lejos, necesitamos ayuda del Estado central. Siempre pidiendo al Estado central su intervención y sus buenos oficios dentro de nuestro municipio de Tipuani, que no nos abandone, porque si no cambiamos la vida o la responsabilidad del trabajo minero, vamos a ocasionar la desaparición de todos nuestros pueblos.”
También tenemos el caso de los comunarios de Totoral Chico, quienes denuncian el avasallamiento de sus tierras por parte de una empresa minera. Y, por cierto, al respecto de dicha empresa, su representante, Iver Huaylla, mencionó que “la consulta previa es solo por cumplir”; pudiendo concluir que no es más que un formalismo para los actores productivos mineros, quienes de todas formas ejercerán sus actividades.
Todos estos escenarios son realidades de múltiples comunidades del país, que son ubicadas en segundo plano frente al movimiento económico que genera esta actividad. Entonces, ¿hasta qué punto podemos justificar el ejercicio irrestricto de la minería, a costa de la supervivencia de las personas y el cumplimiento de las normas?
Finalmente, parece que no nos basta con las noticias que se publican, o la constancia alarmante con la que se nos informa sobre los efectos de la minería, para darnos cuenta de la brutalidad de sus efectos y la necesidad de frenar, verdaderamente, su ejercicio irrestricto.
–0–
Luciana B. Miranda Serrano es integrante del colectivo de defensores de Derechos de Chuquisaca, investigadora y estudiante de Derecho
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
