Conteo de votos de las elecciones judiciales de 2024. Foto: TSE
ANF
En las tres elecciones judiciales que se realizaron en el país desde 2011 hasta este domingo 15 de diciembre, el Estado gastó un total de Bs 429.711.725 para los procesos eleccionarios. Sin embargo, la crisis de la justicia no fue resuelta, al contrario, diversos actores de la sociedad consideran que fueron un fracaso al no contar con autoridades idóneas.
El analista en temas electorales Paul Coca, en contacto con la ANF, consideró que el sistema de elección de los magistrados fracasó, tomando en cuenta el hecho de que al seleccionar la Asamblea Legislativa a los postulantes a magistrados es una manera de politizar el proceso.
“Se nos dijo que con este sistema de elección se iba a acabar la corrupción e íbamos a tener una justicia de primera, pero no fue así. El solo hecho de que persista la figura de que el poder político, la Asamblea Legislativa, elija a los candidatos, los ponga en dos papeletas y le digan la población que vote por esos candidatos, hace que sea un fracaso de por sí y desde su inicio”, afirmó.
Este domingo se llevaron a cabo las elecciones judiciales de manera parcial, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró desierta la elección en la instancia legislativa en los departamentos de Beni y Pando, mientras que para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue en Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
Una elección que no sirve
Al respecto, la responsable de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia), Sandra Verduguez, aseguró que esta modalidad de elección no es la mejor y no sirve, ya que los candidatos fueron preseleccionados por los legisladores, etapa que fue cuestionada y observada por las irregularidades que se presentaron.
“Todos sabemos que esta forma de elegir a los altos cargos de la justicia no es la mejor, el hecho de que el ciudadano se sienta participe al ir a elegir a su candidato puede dar la sensación que estamos en democracia. Pero debemos tomar en cuenta que estamos eligiendo a candidatos que han sido preelegidos en la Asamblea y esa etapa no fue buena, no hubo independencia y fue muy cuestionada”, manifestó.
Los recursos
Las justas electorales de esta gestión fueron las más costosas, tomando en cuenta que el Gobierno destinó Bs 204.711.725 para elegir a solo 19 magistrados, pues se desarrolló de forma parcial. El proceso inició con retraso de un año, con varias observaciones al proceso de preselección y torpedeado con recursos judiciales.
Inicialmente estaba previsto un presupuesto de Bs 183 millones, pero a través de un Decreto Supremo 5217, en agosto de esta gestión, se autorizó al Órgano Electoral incrementar las subpartidas de «Consultorías por Producto» en Bs 2.612.000 y la contratación de «Consultores Individuales de Línea» por Bs 19.099.725.
Para las elecciones de 2017 se destinó un presupuesto de Bs 125 millones, la jornada de votación se desarrolló el 3 de diciembre , en la que se eligió a 26 autoridades titulares e igual número de suplentes del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque el porcentaje de los votos nulos totales (57%) fue proporcionalmente más que los votos válidos totales (35,02%) con los que se eligieron esas autoridades, y los votos blancos totales representaron el 13,64%.
En las justas electorales de 2011, se destinó Bs 100 millones y por primera vez se llevó a cabo la elección el 16 de octubre de ese año; en esa oportunidad se eligió a 24 autoridades. En esa primera elección el porcentaje de votos nulos fueron ligeramente mayores a los válidos, con 42,60% y 42,34%, respectivamente.
Reforma
Por otra parte, Coca consideró que debe existir una reforma a la Constitución vía referendo para cambiar la modalidad de selección de magistrados; espera que el próximo gobierno pueda realizarlo y eso permita un cambio estructural en la administración judicial.
“Entonces, este sistema ya hace tiempo no sirve, nunca sirvió y lamentablemente es el que está en la Constitución. Su cambio tiene que ser a través de una reforma constitucional y eso implica una modificación constitucional vía referendo, caso contrario, seguiremos con este sistema de administración de justicia”, advirtió.
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