Presentación de informes ante misiones diplomáticas en Bolivia y organismos internacionales. Fotos: Rodolfo Huallpa
La mañana de este 1 de octubre, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron informes alternativos ante las misiones diplomáticas en Bolivia y organismos internacionales, como parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este examen evalúa el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos por parte de los Estados miembros. En ese sentido, los informes elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos tienen como objetivo poner en evidencia la situación actual de Bolivia en temas claves como la libertad de expresión, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Las organizaciones no sólo presentan sus informes, sino que proponen recomendaciones específicas que están dirigidas al Estado boliviano, con el objetivo de mejorar sus políticas públicas y que se garantice el respeto de los derechos fundamentales. Además, buscan que la comunidad internacional ejerza presión para que el Gobierno implemente cambios estructurales que favorezcan el bienestar de sus ciudadanos.
Para presentar los informes, las organizaciones fueron agrupadas en cuatro paneles: el primero estaba referido a las libertades fundamentales y el acceso a la justicia; el segundo estaba relacionado con los derechos sociales, culturales y ambientales. El tercero estaba vinculado a los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ ; y el cuarto tenía que ver con los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Entre las instituciones que presentaron su informe destaca la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS). En ese marco, la coordinadora del Programa Defensores y Defensoras de Derechos, Claudia Terán, afirmó que, con base en datos del Observatorio de UNITAS, la situación de vulnerabilidad de periodistas se mantiene como motivo de alta preocupación.
«Sólo entre 2021 y 2023 se registraron 412 vulneraciones a este sector. Las principales violaciones incluyen agresiones físicas, psicológicas, amenazas, impedimento de acceso a la información y falta de protección desde el Estado. Durante los registros de los últimos cuatro años, la libertad de prensa se mantuvo como la segunda categoría más vulnerada después de la institucionalidad democrática», dijo Terán.
Fue enfática al señalar que los periodistas se constituyen en el grupo con más violaciones de derechos, pues existe mucha impunidad en los casos relacionados con la libertad de prensa.
Acotó que los medios independientes enfrentan asfixia económica a través del bloqueo publicitario, sufren hostigamiento en redes sociales, y tensión política y judicial. Asimismo, las condiciones laborales del sector continúan siendo precarias.
Por ello, piden que las misiones diplomáticas en Bolivia, así como los organismos internacionales, recomienden al Estado boliviano que implemente un mecanismo integral de protección para periodistas, el cual debería contemplar la participación de la sociedad civil garantizando su independencia y su capacidad para responder a las violaciones de derechos. También aseguran que se debe investigar y sancionar a los agresores de periodistas, y asegurarse que ejerzan su libertad de expresión sin intimidación.
Otra de las recomendaciones es que el Estado apruebe una legislación que garantice el acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos que faciliten la rendición de cuentas. También, que adopte medidas efectivas en materia de acceso a la información, pero además en participación pública, acceso a la justicia, protección de defensoras y defensores en el marco del cumplimiento del acuerdo de Escazú, que fue ratificado por Bolivia.
Respecto al derecho a defender derechos, Terán indicó que entre 2021 y 2023 se documentaron 128 casos de vulneraciones, sin embargo, hay otra cantidad de violaciones que no son registradas. En ese sentido, recomienda que se ponga en marcha un mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos, brindando protección adecuada en situaciones de riesgo, con énfasis en mujeres defensoras.
Sobre libertad a reunión pacífica y derecho a la protesta, la representante de UNITAS recomendó prevenir el uso excesivo de la fuerza e investigar de manera independiente e imparcial todos y cada uno de los casos. Entre 2021 y 2023 se registraron 705 vulneraciones en esta categoría, la mayoría están relacionadas con la acción violenta de la policía en manifestaciones, pero además se suman cada vez más los registros relacionados con ataques de los denominados grupos de choque.
«Nuestras recomendaciones son evitar el uso desproporcionado de la fuerza, además investigar eficientemente y sancionar las agresiones cometidas tanto por agentes estatales como por grupos de choque», añadió.
Puede ver las exposiciones de las organizaciones en el siguiente video:
Al finalizar el evento, la directora ejecutiva de la Red UNITAS, Mila Reynolds, manifestó que este momento es crucial para que cada país eleve su voz en apoyo de los derechos humanos y sugiera medidas concretas para que el Estado de Bolivia pueda adoptar medidas para mejorar la situación actual.
«Confiamos plenamente en que las delegaciones aquí presentes transmitan nuestras inquietudes a sus respectivas sedes, y que este cuarto ciclo del EPU en el que Bolivia debe ser examinada, las propuestas y preocupaciones sean consideradas y debatidas con la seriedad que merece», expresó.
Finalmente, dijo que, como sociedad civil, continúan en la labor incansable de monitorear, promover y exigir el cumplimiento de los derechos humanos en Bolivia, sin embargo, ese trabajo se hace en un entorno cada vez más restrictivo, desde la falta de información hasta la criminalización por la labor de los defensores de derechos y periodistas.
«A pesar de todas estas dificultades nuestra determinación está presente, seguimos trabajando con este firme propósito de fortalecer los derechos fundamentales, apoyados en principios democráticos y por supuesto en el estado de derecho (…) Para enfrentar estos desafíos de manera efectiva las alianzas son esenciales, pues no sólo nos permiten fortalecer nuestras capacidades como organizaciones, sino también crea un frente común en defensa de los derechos humanos», puntualizó Reynolds.
El Examen Periódico Universal es un proceso que se lleva a cabo cada cuatro años y medio, durante el cual se realiza una revisión exhaustiva de la situación de los derechos humanos en cada país miembro de la ONU. En Bolivia, este mecanismo ha generado importantes debates sobre los avances y desafíos en la protección de los derechos humanos.
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