La denominada “Agenda Patriótica 2025”, que convoca a ampliar la frontera agrícola de manera sustancial hasta lograr 13,5 millones de hectáreas cultivadas como medio para lograr un incremento de la producción agropecuaria para la exportación, se propone en los hechos promover un tercer ciclo de apoyo estatal a la expansión de la agropecuaria capitalista y de la agroindustria en las tierras bajas del país, esta vez bajo la dirección del gobierno del MAS.
En consecuencia, no se trata de una propuesta coyuntural, sino de la continuidad de una política estatal que con diferentes matices tuvo el mismo fin y dos periodos previos: el que se inauguró hacia 1953 a partir de cultivos como la caña de azúcar, arroz y maíz, y que territorialmente se concentró en el norte cruceño; y el que se inició con el neoliberalismo en 1985 a partir de la introducción de cultivos oleaginosos como la soya, que incentivó la expansión de la frontera agrícola hacia el este de Santa Cruz.
Y si bien el gobierno del MAS sigue promoviendo la expansión de la agroindustria en este departamento hacia la Chiquitanía y otras provincias, como Guarayos, este tercer ciclo presenta algunas características que lo diferencian de los anteriores pues contempla la producción agrícola para la producción de biocombustibles, la introducción de transgénicos, la exportación de carne bovina y la expansión de la agroindustria hacia la Amazonía boliviana; es decir, hacia el norte del departamento de La Paz y a los departamentos de Pando y Beni.
A diferencia de lo que acontece en el norte paceño, donde ya se ha iniciado la presencia de la agroindustria a través del Ingenio Azucarero San Buenaventura, y de lo que ocurre en Pando, donde la gobernación viene desarrollando una serie de proyectos destinados a la producción de granos y de pastos cultivados para la ganadería, en el caso del Beni, la principal política pública orientada a sentar las bases para un mayor desarrollo de la agricultura de granos y de la producción de carne para la exportación se ha centrado, por el momento, en la elaboración y aprobación del nuevo Plan de Uso del Suelo (PLUS) de ese departamento.
Los promotores para del cambio del PLUS departamental sostienen que el Beni presenta el ingreso per cápita más bajo entre todos los departamentos del país, como consecuencia de una economía que —salvo la actividad castañera localizada al norte del departamento— depende fundamentalmente de una ganadería extensiva de muy baja productividad practicada mayoritariamente en pastizales naturales. Esta situación es atribuida a un PLUS que, aprobado en 2002, habría limitado seriamente la agricultura intensiva a gran escala, frenando la producción agrícola y el cultivo de pastos como base para una transformación de su ganadería.
Efectivamente, hacia fines de los años noventa, la actividad ganadera beniana sufrió un estancamiento y se profundizó una nueva división del trabajo en la ganadería de las tierras bajas, con la especialización del Beni en la cría de ganado y del departamento de Santa Cruz como espacio geográfico de recría y engorde de su propio ganado y de aquel proveniente del Beni.
Este escenario es el que ha llevado a los ganaderos benianos a plantearse la necesidad de modernizar su producción ganadera de carne y la constitución de un complejo cárnico orientado a la exportación, a objeto de retener excedentes que, por la división del trabajo anotada, son apropiados por fuera del departamento. En esta perspectiva, el desarrollo de la producción agrícola de granos —fundamentalmente de soya— se concibe como el complemento necesario para lograr tales fines.
Este planteamiento de los ganaderos benianos se vio reforzado con la posición del gobierno de Evo Morales que, a partir de 2015, se propuso incrementar la producción agrícola y ganadera de exportación sobre la base de la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía boliviana. En este sentido, el nuevo PLUS del Beni es concebido por los ganaderos y por el gobierno del MAS como el instrumento que permitirá avanzar en esta dirección.
Es importante señalar que, si bien el nuevo PLUS del Beni se convierte en la base jurídica para promover este proceso, en este departamento ya existen zonas donde se ha iniciado una importante expansión de la producción de granos con base en una producción mecanizada de arroz y soya. Estas zonas, que se convierten en una suerte de áreas de expansión de este tipo de cultivos desde Santa Cruz, se sitúan en el tramo de la carretera que une la capital cruceña con Trinidad; es decir, la provincia Marbán y la provincia Cercado que, en los próximos años, seguramente incrementarán su importancia productiva. Buena parte de las tierras identificadas por el nuevo PLUS para uso intensivo agrícola se sitúan justamente en este corredor.
Información periodística reciente da cuenta de la presencia de cultivos de soya en la provincia Mamoré y la producción de caña de azúcar en el municipio de Reyes para el abastecimiento del Ingenio Azucarero San Buenaventura. Asimismo, la introducción de pastos cultivados en todas las provincias benianas permite inferir que el departamento se orienta hacia una ganadería más intensiva.
El sector agroempresarial beniano considera que el modelo de desarrollo agropecuario que debe seguir el Beni es el cruceño. En este sentido, se debe recordar que esta experiencia implicó un fuerte apoyo estatal en varios ámbitos relacionados directa e indirectamente con la producción agrícola y ganadera (infraestructura vial, asistencia técnica y financiera, entre otros), así como también importantes inversiones realizadas por los propios productores agropecuarios. A pesar de ello, a Santa Cruz le ha llevado más de medio siglo producir la mayor parte de la producción de granos y otros cultivos industriales como la caña de azúcar y situarse como el principal oferente de carne para el consumo interno y la exportación.
Sin embargo, la experiencia cruceña también demuestra que los incrementos de la producción agrícola y ganadera se han dado a costa de una expansión desmedida de la frontera agrícola, la misma que con la complicidad de los distintos gobiernos abarca también tierras que no son aptas para la producción agrícola y el cultivo de pastos, pues las mismas tienen vocación forestal. Este modelo ha implicado también un proceso de concentración de tierras con efectos de desposesión de tierras de comunidades campesinas y territorios indígenas, así como la introducción de actividades agropecuarias en áreas protegidas.
El Beni, ¿estará dispuesto a pagar estos costos sociales y ambientales u optará por una producción agropecuaria sostenible, es decir, en tierras aptas para ello y privilegiando la productividad antes que la expansión de la frontera agrícola como medio para incrementar tanto la producción para el mercado interno y la exportación? El debate está abierto y los actores locales deben expresarse al respecto.
Enrique Ormachea Saavedra es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
