El Informe de Situación 2023 del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS refleja que las dos formas más recurrentes de vulnerar a la libertad de asociación en Bolivia son, primero, a través de la obstrucción indebida del funcionamiento de una organización o, segundo, de la suplantación o división de ésta.
Según los datos del informe, son 61 casos de vulneración a la libertad de asociación que se produjeron en 2023, de los cuales, 48 tienen que ver con la tipología Obstrucción indebida del funcionamiento de una asociación (79%), siete con la Suplantación y/o división de una organización (11%) y otros casos relacionados a estigmatización y obstrucción a la libre determinación de sus estatutos.
En comparación con 2021, los casos de vulneración a la libertad de asociación se incrementaron cuatro veces, de 15 en ese año a 61 en 2023. Con relación al año 2022, los casos subieron en 13%, de 53 a 61.
Sobre los casos de Obstrucción indebida del funcionamiento de una asociación, el informe precisa que, según una Consulta Nacional realizada a decenas de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el marco legal y regulatorio del país “no facilita la formación, registro y funcionamiento” de las OSC, siendo éste «obligatorio, complejo, largo, costoso y se debe realizar periódicamente», además que la legislación relativa a las organizaciones de la sociedad civil contiene «prohibiciones imprecisas».
“En Bolivia, desde 2013, existen condiciones restrictivas y vulneratorias para el derecho a la libertad de asociación, especialmente para organizaciones no gubernamentales, entidades sin fines de lucro y fundaciones. La Ley Nº 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas y el Decreto Supremo N° 1597 exigen que estas organizaciones ajusten sus estatutos a los objetivos gubernamentales, con sanciones severas en caso de incumplimiento”, destaca el informe.
Pero las obstrucciones al funcionamiento se dan, también, por “obstáculos administrativos” identificados en la renovación de documentos esenciales y sanciones tributarias como parte de los intentos de regulación para combatir la corrupción u otros ilícitos.
“Estas limitaciones erosionan la democracia y restringen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, requiriendo acciones del Estado para poner fin a prácticas indebidas y garantizar la libertad de asociación”, se lee en el Informe de Situación 2023.
Con relación a quiénes son vulnerados en su derecho a la asociación, están las organizaciones no gubernamentales (82%), organizaciones sociales (6%), organizaciones que se declaran específicamente como defensoras de derechos (7%) y poblaciones indígenas (5%).
Con relación a los casos de suplantación o división de una organización, resaltan aquellos que tienen como afectados a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuyas agresiones han sido “premeditadas” y reflejan “impunidad sistemática”.
Pero no sólo es la APDHB, el informe cita también los casos en que organizaciones sociales como los interculturales, las bartolinas o trabajadores campesinos han sido fraccionados por las dirigencias del MAS del lado evista y arcista, que deriva en que éstas vayan “subsumiendo los intereses colectivos de sus representados a aquellos de las dirigencias cooptadas y del partido de gobierno”.
“La respuesta del Estado, al mostrar aquiescencia, expone la violación a los principios democráticos que deberían regir su funcionamiento. En última instancia estos hechos demuestran la instrumentalización tanto de las organizaciones sociales como de la propia institucionalidad del Estado, para servir a agendas políticas específicas e intereses particulares”, observa UNITAS.
El pasado martes en la ciudad de La Paz se presentó el Informe de Situación 2023 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, una herramienta que visibiliza el estado de situación de las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia, cuya finalidad es la exigibilidad de derechos.
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