La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron la acción interpuesta por el abogado Jhasmani Torrico, sentenciado por secuestro y tortura, que solicitó a la jueza Sofía Camacho conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información para el inicio de un proceso por “difamación, calumnia e injuria”. La jueza de sentencia penal de Cochabamba accedió a tal petición.
Ambos gremios periodísticos rechazaron el accionar de la justicia y lamentaron que a través de esta solicitud se ignore la “vigencia la Ley de Imprenta, que establece el Tribunal de Imprenta como la jurisdicción especializada en estos casos de libertad de expresión”.
A juicio de ambas organizaciones, esta acción busca “intimidar, amenazar y silenciar a periodistas”, pero además de ello también “lesionar la libertad de expresión”, porque induce a la autocensura y limita la información.
“Es repudiable que su aviesa pretensión sea secundada por la jueza Camacho, que no tiene competencia alguna en este caso”, menciona la ANPB y la APLP en su comunicado, respecto a la acción de Torrico, quien fue denunciado por tortura y secuestro, después de que en 2019 se filtrara un video donde se ve cómo a través de la tortura procedía al cobro de deudas.
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se pronunció sobre esta decisión judicial. “La Misión expresa su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados a un caso de interés público”, se lee en su cuenta de Twitter.
