Editorial Sumando Voces
Cada vez son más frecuentes las denuncias de comunidades campesinas que sufren violencia, despojo y reducción de sus medios de vida debido a la presencia de la minería ilegal, que avasalla sus territorios para convertirlos en fuente de enriquecimiento.
Este lunes, comunarios de Totoral Chico, del ayllu Acre Antequera de Oruro, denunciaron que seis mujeres fueron violentamente agredidas por unos 200 mineros del sindicato Avicaya, de la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva. Según los testimonios, hubo golpes, patadas, puñetes y hasta dinamitazos.
La agresión se produjo luego de que los comunarios pusieron una denuncia contra los mineros ante el Senarecom y ante la Gobernación de Oruro, pues consideran que esa actividad, al no haber cumplido con el requisito de la consulta previa, es ilegal.
Un día después, es decir el martes, comunarios de Cahua Chico, del valle de Zongo (La Paz), denunciaron que la justicia ordinaria inició acciones de persecución y criminalización contra tres jueces naturales de la jurisdicción indígena, por liderar la denuncia de la minería ilegal. A ellos se suman más de 40 comunarios que están siendo procesados por el empresario Oscar Bellota, quien encabeza una cooperativa minera en la zona que, según los comunarios, es ilegal.
Las denuncias de acoso y hostigamiento también se registran en Potosí, donde tres dirigentes de la comunidad Alcko Tambo y la abogada Angela Uzuna Bobarín están siendo perseguidos por el ingenio La Estrella con una acción judicial.
Y, ni qué decir de las comunidades indígenas del Madidi, en el norte de La Paz, que sufren la contaminación de sus ríos con mercurio debido a que los mineros lo utilizan para la explotación de oro. Incluso, hubo episodios de violencia en Apolo, donde mineros y campesinos se enfrentaron con armas de fuego.
Otro caso, aunque no se trata de minería ilegal, se registra en las comunidades del sudoeste de Potosí, que reclaman al gobierno por el uso agua en la extracción de litio, sin consulta previa. Concretamente, la comunidad de Río Grande, del municipio de Colcha K, indicó que fueron perforados 25 pozos para la extracción del agua, aunque sólo dos tenían autorización, por lo que los comunarios procedieron a tomar la planta de procesamiento de agua.
El listado de casos podría continuar, pero los señalados son una muestra palpable de que la minería está arrinconando a las comunidades campesinas y pueblos indígenas, limitando sus medios de vida y vulnerando sus derechos.
Según la Constitución Política del Estado, todos los bolivianos tenemos derecho “a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
Y, si de protección a los defensores de la naturaleza se trata, el Acuerdo de Escazú, del que Bolivia es signatario, indica en su artículo 8 que “cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Claramente, las acciones de la minería ilegal están vulnerando las normas nacionales e internacionales. Los responsables de la mayor parte de estas operaciones son los cooperativistas mineros, un poderoso sector que apoya al gobierno, que tiene a uno de sus miembros como Ministro de Minería y Metalurgia y que, por tanto, goza de protección política. Ahí puede estar la explicación de estas actuaciones impunes que dejan a las comunidades en situación de indefensión.
Comunidades arrinconadas por la minería ilegal
Cada vez son más frecuentes las denuncias de comunidades campesinas que sufren violencia, despojo y reducción de sus medios de vida debido a la presencia de la minería ilegal, que avasalla sus territorios para convertirlos en fuente de enriquecimiento.
Este lunes, comunarios de Totoral Chico, del ayllu Acre Antequera de Oruro, denunciaron que seis mujeres fueron violentamente agredidas por unos 200 mineros del sindicato Avicaya, de la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva. Según los testimonios, hubo golpes, patadas, puñetes y hasta dinamitazos.
La agresión se produjo luego de que los comunarios pusieron una denuncia contra los mineros ante el Senarecom y ante la Gobernación de Oruro, pues consideran que esa actividad, al no haber cumplido con el requisito de la consulta previa, es ilegal.
Un día después, es decir el martes, comunarios de Cahua Chico, del valle de Zongo (La Paz), denunciaron que la justicia ordinaria inició acciones de persecución y criminalización contra tres jueces naturales de la jurisdicción indígena, por liderar la denuncia de la minería ilegal. A ellos se suman más de 40 comunarios que están siendo procesados por el empresario Oscar Bellota, quien encabeza una cooperativa minera en la zona que, según los comunarios, es ilegal.
Las denuncias de acoso y hostigamiento también se registran en Potosí, donde tres dirigentes de la comunidad Alcko Tambo y la abogada Angela Uzuna Bobarín están siendo perseguidos por el ingenio La Estrella con una acción judicial.
Y, ni qué decir de las comunidades indígenas del Madidi, en el norte de La Paz, que sufren la contaminación de sus ríos con mercurio debido a que los mineros lo utilizan para la explotación de oro. Incluso, hubo episodios de violencia en Apolo, donde mineros y campesinos se enfrentaron con armas de fuego.
Otro caso, aunque no se trata de minería ilegal, se registra en las comunidades del sudoeste de Potosí, que reclaman al gobierno por el uso agua en la extracción de litio, sin consulta previa. Concretamente, la comunidad de Río Grande, del municipio de Colcha K, indicó que fueron perforados 25 pozos para la extracción del agua, aunque sólo dos tenían autorización, por lo que los comunarios procedieron a tomar la planta de procesamiento de agua.
El listado de casos podría continuar, pero los señalados son una muestra palpable de que la minería está arrinconando a las comunidades campesinas y pueblos indígenas, limitando sus medios de vida y vulnerando sus derechos.
Según la Constitución Política del Estado, todos los bolivianos tenemos derecho “a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
Y, si de protección a los defensores de la naturaleza se trata, el Acuerdo de Escazú, del que Bolivia es signatario, indica en su artículo 8 que “cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Claramente, las acciones de la minería ilegal están vulnerando las normas nacionales e internacionales. Los responsables de la mayor parte de estas operaciones son los cooperativistas mineros, un poderoso sector que apoya al gobierno, que tiene a uno de sus miembros como Ministro de Minería y Metalurgia y que, por tanto, goza de protección política. Ahí puede estar la explicación de estas actuaciones impunes que dejan a las comunidades en situación de indefensión.
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