El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido luego de la visita in loco realizada a Bolivia en marzo de 2023, insta al Estado boliviano a “fortalecer la institucionalidad democrática y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión”.
La Comisión hace esa recomendación luego de haber detectado que “la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la libertad de expresión se encuentran afectados por el ambiente de polarización política agravada tras una serie de hechos de conflictividad social en el país”.
Precisamente por eso, la Comisión plantea desafíos para “la atención a la violencia contra la prensa, el acceso a la información y la participación ciudadana”.
Pero, también atribuye responsabilidad a los liderazgos públicos en sentido de que deben “coadyuvar en la reducción de las brechas abiertas por la polarización”.
Si bien el informe de la Comisión hace notar los avances en materia de igualdad, lucha contra la pobreza, inclusión y derechos económicos y sociales, repara en los problemas registrados en materia de institucionalidad democrática y justicia.
Por eso, otra de las recomendaciones al Estado es la necesidad de afrontar la reforma judicial y de elegir a los nuevos magistrados con transparencia y participación, puesto que existe una elevada desconfianza de la población en el Órgano Judicial.
“El Estado no puede demorar en las transformaciones estructurales en el sistema de justicia, ello debe incluir el robustecimiento del marco legal para asegurar la inclusión de criterios objetivos para la preselección, elección y nombramiento de autoridades judiciales de las cortes y del Consejo de la Magistratura, que tomen en consideración la participación ciudadana y transparencia, así como auditorías externas independientes”.
El informe hace esta sugerencia porque “los avances en derechos humanos producidos hasta el momento no pueden perdurare si el sistema de justicia continúa sujeto a los desafíos serios que afronta”.
Cohesión social, el desafío nacional
El informe titula “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”, precisamente porque parte del criterio de que la polarización derivada de la crisis política del 2019 es una amenaza para lograr este objetivo.
“La división entre quienes consideran que existió un fraude y quienes consideran que existió un golpe de Estado es la causa más viable de la polarización política, que ha llevado a un distanciamiento entre sectores significativos de la población”.
Sin embargo, la CIDH observa “con esperanza que la tendencia hacia la polarización es reversible mediante acciones concretas dirigidas del nivel alto del Estado, pero con la participación de autoridades de distintos niveles y todos los actores de la diversa sociedad”.
Recomendaciones
Frente a esta realidad, la CIDH hace dos recomendaciones orientadas a lograr la cohesión social, 12 recomendaciones para afrontar los desafíos pendientes en derechos humanos y 17 recomendaciones para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. A continuación resumimos algunas de esas recomendaciones:
Para la cohesión social
La CIDH recomienda diseñar e implementar una mesa de diálogo de alcance nacional y funcionamiento periódico entre diversos sectores de la sociedad para promover visiones conjuntas.
Además de implementar una estrategia nacional de fortalecimiento de capacidades institucionales centrada en técnicas de diálogo, negociación y solución pacífica de conflictos.
Para la institucionalidad democrática
Implementar un plan estratégico para la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, que tome en cuenta la separación y equilibrio de los órganos públicos.
Implementar una política integral de protección de la vida, integridad y labor de las personas defensoras de derechos humanos.
Diseñar e implementar una campaña de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística.
Implementar un plan de estímulo para que los medios adopten voluntariamente medidas dirigidas a su autorregulación.
Adecuar el derecho interno para que la protección al honor y a la reputación no ocurra en el derecho penal.
Adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación ni interferencia en las políticas editoriales de los medios.
Adoptar una ley que garantice el derecho al acceso a la información que vincule a todos los niveles del Estado.
Para derechos humanos
Impulsar, en el plazo inmediato, una revisión integral de los procedimientos para el reconocimiento de las autonomías indígenas.
Implementar una política pública para garantizar la consulta desde un enfoque de derecho a la libre determinación, que contemple el consentimiento previo, libre e informado respecto a cualquier medida.
Adoptar una ley para la garantía de los derechos humanos, incluyendo los DESCA, derechos políticos, derecho a la familia y filiación de las personas trans, no binarias y de género diverso.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza la situación de los avances y desafíos respecto de los DDHH en Bolivia durante los últimos 17 años, considera, entre otros, los informes publicados por UNITAS, la propuesta de política pública para personas y organizaciones defensoras de derechos trabajada con el Comité Nacional de defensores la gestión pasada y las alertas sobre violación de derechos que el Observatorio de Defensores de la Red emite, con referencia a institucionalidad democrática, justicia, proceso de elección de altas autoridades del órgano judicial, libertad de expresión y defensores/as de derechos.
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