Texto: Jimena Mercado
Videos: Adriana Gutiérrez
El 2022, durante el conflicto en demanda por el censo de población y vivienda para el 2023 -que tuvo como escenario principal al departamento de Santa Cruz- se visibilizaron a grupos parapoliciales en ataques directos y selectivos en contra de periodistas, y en algunos casos, en coordinación y/o complicidad de la Policía. Fue el año en que se consolidó la impunidad del delito en contra del trabajo de la prensa.
El investigador en Derechos Humanos y defensor, Franco Albarracín, considera que las cosas deben llamarse por su nombre, y más aún en materia de DDHH, para que los organismos internacionales asuman una posición crítica sobre el estado de situación del país.
“Es importante que se pueda diferenciar entre un grupo irregular que se atribuye funciones propias de autoridades públicas y un grupo espontáneo de civiles que han actuado debido a una situación específica y que por lo general esto ocurre en los conflictos”, señala a Brújula Digital.
Remarca que la Policía es la única autoridad pública que puede hacer uso de la fuerza pública para desbloquear, por ejemplo. “Entonces, ¿qué ha ocurrido durante el paro (de Santa Cruz)? grupos de civiles se atribuyeron funciones propias de la Policía y esto tiene una definición, y hay que utilizarla para que los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos asuman una posición crítica”, cuestiona.
A eso se llama “grupo parapolicial” –dice convencido- porque son civiles asumiendo acciones propias de la Policía. “Están desbloqueando de forma deliberada, planificada y con recursos del Estado, porque hemos visto a estos grupos ser transportados en vehículos del Estado, son grupos ilegales, desde hace tiempo están actuando de manera totalmente impune”, sostiene.
En un recuento de hechos violentos, Albarracín menciona que un grupo parapolicial es muy similar al que tomó de manera violenta el año pasado, el predio Las Londras, donde secuestró y torturó a periodistas y a policías, aunque desde el Gobierno se evite llamarlos “grupo parapolicial” para evitar que organismos internacionales en materia de DDHH critique al país.
“Estos grupos tienen la tendencia de atribuirse roles de la Policía como desbloquear a través del uso de la violencia, tienden a atacar a grupos vulnerables en situación de peligro como son los periodistas; es decir, tienen determinados objetivos y al primero que van a atacar es al periodista, porque el periodista los va a identificar”, advierte el especialista.
Menciona que ya el 2021 un grupo irregular armado, secuestró y torturó a periodistas en el predio Las Londras en el departamento de Santa Cruz, durante la toma de tierras y hasta la fecha no hay un fallo condenatorio en contra de los autores.
De acuerdo al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red Unitas, del 1 de enero al 12 de diciembre, se registraron un total de 725 vulneraciones a derechos en Bolivia, de los cuales en contra de la libertad de prensa fueron 181, libertad de expresión (44), institucionalidad democrática (192), vulneraciones de derechos de defensores (58), libertad de asociación (10), derecho a la protesta (194) y dos contra la libertad de reunión.
El presidente Luis Arce responsabilizó de toda la violencia desatada en Santa Cruz al gobernador, Luis Fernando Camacho y al Comité Cívico, mientras que la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón condenó las agresiones a periodistas y pidió investigar los casos. Desde el gremio periodístico se evidencia la impunidad.
Ataques selectivos
En análisis del experto en DDHH, Franco Albarracín los ataques en contra de periodistas en cobertura de conflictos no han sido aislados, ni casuales. “¿Por qué se los ataca de manera selectiva, deliberada y planificada?, porque el rol que han tenido los periodistas, sobre todo en situaciones de conflicto, ha sido fundamental para la transparencia y para la difusión de información objetiva en medios de comunicación y redes sociales”, afirma.
Destaca que gracias al trabajo de periodistas se obtuvo filmaciones, fotografías y testimonios importantes sobre la brutalidad policial en contra de la sociedad civil organizada, se tuvo evidencia de la participación de grupos paraestatales, de grupos de civiles de choque liderados por funcionarios públicos, como el caso del director regional de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Luis Flores, y anteriormente, por el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
“El Gobierno considera que los periodistas son un grupo muy importante, muy relevante en el ámbito público,y por esa razón es que permite que estos grupos incurran e incluso fomenta delitos en contra de periodistas (…). Eso ocurre por lo general en regímenes totalitarios”, sostiene.
Sin embargo menciona que los ataques en contra de los periodistas se produjo desde mucho antes, cuando durante el Gobierno de Evo Morales, altas autoridades estigmatizaron a medios de comunicación con el denominativo “cártel de la mentira” en el que se encontraban: El Deber, Página Siete, ANF y Erbol.
“Una combinación extraña de fuerzas del orden y encapuchados”
La secretaria de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de La Paz, Zulema Alanes, periodista con más de 40 años de destacada trayectoria, advierte que hoy en día, se da una combinación muy extraña entre fuerzas del orden y grupos de choque de encapuchados, afines al partido de Gobierno –MAS- que actúan de manera articulada, situación que no se había visto ni siquiera en regímenes dictatoriales, cuando actuaban paramilitares.
“Hoy, hay una combinación extraña de fuerzas del orden que provocan mayor desorden, y estos grupos ciertamente irregulares, que son grupos de choque de civiles encapuchados, que en muchos casos, atacan a los manifestantes, y en medio de esa dinámica, los periodistas también somos víctimas. Creo que los últimos hechos en Santa Cruz, hacen ver que existen órdenes expresas para no tener ningún grado de consideración con los periodistas”, señala.
En análisis de Alanes, la situación para las y los periodistas es verdaderamente preocupante, ya que las variadas formas de vulneración de prensa han ido en aumento. El Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de Unitas el año pasado reportó 73 vulneraciones en contra la prensa, inferior a los registrados en la presente gestión.
Sin embargo considera que la violencia que hoy se ve en contra de colegas, es el resultado del discurso de odio que se ha germinado durante el Gobierno de Evo Morales.
“No nos olvidemos que el Gobierno del expresidente Evo Morales ya incorporó esta práctica de ataque directo a los periodistas que estaban en cobertura, él durante los conflictos de 2019 derivado del fraude electoral se trajo para su protección a grupos de campesinos del Norte de Potosí y a cooperativistas que se pertrecharon en la plaza Murillo y que actuaban para reprimir a los manifestantes con el apoyo de la Policía, esa práctica era inusitada”, señala.
Situación de vulnerabilidad extrema
La representante de la APLP considera que los trabajadores de la prensa se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. “Hemos visto que periodistas fueron atacados, lanzados al suelo, pateados en el piso cuando estaban virtualmente indefensos luego que les sustrajeron sus equipos de trabajo (…). No solo que la Policía no ha actuado en defensa de los periodistas, sino que ha protegido a quienes estaban cometiendo esos excesos”, denuncia.
Considera que las autoridades que deberían estar encargadas de la preservación del orden cuando ocurren manifestaciones y protestas sociales no reconocen como tradicionalmente se hacía, ni la credencial de prensa, ni los distintivos de los medios que portan los reporteros, de tal manera que han convertido a los periodistas en elementos que están en medio del fuego cruzado.
“Eso deberíamos leer al Gobierno, que lejos de controlar la situación de conflictividad, las está agravando, eso ha ocurrido en la ciudad de La Paz, ha ocurrido en Santa Cruz, ha ocurrido en Cochabamba”, cita Alanes, en medio de un llamado de atención por la creciente ola de conflictividad que atraviesa el país.
Alanes sin embargo considera que nada es casual, pues durante el largo periodo de Evo Morales se crearon a los “guerreros digitales” quienes fueron organizados oficialmente desde el Gobierno.
“Él (Evo Morales) los ha anunciado, dijo que estaba estructurando un grupo de guerreros digitales pagados con nuestros recursos que aportamos al Estado a través de nuestros impuestos para no solo desplegar diferentes estrategias de campaña política y de propaganda política del régimen, sino también para neutralizar lo que el Gobierno consideraba el cártel de la mentira”, señala.
“Nos quieren matar; nos están tomando como sus enemigos”
“Nos quieren matar; nos están tomando como sus enemigos”; lanza la voz de advertencia, Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, quien observa extrema violencia en los ataques que se dieron en contra de la integridad física de varios periodistas, en momentos en que realizaba la cobertura de diferentes hechos de enfrentamientos durante el paro cívico por el censo.
El periodista de la Red Uno, Joaquín Matías, recibió una pedrada directamente en la cabeza, mientras realizaba en vivo sus despachos de los enfrentamientos en el Plan 3000, la agresión le hizo perder el conocimiento durante segundos tras los cuales se reincorporó para esquivar otras pedradas.
Otro de los casos más dramáticos fue el ataque que sufrió, hasta casi el linchamiento el periodista de Unitel, Mario Rocabado, quien testimonió que el grupo que lo agredió en el piso tras robarle sus celulares, billetera y equipos de trabajo, estaban junto a la Policía.
“La Policía empezó a lanzar gases y nosotros para cubrirnos nos metimos a una calle, de pronto la Policía avanzó y avanzó el grupo que estaba con la Policía. Ellos vieron que estábamos con nuestros distintivos, chamarras, micrófonos, todo de Unitel, no les importo. Levanté la mano: ‘soy de la prensa’, les dije. Me quitaron el micrófono, me tumbaron y empezaron a patearme, a golpearme, escuchaba algunas voces que decían que nos linchen, siento que de milagro estoy vivo”, fue parte de su testimonio dado a Periodismo Somos Todos, tras salvarse de la muerte.
Según Méndez, a Rocabado –con 35 días de impedimento- lo hubieran matado si no era auxiliado por otros periodistas como Franklin Cisterna de una plataforma digital, “quien gracias a Dios estaba ahí, porque si no lo iban apalear hasta matarlo”. El dirigente sin embargo quiere dejar constancia del rol que jugó la Policía en esas circunstancias.
“Habían dos patrullas policiales a 15 metros que estaban mirándolo todo, y les dijeron: por favor ayúdenlo, necesitamos evacuarlo. Estaba con los dedos fracturados porque defendió su micrófono pero le terminaron sacando, le dieron un palazo en el tobillo derecho, prácticamente arrastrándolo lo llevaron y los policías dijeron: vayan a tirarlo por ahí. Como si nosotros fuéramos basura”, relata a este medio.
Los casos de agresión no pararon. “En el Plan 3000, hubo dos casos de periodistas a uno le dispararon a dos metros de distancia directamente al rostro un dardo, quedó dañado de dos dedos de su mano porque se cubrió el rostro; esos hechos nos dicen que nos están tomando como sus enemigos, y estos ataques, de manera preliminar por las imágenes que se muestran es por parte de grupos de choque por parte del MAS”, reclama.
Pero otro aspecto que preocupa de sobremanera el gremio periodístico es la impunidad con la que cometen delitos los grupos irregulares en contra de periodistas, tal como sucede con el caso Las Londras.
“En Las Londras, de los tres detenidos se le dio a uno detención domiciliaria sin escolta, a pesar de las pruebas que demostraron que volvió a participar en nuevas tomas. Nos han suspendido 14 audiencias cuando tratábamos de revertir esa situación. Parece ser parte de un plan siniestro en la que se determina la línea”, expresa.
RAPP: autocensura impresionante de periodistas agredidos
La Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) de la Fundación para el Periodismo a través de su coordinadora, Isabel Mercado afirma que en un clima de injusticia donde el 100% de los casos de agresiones a periodistas no llega a un fallo, el nivel de autocensura de los periodistas agredidos también es impresionante, porque muchas veces desconoce cómo canalizar la denuncia, teme a procesos penales o simplemente desconoce sus propios derechos.
“Una de las cosas que estamos viendo, lastimosamente es que los periodistas que son agredidos, no conocen cuáles son sus derechos, incluso no saben cómo canalizar sus denuncias, y lo peor, cuando lo hacen tienen temor a que los procesos sigan (…). Hay un nivel de autocensura impresionante de los periodistas, eso hemos visto en los pocos meses de vida que tiene la RAPP”, afirma.
Recuerda el caso de un colega de Yacuiba al que hostigó el alcalde Carlos Brú (MAS) por difundir la denuncia del supuesto mal estado del desayuno escolar en ese municipio y lo denunció ante la justicia ordinaria para que revele su fuente, y a pesar que el periodista se negó hacerlo y se acogió a la Ley de Imprenta, no quiso saber más del asunto.
“Cuando fue amenazado y la justicia hizo un desestimiento, el periodista quiso olvidar el asunto, quería ponerle tierra (…). La justicia y diferentes niveles del Estado están actuando de una manera de tirar la piedra y esconder la mano, y el periodista se queda sin poder continuar el proceso y haber sufrido el daño por estigmatización o riesgo de agresión física o demanda penal”, señala.
En Bolivia -dice la también exdirectora de Página Siete que- lo que se impone es la desprotección y orfandad de los periodistas, así como la impunidad para quienes cometen agresiones en su contra de los trabajadores de la prensa.
“El grado de violencia, de animadversión en contra del trabajo de la prensa es tal, que lejos de ser una garantía, el tener un distintivo de prensa se convierte en un riesgo, precisamente es un tema que está en debate no solo en el país, porque es una constante que deben afrontar el periodista”, denuncia.
Mercado reivindica la labor de la prensa, y considera que atacar a un periodista, es igual que atacar a todo el gremio y a la sociedad misma.
“Las condiciones son mucho peor que en la dictadura”
Para Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), quien arriesgó su propia vida al trasladar en un vehículo del matutino Presencia al extinto líder de la Central Obrera Bolivia (COB), Edgar “Huracán” Ramírez, considera que las condiciones para el ejercicio del periodismo han empeorado demasiado en el país en los últimos años, al punto de ser de más alto riesgo que en las dictaduras.
“Si tratamos de hacer una comparación del ejercicio del periodismo con décadas atrás y remontamos inclusive a la época en la que éramos gobernados por militares, yo diría que la situación ha empeorado, es mucho peor, porque en la época dictatorial, si bien había un control férreo, había control de la prensa, se trabajaba con un militar en las espaldas, sabíamos que era un gobierno de facto”, señala.
Sin embargo actualmente observa que en un Estado supuestamente democrático, se vulneran más los derechos de los periodistas.
“En las dictaduras nosotros sabíamos que a veces nos esperaba una bala, la prisión o el destierro (…). La situación siempre fue difícil, nunca fue fácil hacer periodismo en nuestro país, y ahora peor. En el presente los periodistas estamos expuestos a la violencia de parte de grupos violentos aleccionados por dirigentes del Movimiento al Socialismo”, afirma.
Glasinovic recuerda que Evo Morales ya incubó el odio en contra de los periodistas a quienes declaró ser sus principales enemigos. “No somos enemigos de nadie, porque solo cumplimos con la labor de informar, pero si somos enemigos de la corrupción, de la violencia, de la malversación del dinero público, lo que hacemos es denunciar a través de nuestros medios de comunicación lo que está ocurriendo y eso le incomoda al poder”, afirma.
Al poder no le gusta que se lo cuestione, se lo fiscalice –cita el presidente de la ANPB- pero recuerda que ese rol se ha dado a los periodistas como intermediarios entre el poder y la sociedad que es la que empodera de la información que le ayuda a tomar mejores decisiones.
El Fiscal General del Estado no responde
Desde la ANPB y desde las Asociaciones Departamentales de la Prensa se envió una carta al fiscal General, Juan Lanchipa, en la que se denuncia cómo desde el Ministerio Público se vulnera derechos de periodistas que trabajaron en Btv durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
“Nos referimos a los cinco periodistas enjuiciados en la justicia ordinaria por haber trabajado en el Gobierno de Jeanine Áñez, también presentamos otras denuncias por las agresiones que sufrimos y que han sido de conocimiento del Ministerio de Gobierno, pero nunca hemos recibido una respuesta, ni siquiera un acuse de recibido, lo que quiere decir que al poder político no le interesa que los periodistas sean agredidos”, afirma.
Glasinovic afirma que la falta de independencia de poderes, ha llevado a la Policía a proteger a grupos violentos que atacan a periodistas, tal como se dio durante los conflictos cocaleros en La Paz y posteriormente en los días de conflicto por el censo en Santa Cruz.
“Actúan los grupos violentos y por detrás está la Policía protegiéndolos y cuando hay un enfrentamiento lo que hace la Policía es gasificar a la gente que está bloqueando exigiendo censo para el año 2023; es decir, que protege a quienes están atacando y se convierte en verdugo del pueblo”, asegura.
En ese contexto, y ante el desafío de generar mejores mecanismos de protección a periodistas, Glasinovic señala que hubo reuniones con los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya que otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tarda muchos años en procesar y llegar a un fallo desde el momento en que se presenta y se admite la denuncia.
“El periodismo es fundamental para la democracia”
En criterio de Jonatahan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, hay cada vez más desconfianza al trabajo de los periodistas a quienes no se les entiende como actor fundamental para la democracia.
“Creo que hay que volver a llenar de contenido la mantra de que el periodismo es fundamental para la sociedad y que sean los ciudadanos quienes entiendan que sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia”, señala.
En esa línea afirma que es fundamental para tener una mejor construcción de la sociedad, herramientas que permitan a periodistas, pedir rendición de cuentas a los gobernantes locales y nacionales.
“Es fundamental el periodismo y darle herramientas de alfabetización mediática y visitar a ciudadanos y ciudadanos para poder entender mejor el rol de la prensa en cada una de sus comunidades”, acota.
BD JMC
