Claudia Terán
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el 2 de noviembre, debemos recordar la urgente necesidad de actuar frente a las crecientes violaciones a los derechos de quienes ejercen la labor de informar. De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS[1], en lo que va de este año, se han registrado 79 casos de ataques y amenazas contra periodistas, una cifra alarmante que revela la vulnerabilidad constante de este sector. Entre enero y agosto de 2024, los principales abusos documentados han incluido agresiones físicas, psicológicas y materiales, además de amenazas, el incumplimiento estatal en su deber de protección y el impedimento de acceso a la información.
Los datos históricos confirman la gravedad de la situación. En 2023, se registraron 143 incidentes contra periodistas, y en 2022, la cifra fue aún más alta, con 202 vulneraciones reportadas. La cobertura de eventos políticos y sociales, investigaciones sobre corrupción o actos lesivos al Estado y la cobertura de conflictos sociales son contextos de alto riesgo para quienes ejercen el periodismo. La falta de justicia en estos casos, como lo demuestra la impunidad en torno al caso las «Londras», donde varios periodistas fueron brutalmente agredidos en 2021, fomenta un clima de temor e inhibición que afecta el derecho a la libertad de expresión.
El impacto de la impunidad no solo afecta a los periodistas; tiene un efecto profundo en toda la sociedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana han subrayado en múltiples ocasiones que la falta de justicia en los crímenes contra periodistas lleva a la autocensura y desanima a los profesionales de medios y ciudadanos de denunciar abusos de poder y actos ilícitos. Esta realidad compromete uno de los pilares fundamentales de la democracia, ya que la libertad de expresión es esencial para el intercambio libre y dinámico de ideas e información.
Como señaló la Relatoría Especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, un ataque contra un periodista es un atentado contra la transparencia y la rendición de cuentas, esenciales para la democracia. La falta de consecuencias para quienes cometen estos delitos propicia la repetición de actos violentos y amenaza con silenciar voces críticas. En la misma línea, la Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU ha afirmado que la impunidad es una de las principales causas de los asesinatos de periodistas.
Los Estados están obligados a investigar y perseguir los crímenes contra periodistas de forma seria, imparcial y efectiva. La impunidad, definida como la falta de investigación, captura, enjuiciamiento y condena, no solo perpetúa las violaciones, sino que genera un estado de indefensión para las víctimas y sus familias. En ese sentido, la responsabilidad estatal incluye no solo investigar y sancionar a los responsables, sino también permitir la participación activa de las víctimas o sus familiares durante el proceso judicial y asegurar la reparación adecuada de los daños sufridos.
El rol del periodismo es fundamental para el ejercicio de derechos ciudadanos y la construcción de una sociedad democrática y bien informada. Es imperativo que los Estados reconozcan la importancia de esta labor y tomen medidas efectivas para proteger a los periodistas, sancionar los ataques y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor. Sin justicia, la libertad de expresión y el acceso a la información quedan en peligro, y con ellos, los derechos y libertades de toda la sociedad.
[1] https://redunitas.org/observatorio/
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Claudia Terán es abogada especialista en Derechos Humanos.
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