A la izq. Roger Ibarra; a la der. defensores de Tariquía. Foto composición Sumando Voces
Desde Tarija, el abogado Roger Ibarra informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó el 20 de febrero de 2026 una objeción a la resolución de rechazo emitida por la Fiscalía de Entre Ríos en favor de 17 defensores de Tariquía, dentro del segundo proceso penal instaurado en su contra, lo que mantiene en suspenso la conclusión definitiva del caso.
Ibarra explicó que actualmente existen dos procesos penales contra los defensores de Tariquía. El primero ya se encuentra listo para ingresar a la etapa de juicio. El segundo, en cambio, había sido rechazado por el Ministerio Público el pasado 19 de enero; sin embargo, con la objeción presentada por YPFB, el trámite continúa abierto.
Según detalló, tras la notificación a Petrobras —realizada hace dos días— corre un plazo de cinco días para que la empresa defina si también presenta una objeción al rechazo fiscal. En caso de que no lo haga, el cuaderno de investigación deberá ser remitido a la Fiscalía Departamental, instancia jerárquica que tendrá la atribución de ratificar el rechazo y cerrar el proceso, o revocarlo y ordenar su prosecución.
“Como defensa hemos presentado una fundamentación sólida para que se disponga el rechazo”, señaló Ibarra, aunque reconoció que tanto YPFB como Petrobras están en su derecho de objetar la resolución si consideran que fueron agraviadas.
Desde la comunidad, Juan Mendoza, uno de los 17 comunarios procesados, cuestionó la continuidad de las acciones judiciales y afirmó que el sector esperaba un cambio en la administración de justicia. “Pensábamos que con este gobierno las cosas iban a ser diferentes, que se iban a poner del lado del pueblo y de la gente humilde, pero lamentablemente continúan los atropellos y amedrentamientos”, expresó.
Mendoza indicó que, pese a que actualmente no se registran movimientos operativos de Petrobras o YPFB debido a la pausa ambiental, los comunarios permanecen en vigilia. Señaló que algunos defensores viven cerca del camino de acceso y mantienen alerta constante ante cualquier eventual ingreso.
Asimismo, manifestó preocupación por el impacto económico y personal que implica enfrentar el proceso penal. “A nosotros nadie nos da ni un boliviano para movilizarnos, esto nos genera gastos y tiempo”, sostuvo. No obstante, agradeció el respaldo legal que reciben por parte del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que les brinda patrocinio jurídico en la defensa.
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