Bolivia se ubica entre los países con más bajo puntaje en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), al situarse en el puesto 131 de 143 naciones evaluadas y registrar un puntaje global aproximado de 0,37 en una escala de 0 a 1. El informe revela graves deficiencias en materia de corrupción, independencia judicial y garantías fundamentales, consolidando al país como uno de los más rezagados de América Latina en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El año pasado (2024), Bolivia también ocupó el puesto 131, aunque el puntaje fue de 0,37, situándose entre los 12 países con peor desempeño en el mundo. En este bloque se encuentran tres latinoamericanos más: Nicaragua, Haití, y Venezuela, que ocupa el último lugar.
El estudio del WJP evalúa ocho factores principales: limitaciones al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En todos ellos, Bolivia figura con desempeños por debajo del promedio regional y mundial.
Uno de los resultados más preocupantes corresponde al indicador de ausencia de corrupción, en el que Bolivia ocupa uno de los últimos lugares a nivel global, con un puntaje aproximado de 0,23. Según el informe, la corrupción atraviesa diversos niveles del aparato estatal, afectando a las instituciones judiciales, policiales y administrativas.
El deterioro de la independencia judicial y la falta de control sobre el poder ejecutivo son otras de las principales debilidades señaladas. El índice advierte que las instituciones encargadas de fiscalizar el poder político presentan vulnerabilidades estructurales, lo que limita su capacidad de aplicar sanciones efectivas y de garantizar la rendición de cuentas.
Asimismo, el informe subraya carencias en el acceso a la justicia y en la protección de los derechos fundamentales. Las deficiencias en el sistema penal, la demora en los procesos judiciales y la falta de confianza ciudadana en los tribunales son factores que contribuyen a la baja puntuación del país.
Bolivia se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en casi todos los indicadores, junto a naciones que enfrentan crisis institucionales similares. En contraste, países como Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen los niveles más altos de Estado de Derecho en la región.
El informe del WJP 2025 representa un llamado de atención para el nuevo gobierno y las instituciones del país, que deberán asumir la tarea de reconstruir la confianza ciudadana y fortalecer la institucionalidad democrática.
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