EDITORIAL SUMANDO VOCES
La acción decidida de las comunidades indígenas de Viacha afectadas por la contaminación de la minería ilegal es una muestra del poder que tiene la sociedad civil organizada frente a un Estado ausente.
La semana pasada, el Concejo Municipal y el Alcalde se vieron obligados a firmar una ley que declara a Viacha territorio libre de minería, luego de la toma de la Alcaldía por parte de los comunarios afectados por la contaminación. Si bien falta reglamentación y un plan de ejecución, la norma es un principio para ponerle un freno a la minería en la zona.
La contaminación de las aguas de Viacha no es reciente, sin embargo, se ha disparado en los últimos dos años con la presencia de 23 empresas mineras, de las cuales, al menos 20 son ilegales.
Los comunarios denuncian que la contaminación ha empezado a afectar la salud de los pobladores, que está provocando malformaciones en los animales y que está causando infertilidad en los suelos.
Pero, esa no es la única evidencia, existen estudios que demuestran estos extremos. Por ejemplo, un análisis de laboratorio encargado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav) estableció que cuatro empresas mineras contaminaron tres pozos de agua con cianuro.
También existe una investigación encargada por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego a la “Empresa Consultora Integral Especializada S&S” en 2021 que habla de tres tipos de contaminación: la provocada por las aguas servidas de El Alto, por el polvo de las industrias (cemento y ladrilleras) y finamente por las empresas mineras que rescatan zinc, niquel, hierro, cobre y cromo.
Los propios mineros que trabajan en la zona reconocieron que utilizan el cianuro en sus actividades, sin embargo, dijeron que éste se descompone. Es más, rechazaron las presiones de las comunidades indígenas y defendieron su derecho al trabajo. Los dirigentes de las comunidades, en cambio, denunciaron que están siendo amenazados por las empresas mineras, donde estarían operando capitales chinos.
Los comunarios vienen denunciando la contaminación desde hace meses, sin ser escuchados, hasta que finalmente la semana pasada tomaron la decisión de ingresar a la Alcaldía para exigir la aprobación de la ley.
Si bien la Alcaldía tomó esa decisión y empezó a notificar a algunas empresas ilegales, falta que las acciones se tomen en otros niveles del Estado, como la Gobernación de La Paz, la Autoridad Jurisdiccional Adminsitrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Medio Ambiente, instituciones que hasta ahora han guardado un silencio preocupante.
Viacha nos interpela no solo porque es víctima de una brutal contaminación de sus aguas, sino porque sus comunidades decidieron decir “basta”. Es de esperar que este espíritu protector del agua y los medios de vida sea contagioso.
El problema de la minería ilegal y la contaminación de aguas y bosques no está focalizado solo en Viacha, es un problema que afecta prácticamente a todos los departamentos del país. Y, a juzgar por el poder que los cooperativistas mineros detentan, no habrá autoridad que les haga retroceder, a no ser, la sociedad civil organizada, como ocurrió en Viacha.
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