El canciller Yván Gil hizo el anuncio de la expulsión. Foto: Cancillería venezolana
El gobierno de Nicolás Maduro anunció su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos y expulsó a sus funcionarios, a los que les dio 72 horas para abandonar el país.
La decisión obedece, según el canciller Yván Gil, “al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
La expulsión se da luego de esa oficina expresara su “profunda preocupación” por la detención de la activista Rocío San Miguel, a quien el régimen acusa de estar involucrada en un intento de magnicidio contra Maduro.
El Gobierno dijo que esta expulsión estará vigente hasta que los miembros de la oficina del Alto Comisionado “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
En contrapartida, el Canciller anunció la “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego de los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La Oficina del Alto Comisionado hacía seguimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos para su aplicación en Venezuela.
En ese contexto, el pasado viernes fue detenida la directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, Rocío San Miguel, hecho que ha generado una ola de repudio y pedidos de libertad de parte de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades, que denuncian abuso de poder y acciones para criminalizar a las ONGs.
Entre las instituciones que expresaron su preocupación por este hecho está la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ahora suspendida del país.
“Frente a este impropio actuar, las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la oficina del Alto Comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”, indica un comunicado de la cancillería venezolana. Sin embargo, señala que esta oficina “ha exacerbado sus ataques contra Venezuela”.
