Juez denunciado por abuso sexual. Foto: Redes sociales
Un juez acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años, en Tupiza, Potosí, fue beneficiado con un cambio de tipo penal, de abuso sexual a corrupción de menores; solo recibió dos meses de detención preventiva; y, ni el Consejo de la Magistratura ni el Ministerio de Justicia han iniciado un proceso disciplinario en su contra para destituirlo, lo que, según activistas de la Villa Imperial, se constituye en favoritismo.
«En el sistema judicial todos se hacen favores entre sí. Entonces, desde desde Mujer de Plata nos indigna, pero no nos sorprende este tipo de noticias (…), es el reflejo de lo que estamos viviendo dentro del sistema judicial, que favorece a ciertos sectores, se favorecen entre ellos», manifestó a Sumando Voces Ángela Uzuna Bobarín, coordinadora y cofundadora del Comité de Justicia Feminista de la organización Mujer de Plata.
La menor de edad, que vendía gelatinas en los juzgados, fue abordada por el juez, quien le ofreció 20 bolivianos y la invitó a su casa para realizar tareas de limpieza. Allí, según informó a Unitel el director de la Felcv de Tupiza, Marcelo Núñez, el juez le ofreció una bebida con unas «pepitas blancas». Tras consumirla, perdió la conciencia y no recuerda lo sucedido después. Días antes de su aprehensión, el presunto autor del delito intentó huir, pero finalmente fue detenido.
Uzuna denunció que este no es un hecho aislado. «Nos da mucha pena decirlo, pero no nos sorprenden estas denuncias en contra de funcionarios públicos. Hay, de verdad, una crisis judicial enorme, porque el sistema judicial no es independiente, depende de un Poder Ejecutivo y depende de apadrinar, depende de amarres políticos que van a favorecer a ciertos sectores», afirmó Uzuna.
Para ella, la justicia opera bajo influencias políticas y redes de favores, pues en este caso, se tipificó el delito de corrupción de menores, cuya pena oscila entre 3 y 5 años, en lugar de abuso sexual de una niña, que tiene una condena que supera los 10 o 20 años. Además, la organización denuncia que los procesos disciplinarios y penales contra funcionarios judiciales son prácticamente inexistentes. «El Consejo de la Magistratura no se ha manifestado hasta la fecha para iniciarle (al juez) un proceso disciplinario de destitución de cargo, tampoco el Ministerio de Justicia. Es un pacto patriarcal», añadió la integrante de Mujer de Plata.
Respecto al plazo de la detención preventiva, inusualmente se le otorgó dos meses, tiempo insuficiente para realizar las investigaciones correspondientes, tomando en cuenta la negligencia de las autoridades judiciales y la carga procesal, lo que denota otro favoritismo para el imputado, agregó.
Uzuna también cuestionó la designación de fiscales y jueces en el país, señalando que muchos no cumplen con los requisitos básicos, como una perspectiva de género y derechos humanos, tampoco se les hace un test psicológico para ver si realmente son aptos para el cargo. Resaltó que el sistema judicial boliviano está corrompido y responde a intereses políticos y económicos, protegiendo a los agresores más que a las víctimas.
Desde Mujer de Plata, exigen medidas concretas para combatir la impunidad y la corrupción en el sistema judicial. «Las niñas no mienten», expresó Uzuna recordando que existen pruebas contundentes que responsabilizan al juez.
Este caso se suma a una larga lista de denuncias que reflejan las profundas fallas estructurales del sistema judicial boliviano, que sigue operando bajo influencias políticas, machismo y redes de corrupción, aseguran desde Mujer de Plata.
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