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A una semana de la toma militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el “intento de golpe de Estado” por parte del Ejército en Bolivia.
Este miércoles, el organismo difundió una nota de prensa en la que hace un llamado al inmediato e irrestricto respeto de la institucionalidad democrática, al mantenimiento del orden constitucional y a la protección de los derechos humanos.
El 26 de junio, un sector del Ejército boliviano movilizó vehículos militares a la Plaza Murillo. Según la CIDH, ese operativo tenía el fin de “derribar al gobierno democráticamente electo e instalar un nuevo gabinete”.
“En este grave escenario de crisis, la comunidad internacional, en particular diversos Estados de la región, manifestó su rechazo ante la insubordinación militar, inclusive en el marco de la 54º Asamblea General de la OEA”, dice su nota.
De esa misma manera, señala que, en el país, varias instituciones gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y amplios actores sociales rechazaron esas acciones, al tiempo que anunciaron movilizaciones.
“La Comisión Interamericana observa que las acciones provenientes de un sector de las Fuerzas Armadas atentaron contra los principios democráticos reconocidos constitucionalmente por el Estado Plurinacional de Bolivia. Por ello, hace un llamado urgente al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática y al mantenimiento del orden constitucional en ese país”, dice.
El día de la toma militar de la plaza Murillo, el general que alentó ese operativo no fue detenido, pese a vulnerar la Constitución Política del Estado, porque había realizado declaraciones políticas, pese a que los militares no deliberan.
Asimismo, el general Juan José Zúñiga tras ser detenido declaró a los medios de comunicación que el jefe de Estado, Luis Arce, había autorizado la salida de tanques, por dos razones: esa semana era complicada por los anuncios de movilizaciones y para subir su popularidad caída.
Sin embargo, el Gobierno desde el momento de la detención del militar, restó valor a sus declaraciones.
De acuerdo a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, la democracia es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En este contexto, es fundamental el respeto a los derechos humanos, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de derecho y la subordinación de todas las instituciones públicas, incluyendo el Ejército, a la autoridad civil legalmente constituida. En una sociedad democrática, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, preservando la democracia y la vigencia de los derechos humanos.
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