Casas inundadas en Tipuani. Foto: Facebook Somos Tipuaneños
Mariela (nombre convencional) observa con impotencia los escombros de su vivienda, que colapsó casi en su totalidad debido a las recientes inundaciones. Como muchas familias en Tipuani, ahora convive con aguas servidas y el temor de nuevos derrumbes e inundaciones.
«Un 80% de mi casa se ha caído. Todo se ha derrumbado porque era de adobe», lamenta. Ahora, Mariela, su hija, su madre, pareja, hermana, sobrina y cuñado deben vivir en un solo cuarto, y aún no hay solución al problema, pues medio pueblo aún está sumido entre las aguas residuales.
Según Mariela, las inundaciones no fueron provocadas por el río, sino por filtraciones provenientes de las lagunas de sedimentación de las cooperativas y empresas mineras, entre ellas, la cooperativa Tipuani, ubicada en las cercanías del pueblo. Los afectados denuncian que la empresa ha evadido su responsabilidad y ha señalado al municipio como culpable. En una reunión reciente, un representante de la cooperativa habría exigido un pago para realizar trabajos de mitigación, lo que generó indignación entre los damnificados. «Nos piden dinero para arreglar el daño que ellos mismos causaron», denuncia.
Las familias han perdido sus viviendas y enfrentan dificultades para encontrar refugio. Los alquileres han subido drásticamente, alcanzando entre 500 y 800 bolivianos por un solo cuarto, lo que obliga a muchas personas a seguir viviendo en condiciones precarias entre los escombros y el agua contaminada.
A esta situación se suma la amenaza sanitaria. La proliferación de mosquitos y la contaminación del agua han generado riesgos para la salud de la población. «Miles de mosquitos llegan a la vela, porque estamos con vela. Al otro día tenemos que barrer como mistura a los mosquitos muertos», acota. Además, los residuos mineros han corroído estructuras y han dejado una huella de destrucción en la comunidad.
Los habitantes de Tipuani exigen una minería responsable y denuncian el impacto ambiental dejado por las cooperativas, que explotan los recursos sin tomar medidas para mitigar los daños.
Hoy, lunes, se realizará una inspección técnica con la participación de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y otras instancias estatales para evaluar los daños y determinar responsabilidades. Sin embargo, los damnificados temen que el proceso se vea afectado por corrupción y advierten que, de no obtener justicia, llevarán sus demandas a la ciudad de La Paz.
Mientras tanto, la incertidumbre sigue marcando la vida de las familias afectadas. El agua, que debería ser fuente de vida, se ha convertido en su peor amenaza, y el abandono institucional solo agrava su situación, denuncian los damnificados.
A pesar de esta riesgo sanitario, las clases iniciaron este lunes, de acuerdo con información del alcalde Fernando Vera. «Tenemos sólo una unidad educativa afectada gravemente, que es la 16 de Julio en la población de Chima, las demás unidades educativas están listas para iniciar las clases este año. Siempre hemos tenido año tras año la epidemia del dengue, pero lo tenemos controlado hasta el momento. En cuestión a las aguas servidas también estamos haciendo un tratamiento para que no haya infecciones hasta que podamos dar una solución», sostuvo el alcalde.
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