El acuerdo fue suscrito en Sucre. Foto: Captura de video
Las principales instituciones del sistema judicial y electoral del país suscribieron hoy, en la ciudad de Sucre, un acuerdo interinstitucional para el fortalecimiento del sistema democrático y la coordinación entre órganos del Estado, con el objetivo de garantizar el respeto al Estado de derecho y la correcta realización de los procesos electorales.
El acuerdo fue firmado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, y fue dado a conocer por el presidente del TSE, Gustavo Ávila, quien presentó de manera íntegra las resoluciones del encuentro.
Entre los principales compromisos asumidos, las instituciones reafirmaron su pleno respeto a los principios y obligaciones constitucionales que sustentan el sistema democrático intercultural, así como su responsabilidad de garantizar el desarrollo y la conclusión efectiva de los procesos electorales, con énfasis en las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales previstas para el domingo 22 de marzo de 2026.
El acuerdo establece que se garantizará el respeto a los derechos políticos y de participación ciudadana de votantes, candidatos y organizaciones políticas, bajo los principios de legalidad y preclusión. Asimismo, se acordó fortalecer la cooperación interinstitucional mediante programas conjuntos de capacitación, formación y asesoramiento técnico.
En ese marco, el TSE y el TSJ decidieron reforzar los mecanismos de cooperación para la capacitación de su personal en materias electoral, constitucional y administrativa. Por su parte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público se comprometieron a desarrollar talleres dirigidos a jueces electorales y servidores públicos del Órgano Electoral Plurinacional, además de establecer canales de comunicación permanentes con el TSE.
El Consejo de la Magistratura asumió el compromiso de fiscalizar la actuación de jueces y vocales que ejerzan funciones como jueces de garantías constitucionales, asegurando su independencia y el respeto al debido proceso, con la posibilidad de iniciar acciones disciplinarias cuando corresponda.
El Tribunal Supremo Electoral, a su vez, ratificó su compromiso de resolver con eficiencia, eficacia y celeridad los asuntos de su competencia y de aplicar medidas administrativas preventivas para proteger los derechos políticos, aclarando que estas no sustituyen las medidas cautelares de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
Asimismo, las instituciones firmantes acordaron promover la capacitación mutua en materias electorales, constitucionales, penales y jurisdiccionales, además de establecer mecanismos de coordinación entre el TSE y el Tribunal Agroambiental para procesos de consulta previa y temas ambientales vinculados a la actividad electoral.
Finalmente, el Ministerio Público se comprometió a priorizar la atención de denuncias por delitos electorales, con el fin de evitar la consumación de hechos ilícitos y garantizar la sanción de los responsables. El acuerdo también exhorta a las asambleas legislativas departamentales y a la Cámara de Diputados a concluir el proceso de selección y designación de los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.
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