Reconocimiento a Francisco Marupa. Foto composición Sumando Voces
El Tribunal Agroambiental, integrado por magistrados electos en los últimos comicios judiciales, hizo un reconocimiento póstumo, como defensor ambiental, a Francisco Marupa, indígena del Pueblo Leco de la comunidad de Torewa, quien fue asesinado en su chaco el 12 de febrero. Asimismo, le recordó al Estado que tiene la obligación de defender y proteger a los defensores de derechos ambientales en Bolivia.
«El Tribunal Agroambiental, en su Sala Plena, reconoce a Francisco Marupa (…) en razón a que dedicó su vida a la protección del territorio y la biodiversidad del Parque Nacional Madidi en contra de la minería ilegal, tráfico de tierras, tala, caza y pesca ilegal. Reconocimiento póstumo en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú», indica el documento.
El cuerpo de Francisco Marupa fue encontrado ensangrentado varios días después de su asesinato, con signos de violencia. Dionicio Gutiérrez, capitán grande del Territorio Indígena Originario (TCO) del Pueblo Leco, que está enclavado en el parque Madidi de La Paz, en comunicación con Sumando Voces informó que los autores, que también fueron vistos por el lugar, escaparon en la lancha del comunario fallecido. Explicó que “este hecho lamentable y horroroso” sucede en el marco del constante asedio que sufre el territorio Leco desde hace varios años con consecuencias graves, como la quema de casas, desalojos forzados y amedrentamiento, ocurridos el 2023, el 2024 e incluso antes.
En ese sentido, el Tribunal instó al Estado a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, protegiendo sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho a reunión y asociación pacíficas, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso y otros interdependientes para actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Exigió que se tomen medidas efectivas y oportunas para prevenir ataques o intimidaciones contra ellos, sus familias y su entorno de trabajo, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y la Constitución Política del Estado.
«Recordamos las obligaciones del Estado boliviano de garantizar una investigación imparcial, y una sanción y reparación justa en favor del defensor ambiental francisco Marupa, en cumplimento de los estándares internos e internacionales de derechos humanos», finaliza el Tribunal Agroambiental firmado por su presidente, Richard Cristhian Mendez Rosales.
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