Tribunal Agroambiental deriva a la Fiscalía el caso de los incendios de 2024 y 2025 para establecer responsabilidades personales

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Funcionarios de la Defensoría del Pueblo informan sobre el curso que siguió la denuncia sobre los incendios. Foto. ANF

El Tribunal Agroambiental remitió antecedentes al Ministerio Público para que inicie las investigaciones y establezca las responsabilidades por los incendios de 2024, cuando se quemaron 12 millones de hectáreas, y por los casos en lo que va de este año.

El Tribunal Agroambiental (TA) ha diferido el requerimiento realizado por la Defensoría del Pueblo y a dispuesto la remisión de antecedentes al Ministerio Público, a efectos que se inicien acciones que determinen responsabilidades personales respecto a la pérdida o inicio de los incendios gestiones 2024 y en lo que va de 2025”, informó Heriberto Pomier, jefe de la Unidad Constitucional de la Defensoría del Pueblo.

El año pasado, el país vivió una de las mayores catástrofes para el medio ambiente, 12 millones de hectáreas fueron quemadas, sin embargo, pese a la gran magnitud del desastre no existen responsables ni autores de los hechos. 

Precisó que las primeras responsabilidades se originan en las entidades públicas, explicó que realizaron diferentes exhortaciones a las instituciones estatales, por ejemplo, dijo que “hace cuatro meses hemos pedido (un informe) a la ABT sobre el estado de los procesos iniciados ante el Ministerio Público”, pero hasta la fecha esa entidad no remite la información. 

“Lamentablemente hemos tenido reticencia de distintas entidades, al margen del protocolo lanzado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en relación a los incendios forestales”. “Tiene que generarse responsabilidad probablemente personal”, sostuvo Pomier.  

La Defensoría del Pueblo informó -a través de Pomier- que interpusieron una denuncia por incumplimiento y una queja en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, toda vez que los gobiernos autónomos municipales y departamentales “han hecho caso omiso de la disposición asumida por la jurisdicción constitucional”.

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