Incendio en Bajo Paraguá. Foto: El Deber
El Tribunal Agroambiental (TA) denunció un “grave incumplimiento del deber de protección” por parte del Estado boliviano y del gobierno saliente ante la devastación de más de 20 mil hectáreas en la Reserva Forestal de Producción “Bajo Paraguá”, en la Chiquitanía boliviana. Según el comunicado institucional, los incendios que arrasaron la zona son consecuencia directa de la inacción de las autoridades competentes.
«La devastación de más de 20.000 hectáreas en la Reserva Forestal de producción ‘Bajo Paraguá’, aniquilando el corazón productivo del asaí, es el resultado previsible de un grave incumplimiento del deber de protección por parte del Estado y del gobierno saliente», señala el comunicado del Tribunal Agroambiental.
Los incendios no cesan en Bolivia y una de las zonas más afectadas es el Área Protegida Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz. La asociación Alas Chiquitanas informó que productores de asaí en la comunidad El Porvenir llevan varios días combatiendo sin descanso el incendio que avanza sin una respuesta oportuna del Estado. Esto ha provocado la pérdida del bosque que sostiene a más de 150 familias y ha afectado el Plan de Manejo de Asaí, modelo de conservación comunitaria. El fuego también alcanzó la pampa donde se cosecha palma real para la elaboración de aceites naturales, causando daños irreparables.
La entidad estatal calificó el hecho como una “flagrante violación del ordenamiento jurídico interno”, recordando que la Constitución Política del Estado impone la obligación de garantizar un medio ambiente sano y declara la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. Al permitir la destrucción de la reserva, las autoridades responsables “incumplen un mandato constitucional y vulneran el derecho de las comunidades a una vida digna”.
Asimismo, el Tribunal advirtió que la pérdida de los palmares de asaí afecta directamente a las comunidades indígenas que dependen de ese recurso porque se destruyó su fuente de sustento y su economía comunitaria. “El asaí que se quemó y se sigue quemando es símbolo de una economía comunitaria aniquilada por la negligencia estatal y los funcionarios públicos salientes. Se provocó un daño tangible y cuantificable traducido en la pérdida de la cosecha de asaí, la destrucción de su cadena de valor y el empobrecimiento forzado de las comunidades que depende de ella”, sostiene el comunicado.
En el ámbito internacional, el TA recordó que Bolivia podría incurrir en responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir el deber de prevención frente a un “daño ambiental significativo”, conforme a la Opinión Consultiva OC-23/17. Además, afirmó que la devastación constituye una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidos el derecho a la tierra, al territorio y a un ambiente sano.
El Tribunal exhortó a activar los mecanismos jurisdiccionales necesarios para establecer responsabilidades y sancionar a los responsables de la catástrofe ambiental. También instó a garantizar la reparación integral de las comunidades afectadas y la restauración de los ecosistemas destruidos.
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