Luego de la liberación de Luis Fernando Camacho y de Marco Pumari, hay vientos de cambio en la justicia boliviana, sin embargo, existe coincidencia de que aún está pendiente la reforma del sistema judicial en su conjunto. En ese marco, los panelistas del programa Sumando Voces en Directo propusieron una reforma basada en la probidad, el establecimiento de una comisión de la verdad y la depuración de los operadores judiciales.
Participaron del citado programa los juristas Ramiro Orias y Kathia Saucedo, además de la politóloga Natalia Aparicio, quienes analizaron el rumbo que está tomando la justicia boliviana luego del instructivo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para que se revisen los plazos de la detención preventiva de Camacho, Pumari y de la expresidenta Jeanine Añez, quien espera la revisión de su sentencia de 10 años de prisión por el caso Golpe I para salir de la cárcel, puesto que ya fue liberada de sus demás causas.
El instructivo de Romer Saucedo provocó una discrepancia en el programa. Mientras Kathia Saucedo y Ramiro Orias lo ven como el inicio de la transición hacia una justicia diferente, Aparicio considera que es una muestra de favoritismo.
Sin embargo, todos coinciden que la revisión de causas no solo debería beneficiar a los tres pesos emblemáticos, sino avanzar a los demás detenidos preventivos para decidir caso por caso.
Orias expresa que el instructivo es resultado del nuevo cuadro político del país, que se contrapone a 20 años de un proyecto de poder que desmanteló la institucionalidad convirtiendo “al sistema de justicia en el en el brazo jurídico del proceso de cambio”. Destaca que los nuevos magistrados ahora puedan actuar “con mayor libertad”.
“Estamos en un proceso de transición. Y, los estándares internacionales de independencia judicial establecen que cuando una sociedad está traspasando de un régimen autoritario, represivo y corrupto a una normalidad democrática, se pueden tomar algunos mecanismos ad hoc especiales para reponer las libertades públicas y el debido proceso”, señala Orias. Y es ahí donde menciona la necesidad de una comisión de la verdad o un mecanismo similar, que ha funcionado adecuadamente en otros países y que podría tener o no tener presencia de la cooperación internacional.
Por tanto, no cree que se debería aprobar una amnistía generalizada a quienes tengan detención preventiva o para los exiliados políticos, sino que esta comisión debería analizar caso por caso.
“Me suscribo también a la perspectiva de Ramiro Rías cuando dice, ‘deberíamos tener una comisión de la verdad, para revisar todos estos casos y desde mi perspectiva creo que definitivamente observación internacional debería existir”, señala Natalia Aparicio.
Ella considera que la justicia ha actuado con favoritismo con estos tres presos, y cita como evidencia los mítines carcelarios reclamando trato igualitario. De hecho, recuerda que, de los 33 mil presos que existen en el país, unos 18.500 no tienen sentencia. Cree que, con estas acciones, los magistrados buscan cuidarse de eventuales procesos por no haber respetado el debido proceso.
Kathia Saucedo replica que la detención preventiva en sí misma no es ilegal y que se convierte en tal solo cuando excede los plazos establecidos. Recuerda que una investigación preliminar debería durar 90 días, la etapa preparatoria seis meses, y la duración máxima del proceso no debería sobrepasar los tres años.
“Yo no encuentro que el instructivo sea ilegal, el instructivo es un es un documento enmarcado en la legalidad”, señala Kathia Saucedo, pero añade que si los plazos de detención preventiva se excedieron, los jueces cautelares deberían ser procesados por el Consejo de la Magistratura.
Y, hace notar que si bien Romer Saucedo ordenó revisar las detenciones de tres casos, luego ordenó la revisión de los demás casos.
“Yo no afirmaría todavía que la justicia es independiente, una justicia independiente tiene mucho más más que esto. Son pequeñas señales de que hay vientos de cambio”, señala Kathia Saucedo.
Reforma pendiente
Aparicio considera que está pendiente la reforma estructural de la justicia. Kathia Saucedo aboga, más bien, por una reforma parcial y basada no solamente en el mérito, sino en la probidad. Esto quiere decir que se debe indagar en la ética, el pasado, el pensamiento y las acciones del postulante y no únicamente en sus títulos.
Orias está de acuerdo con ambas, en sentido de que hace falta una reforma completa de la justicia y que la probidad debe ser central.
Pero, además, propone “un proceso de depuración” porque a título de jueces transitorios “hemos titularizado la mediocridad”.
Kathia Saucedo, que integró la comisión de juristas independientes que emprendió una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución y la justicia, considera que el meollo del asunto es cambiar el método de preselección de autoridades judiciales, para lo que propone la creación de una comisión nacional de postulaciones, que se haría cargo de ese trabajo en reemplazo del Órgano Legislativo, además de otros aspectos, como al asignación de un presupuesto acorde a las taras del Órgano Judicial.
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