Elizabeth Peredo Beltrán
En el último tiempo la transición política ha copado los titulares y el quehacer de agencias noticiosas y debates de coyuntura donde pareciera que la única transición que existe es la que se opera en el paso de un gobierno a otro.
La palabra transición, sin embargo, tiene varios otros significados y dimensiones. Hoy en día en muchos escenarios y ámbitos locales y globales se habla con gran pertinencia de la transición que debería hacerse en la sociedad, en la economía y en particular en la cultura, ante la evidencia de que el modelo dominante es ya insostenible por las grandes desigualdades, en un planeta cuyos límites ecosistémicos están sobrepasados y los colapsos ecológicos, sociales y humanitarios se hacen sentir cada día.
La transición como concepto se ha instalado en los debates del desarrollo y la economía; transición energética, transición económica, transición ecosocial o transición postextractivista tienen un lugar en la conversación y conllevan debates técnicos y políticos, así como disputas de sentidos a veces muy contrapuestos pero absolutamente relevantes para el futuro de las sociedades. Ese es uno de los puntos centrales de la agenda de la COP 30.
Sin negar la importancia de analizar la dimensión política de la nueva coyuntura en el país y los detalles de la transición de gestión, es urgente incorporar perspectivas de contextos mayores y sus conexiones con los temas claves que discurren en la región y el mundo colocando en agenda la sostenibilidad, los derechos humanos y la justicia socioambiental. Esto es importante no sólo para una mejor gestión, sino para visualizar horizontes futuros pensando en las personas, en los territorios y el medio ambiente. Vivimos tiempos de transiciones, ciertamente, y no solo las coyunturales, sino aquellas trascendentales que ponen en foco la posibilidad de un futuro común, inclusivo, respetuoso de los derechos humanos, de la justicia climática, la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza.
Estas perspectivas parecen estar ausentes en el nuevo ciclo estatal que se instala en el país al estilo que se impone; como quien sólo festeja y se saca la foto, se toman decisiones no necesariamente orientadas a responder a la altura de los desafíos planteados. Los detalles de la transición política, con denuncias de oficinas y arcas vacías para encarar el “nuevo rumbo” no quiere decir que no se estén tomando decisiones y posición en los temas de fondo. Así como el lobby corporativo está copando las salas y corredores de la COP 30 del Clima en Belén, el peso de la visión empresarial en Bolivia está copando el nuevo gobierno en un proceso de restauración conservadora que no necesariamente representa al país y amenaza con afectar el frágil equilibrio ecológico y social que tenemos; la perspectiva que se impone es una economía mercantilizada aunque se la quiera presentar como “economía verde” (colorcito fagocitado que sirve para maquillar cualquier barrabasada) no está lo suficientemente analizada, debatida y reflexionada porque va en contra ruta de lo que debería hacerse.
El nuevo gobierno no habla con claridad de los límites socioecológicos ni de cómo lograr la sostenibilidad, tampoco del sentido de la justicia climática que se está debatiendo en la COP 30, ni de los actores sociales que van a garantizarla y con quienes hay que construir alianzas y consensos de sostenibilidad y justicia ambiental territorial. El nuevo gobierno pretende, al menos en su retórica, una visión de gobernabilidad “bukelizada” (la peor versión que se haya concebido en la región), se asienta en la ausencia de la voz de los sectores trabajadores, agrícolas, indígenas y populares y apuesta por una doctrina social conservadora que busca contener cualquier visión crítica o disidente. La narrativa de progreso y bendiciones que se impone, parece hacer de la vista gorda de los problemas y desafíos ambientales que no son poca cosa. Así lo han demostrado las declaraciones del nuevo ministro de Medio Ambiente que a tiempo de anticipar su posible participación en la COP 30, ha dado alguna información de lo que significaría una política climática, dejando clara su apuesta por los intereses agroindustriales, lo que anticipa la continuidad del despojo.
La instalación del gobierno perfila un escenario que nadie entiende. Habla de una economía verde como sinónimo de sustentabilidad, pero se inclina a defender los intereses corporativos de la agroindustria; habla de sostenibilidad, aunque entre sus promesas electorales está la legalización de los autos chutos que es ejemplo de garganta de lata y pies de barro. La legalización de los autos chutos -promesa electoral que ha despertado gran expectativa-, es un vector de contaminación ambiental de más emisiones fósiles, innegable por donde se la mire.
Estas incongruencias y debilidades pueden tener un costo muy alto para la sociedad boliviana y retardar aún más las urgentes conversaciones en los planos nacionales y municipales sobre la transición socioecológica, camino imprescindible que debe tomarse del lado de la justicia ambiental y la sostenibilidad de la vida.
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Elizabeth Peredo es Psicóloga Social, investigadora, autora y activista
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