ANF
Como resultado de las observaciones recogidas en el informe defensorial “Criminalización del Trabajo Sexual”, la Defensoría del Pueblo promueve la modificación de la libreta de salud para precautelar el derecho a la imagen y a la vida privada de las trabajadoras sexuales, y un protocolo para la acción policial.
“En la primera etapa de este informe sí se ha generado para que el Sedes (Servicio Departamental de Salud) evite el tema de poner los nombres verdaderos y las fotografías que es una vulneración total a la imagen y a la vida privada de las compañeras”, dijo a ANF Nelson Churqui, profesional de Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo.
Indicó que actualmente se está trabajando para que el documento como tal tenga características únicas y solo se pueda conocer la información mediante un código al que tenga acceso únicamente funcionarios del Sedes.
Churqui señaló que en la elaboración del informe se detectó que en algunos municipios pedían a las trabajadoras el nombre verdadero, el número de carnet, la dirección del domicilio y una fotografía, y con toda esa información eran víctimas de extorsión.
“Las compañeras nos decían: ‘van los policías, nos quitan el documento y en algunos casos como ya saben dónde vivimos nos amenazan con ir a nuestras casas, hacernos pintar y decir a nuestra población, al entorno familiar, que yo trabajo como puta’; bajo ese temor las compañeras decían hay que cambiar esta situación”, refirió el funcionario.
Indicó que en otros países ya no se solicita a las trabajadoras sexuales ninguna libreta, con tal de que sean mayores de edad, sin embargo, “en nuestro país todavía tenemos esa mirada criminal contra este ejercicio”.
Trabajadoras sexuales denunciaron a ANF que continúan siendo extorsionadas por la Policía cuando les exige la libreta sanitaria, un control solo atribuido al Servicio Departamental de Salud (Sedes). Los efectivos mediante batidas interceptan a las trabajadoras y les exigen dinero o servicio sexual a cambio de dejarlas libres y no iniciar una investigación por “atentado a la salud pública”.
Pese a los diferentes compromisos del propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y los instructivos internos para que la Policía cese ese comportamiento, los efectivos “se ríen en la cara de las compañeras cuando se les presenta el documento que es de conocimiento público”.
“Los policías siguen exigiendo la libreta sanitaria y deteniendo a las compañeras por atentado a la salud”, informaron a ANF trabajadoras que pidieron la reserva de sus nombres.
El proceso de adecuación de la libreta se viene realizando con el Ministerio de Salud y el protocolo para policías con el Ministerio de Gobierno, para evidenciar el desconocimiento por parte de los efectivos “que no tienen la capacidad para exigir la libreta como tal”.
“Se ha establecido y se está elaborando una guía, un documento en el cual se pongan los pasos para que la Policía conozca cuáles son sus competencias y funciones para desarrollar las acciones al momento de hacer la prevención y el control en los lugares donde se ejerce el trabajo sexual”, apuntó.
Dijo que la Defensoría del Pueblo hace hincapié en que el control de la libreta de salud, malentendida por las autoridades policiales y por las autoridades de los municipios, solo es tuición de los Sedes, mediante el Serevir, “son las únicas personas que pueden exigir a las compañeras el cumplimiento de esos controles, más no la policía, más no los guardias municipales”.
Recordó que en Tarija incluso participaban las juntas de vecinos en este control, una situación “totalmente inexplicable” porque no les compete, y esto a la vez “generaba que tanto la policía como los guardias municipales llegaran a ejercer formas de coacción”, en relación con que, como no tiene su carnet, las arrestan por ocho horas, las procesaban por atentado a la salud pública, “y a partir de esta coacción, se les exigía pagos a las compañeras”.
Los cobros iban de 100 a 200 bolivianos, pero debía ser pagado con servicios sexuales. “Es totalmente conocido el hecho de que los policías como los guardias municipales solicitaban piezas gratis para no arrestarlas”.
Aparte de la Policía, como principal institución vulneradora de los derechos humanos en general, las trabajadoras sexuales denuncian a los fiscales y a los funcionarios del Centro Regional de Vigilancia y Referencia de VIH-SIDA (CRVIR).
“Todas las instituciones vulneran nuestros derechos, ya sea por acción o por omisión”, señalaron.
Además de estas iniciativas, Churqui indicó que desde la Defensoría del Pueblo se ha trabajado desde noviembre de 2023 a febrero de este año, en planes de acción que van hasta la gestión 2028, con el propósito de elaborar una Ley Modelo a nivel municipal para el control y regulación del trabajo sexual.
“Cuando hablamos con las trabajadoras sexuales en el marco de estos planes de acción, ellas requieren de la Defensoría del Pueblo temas como planificación familiar, prevención de violencia intrafamiliar o doméstica, nos decían ayúdennos con temas relacionados con la prevención de la drogadicción y del alcoholismo, que son los factores que están día a día con las compañeras en el ámbito del desarrollo de sus trabajos”.
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