La noche del 1 de julio, un grupo de defensoras y defensores de derechos fueron retirados de la plaza Murillo, lugar al que acudieron para exigir respeto a la democracia y a la defensa de los derechos humanos, que se vieron menoscabadas por la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
Con megáfonos y el grito de “democracia es libertad”, el grupo de personas que levantaron consignas en favor de los derechos humanos fue retirado por un contingente policial que impidió su permanencia frente al Palacio de Gobierno y retiró a los manifestantes a empujones.
Entre las manifestantes se encontraban defensoras de derechos como Amparo Carvajal, Griselda Sillerico, Olga Flores, entre otros.
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Así como la Policía resguarda el kilómetro cero, también lo hace con las instalaciones de la APDHB, que se encuentran tomadas desde el pasado 2 de junio por el grupo paralelo encabezado por Edgar Salazar y que tiene el apoyo del gobierno.
Amnistía Internacional lanza campaña a favor de Amparo Carvajal
Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para exigir la devolución de los predios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a su titular, Amparo Carvajal, de 84 años, un mes después de la toma violenta de las oficinas. La organización ha publicado una carta modelo dirigida al presidente Luis Arce, instándolo a garantizar la seguridad y la salud de Carvajal.
La carta expresa preocupación por la seguridad de Amparo Carvajal y sus colegas, quienes fueron obligados a abandonar las oficinas de la APDHB por un grupo de personas el pasado 2 de junio. En la misiva, se mencionan las difíciles condiciones en las que Carvajal ha estado durmiendo frente a las oficinas y la falta de servicios higiénicos, además de la destrucción de documentos y el impedimento de continuar su labor en defensa de los derechos humanos.
La carta modelo, que se puede descargar en la página de AI en inglés y español, solicita al presidente Arce que garantice urgentemente la salud, la integridad física y la seguridad de Amparo Carvajal y sus colegas, así como el acceso a las oficinas de la APDHB para asegurar la continuidad de su labor vital en la defensa de los derechos humanos.
Desde el día de la toma violenta, activistas sociales, defensores de derechos humanos y Amparo Carvajal han mantenido una vigilia en las puertas de la Asamblea, con el objetivo de recuperar las instalaciones que continúan ocupadas por simpatizantes del partido azul y bajo resguardo policial.
Fiscalía desestima denuncia contra Salazar
Por otro lado, la Fiscalía departamental de La Paz desestimó la denuncia por allanamiento presentada contra Édgar Salazar, activista de derechos humanos afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Según la resolución de desestimación, no se pudo demostrar que las instalaciones de la APDHB sean el lugar de trabajo de Amparo Carvajal.
Según una nota de la ANF, la denuncia fue presentada el 2 de junio por Carvajal, junto a las legisladoras Luisa Nayar y Luciana Campero, acusando a Salazar de allanamiento. Sin embargo, la resolución de desestimación argumenta que las afirmaciones de Carvajal sobre las instalaciones allanadas como su lugar de trabajo eran subjetivas y carecían de elementos objetivos.
Amparo Carvajal lamentó la decisión de la Fiscalía y reafirmó que las oficinas allanadas son su lugar de trabajo, donde se reciben denuncias de vulneración de derechos humanos y se almacenan informes de casos relevantes. Criticó la protección brindada a quienes ocuparon ilegalmente las instalaciones y expresó su decepción ante la falta de justicia.
