Colectivos piden garantizar los derechos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Foto referencial: ERBOL
Alrededor de 80 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el cierre del Ministerio de Justicia e indicaron que esta medida se constituye en “un golpe directo a la institucionalidad encargada de proteger los derechos humanos de bolivianos y bolivianas en el país, en particular, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”.
Entre los firmantes figuran organizaciones de derechos humanos, de mujeres, diversidades, niñez, juventudes y colectivos ciudadanos, que exigen la continuidad de las políticas y servicios relacionados con la protección de los derechos de las personas.
El presidente Rodrigo Paz tomó la decisión de cerrar el Ministerio de Justicia en medio de una pugna con el vicepresidente Edmand Lara por el control de esa entidad, aunque aún no ha informado qué ocurrirá con las reparticiones dependientes del mismo. Paz argumentó que esa cartera de Estado fue utilizada por el MAS para perseguir a los opositores. De hecho, el Ministerio de Justicia y el de Gobierno fueron los demandantes en los casos en lo que estaban acusados los líderes de la protesta de 2019 y la propia expresidenta Jeanine Añez.
Las entidades firmantes, agrupadas en la plataforma Alerta 348, señalan que el cierre “afectaría a instancias clave como el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Viceministerio de Derechos Fundamentales, Viceministerio de Prevención y Gestión Institucional, Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, SEPDAVI, SIJPLU, SIPASSE, la Defensoría del Pueblo, las direcciones de género, generacional, niñez, discapacidad y adultos/as mayores”.
“Exigimos la continuidad plena de las políticas públicas y servicios, garantizando un presupuesto adecuado, suficiente para garantizar el acceso a derechos. Asimismo, demandamos la estabilidad del SEPDAVI, SIJPLU, SIPPASE, de las demás instancias desconcentradas que previenen la violencia y brindan asistencia jurídica, cuya función es garantizar la seguridad de la ciudadanía boliviana”, señalan las organizaciones.
Señalan que estas instituciones “cumplen funciones vitales para mujeres víctimas de violencia, niñas, adolescentes, juventudes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, adultos/as mayores, personas en riesgo de trata y todas las personas que dependen del Estado para acceder a justicia gratuita y servicios de protección”.
“Recordamos al Estado que tiene la obligación constitucional e internacional de proteger los derechos humanos. Cualquier medida que desmantele la institucionalidad constituye un incumplimiento grave y un retroceso inadmisible”, señala el pronunciamiento que fue hecho público la noche del viernes.
Especifican que la decisión del cierre contradice recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado con el sistema Universal de Derechos Humanos, CEDAW, CIDH, CDPD, Belem do Pará y Examen Periódico Universal, “que han exhortado a Bolivia a fortalecer -no desmantelar- su institucionalidad en derechos humanos, igualdad y políticas de prevención y atención a las violencias”.
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