La justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y en nuestro país su reforma es una necesidad urgente. Los últimos guiños de reforma como, la Cumbre Nacional de Justicia de 2016 y la propuesta de las y los Juristas Independientes 2022-2023, han buscado impulsar cambios, pero los resultados son invisibles, y la justicia sigue agonizando. No basta con ajustes normativos; es necesario abordar problemas de raíz, como la formación de las y los juristas, un tema que merece pensar y actuar.
En esta columna de opinión, quiero compartir algunas reflexiones sobre cómo mejorar la justicia, centrándome en uno de sus pilares: la educación de las y los juristas.
En Bolivia, la educación jurídica enfrenta desafíos estructurales que no solo reproducen desigualdades, sino que también limitan el acceso a una formación de calidad. Prácticamente todas las universidades públicas, incluidas la Universidad Pública de El Alto y la Universidad Siglo XX de Llallagua-Potosí, ofertan la carrera de derecho. Lo mismo ocurre con las universidades privadas, salvo aquellas especializadas, como la Escuela Militar de Ingeniería. Sin embargo, la amplia oferta no garantiza calidad.
Un estudio: La profesión jurídica en Colombia: falta de abogados y exceso de mercado’, 2019, realizado por Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos Bedoya, ofrece reflexiones que pueden servirnos para pensar en nuestra realidad. El estudio señala que la falta de regulación estatal y la autorregulación de las universidades, bajo el argumento de la autonomía, han permitido la proliferación de programas de baja calidad. En Bolivia, este fenómeno es similar: muchas universidades privadas emergentes ofrecen formación jurídica sin estándares claros, lo que deriva en profesionales poco preparados para roles clave en el Estado, como los son las y los jueces, fiscales, asesores o magistrado.
Además, el alto costo de la educación superior en universidades privadas no se limita a los semestres o módulos. Los gastos se extienden a trámites de titulación, certificados exigidos por las mismas instituciones y pagos de «valoradas» que percibe el Estado a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Aunque algunas universidades ofrecen mayor calidad, sus matrículas son más altas, relegando a la mayoría de aspirantes a instituciones de menor prestigio. Por otro lado, las universidades públicas, bajo la bandera de una «autonomía» vaciada de contenido en las últimas décadas, se resisten a ser evaluadas y exigidas en términos de calidad educativa. Esta situación no solo perpetúa las desigualdades sociales, sino que también debilita la eficiencia y credibilidad del sistema judicial.
Para enfrentar estos desafíos, es esencial que el Estado asuma un rol más activo en la regulación de la educación jurídica. Esto implica establecer estándares de calidad más altos, promover la acreditación de instituciones de educación superior y crear mecanismos de evaluación continua, tomando como referencia experiencias de otros países, pero siempre sentada en nuestra realidad, a nuestras particularidades históricas, culturales e institucionales. Además, se debe garantizar una oferta pública de educación jurídica de alta calidad, ya que la inversión para el funcionamiento de las universidades públicas es de todas y todos. Esta oferta debe llegar a todas las regiones, especialmente a aquellas con menor acceso a la educación, rechazando el centralismo que no responde a las características de nuestro país.
También es crucial promover la igualdad de oportunidades mediante políticas de becas y financiamiento para estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, estas iniciativas han estado marcadas por denuncias de corrupción en la dirigencia universitaria, administrativos, docentes y en organizaciones sociales, por lo que es necesario establecer controles participativos, públicos que garanticen su transparencia. Es fundamental allanar el camino para aspirantes a la carrera de derecho que estén motivados, comprometidos y comprometidas, pero que carezcan de oportunidades. La convivencia entre diferentes clases sociales en las aulas puede fomentar el entendimiento mutuo y romper con los prejuicios. La formación de las y los juristas debe fortalecer no solo el conocimiento doctrinario, sino también la ética y la vocación de servicio, formando profesionales comprometidos con la justicia.
La reforma de la justicia en Bolivia no será posible sin una transformación profunda de la educación jurídica. Solo con una formación accesible, equitativa y de calidad se podrá construir un sistema judicial que inspire confianza y garantice justicia. Este desafío es urgente y requiere el compromiso del Estado, las universidades, los colegios de abogadas y abogados y la sociedad civil en su conjunto. Solo con una sólida formación se podrá alcanzar una justicia digna y eficiente.
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J. Alex Bernabé Colque es defensor de derechos humanos
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