Daniela Orihuela Arratia
Las elecciones llevadas a cabo este año se presentan como una encrucijada histórica. Bolivia atraviesa un momento crítico, la profunda crisis multidimensional, marcada por la crisis ambiental, hídrica, estancamiento económico, la inestabilidad política y el colapso de las instituciones judiciales requieren medidas urgentes. Sin embargo, al examinar los programas de gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) encabezado por Rodrigo Paz, y Alianza Libre 21, con su candidato Jorge “Tuto” Quiroga, se puede advertir que tienen diferencias que son meramente discursivas, lo que lleva a una conclusión incómoda: ambos ofrecen caminos distintos hacia el mismo destino, la continuidad del modelo extractivista que ha fragilizado al país, dejando una estela de conflictos sociales, contaminación de ríos con mercurio, pérdida de bosques y forma de vida de los bolivianos y bolivianas.
La propuesta de Libre busca posicionar a Bolivia como un centro tecnológico y de exportación, que se basa en un extractivismo clásico promoviendo la privatización parcial de las empresas, en pocas palabras reducción del estado y apertura al capital extranjero.
La individualización de la propiedad corre el gran riesgo de fragmentar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, un pilar fundamental de la Constitución boliviana. Estas propuestas se traducen en el debilitamiento del derecho comunitario, deforestación acelerada por la expansión del agronegocio, impulso a la minería y al litio como motor económico sin pensar en las consecuencias ambientales y la vulneración de derechos humanos y comunitarios. Además, su estrategia de combatir el narcotráfico mediante la nacionalización del comercio de coca podría generar conflictos sociales, sin abordar las causas estructurales del problema.
El programa del PDC pretende presentarse como una alternativa “verde”, habla de un “gobierno ambiental” financiado con 15.000 millones de dólares, bonos de carbono y energías renovables. Sin embargo, el núcleo de su proyecto sigue orientado a la exportación: megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y minería con la misma lógica extractivista 2.0.
Ambos programas, a pesar de su lenguaje moderno que corre el riesgo de convertirse en greenwashing, sus promesas de cambio ven a los recursos naturales como mercancía con la continua dependencia de mercados internacionales.
Ambos programas de gobierno dependen de la minería, especialmente del litio, y del agronegocio de exportación, lo que amenaza a ecosistemas frágiles y de gran importancia para el país y el planeta, como los sitios RAMSAR en los Lípez, la Chiquitania y la perdida de sectores de megabiodiversidad en la Amazonía.
Las propuestas para los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, adulto mayor, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y niños, sectores vulnerables de nuestra sociedad, son genéricas en cuanto a la protección de derechos y no abordan la informalidad laboral, la crisis alimentaria y sanitaria, la migración climática o la consulta previa libre e informada, cinco de los mayores desafíos que enfrenta la población boliviana.
Los análisis de estos programas revelan un punto ciego preocupante: la falta de una estrategia real de diversificación económica para superar el modelo extractivista que pretende disfrazarse de modernización corriendo el riesgo de hipotecar el futuro de nuestro país, no se puede maquillar un sistema fallido este debe ser transformado por completo, en lugar de buscar mercantilizar la naturaleza a través de bonos de carbono o megaproyectos de exportación.
Estas propuestas no toman en cuenta que los costos y daños se reparten de manera injusta, las ganancias se concentran en élites políticas y económicas y los costos ambientales y sociales recaen sobre comunidades indígenas, mujeres rurales y generaciones actuales de jóvenes y niños que heredarán un país más vulnerable al cambio climático.
El debate electoral debería girar en torno a una pregunta fundamental: ¿seguirá nuestro país atrapado en el extractivismo, o se atreverá a construir un modelo de justicia climática, soberanía y respeto a los derechos humanos y colectivos?
Los candidatos insisten en reciclar el mismo esquema con distintos discursos, las urnas en estas elecciones no marcarán un verdadero cambio, sino la continuidad de un mismo patrón que ha hipotecado el desarrollo boliviano durante siglos.
Esta pregunta es para cada uno de los bolivianos y las bolivianas porque el cambio no vendrá de ningún candidato ni de un gobierno, el cambio viene y vendrá desde la fuerza colectiva que sostiene al país día a día, protegiendo los territorios y la juventud incansable que lucha por sus derechos y los derechos de la madre tierra, el poder se llama pueblo y el pueblo exige justicia ambiental porque sin ella no existe justicia social.
–0–
Daniela Orihuela Arratia es abogada en derechos humanos y medio ambiente, y activista del colectivo Lucha por la Amazonia boliviana.
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
