De izquierda a derecha, Rubén Darío Cuéllar, Guisela Derpic y Waldo Albarracín.
Waldo Albarracín, Rubén Darío Cuéllar y Guisela Derpic, tres juristas de reconocida trayectoria en diversos ámbitos, coinciden en que la manipulación de la justicia por parte del Ejecutivo es un signo dictatorial.
Cuéllar cree que se debe cambiar el concepto de dictadura, toda vez que en los 70 eran los militares los que tomaban el poder, mientras que ahora “las dictaduras se constituyen a través de la cooptación del órgano judicial (…) porque se trata de administrar el temor antes que la represión”.
Indica que la justicia “se ha convertido en el ariete principal con el que se persigue a las personas que piensan distinto”.
Los tres abogados participaron del programa Sumando Voces en Directo, donde analizaron la manipulación de la justicia por parte del Órgano Judicial, a raíz del denominado caso consorcio, por el que tuvo que renunciar el exministro de Justicia, Cesar Siles, luego de que se conociera un audio en el que se le escucha pedir a un juez de Coroico que saque de su cargo a una magistrada del TSE con un fallo judicial.
Derpic señala que el caso no podría llamarse “consorcio”, puesto que esa figura penal alude a la sociedad entre abogados y jueces que se unen para manipular la justicia con fines económicos, pero no implica la participación de autoridades.
“A mí me da la impresión de que estamos confundidos. Y estamos llamando delito de consorcio de abogados y jueces a otra cosa que se llama, en buen castellano, dictadura. ¿Y qué es la dictadura? Es aquel régimen político en el que se cancela, entre otras cosas, la independencia de los poderes y hay concentración del poder en uno solo y en este caso el Órgano Ejecutivo”, indica Derpic.
Al haber “una descomposición total del Órgano de Justicia y del sistema de contrapesos que regula el funcionamiento de los órganos del estado”, los ciudadanos quedan en la indefensión, explica.
Albarracín coincide en que Bolivia está viviendo bajo el régimen de “una dictadura” aunque el ropaje externo sea una democracia.
“El Gobierno mantiene un doble discurso porque cuando sale fuera de las fronteras, por ejemplo, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sus portavoces hacen todo un show para querer demostrar que en Bolivia se respetan los derechos humanos, que no hay presos políticos, pero internamente son sañudos en su dictadura”, comentó.
Según la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos, que dirige Albarracín, hay 347 perseguidos políticos de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce. Pero, lo llamativo es que entre éstos figuran también funcionarios de este gobierno, que “por intentar actuar con honestidad han sido enviados a la cárcel”, según Albarracín.
La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que dirige Cuéllar, también contabilizó los presos políticos llegando a la conclusión que son 172 solo en el gobierno de Luis Arce hasta octubre del 2024, pero un registro que incluye al gobierno de Morales suma 300 detenidos y mil exiliados, según el jurista.
Los abogados coinciden que el mecanismo para consolidar esta estructura fueron las elecciones judiciales que, según Derpic, “son una farsa para nombrar a los más descalificados para que fácilmente se conviertan en esbirros”.
En coincidencia, Albarracín sostiene que “un jurista que tenga principios, valores, vocación de justicia, obviamente no va a permitir que a través de un telefonazo un ministro le diga cómo tiene que fallar, cómo tiene que operar”.
¿Desde cuándo?
Waldo Albarracín señala que esta práctica no es reciente y que cada gobierno, sin importar su línea política, termina manipulando la justicia. “Ningún gobierno ha renunciado al beneficio fáctico de ejercer un control sobre los demás poderes del Estado”, dijo.
Cuéllar discrepa con Albarracín y dice que el deterioro terminal de la justicia ha iniciado con la reforma del 2009, con la elección de jueces de las altas cortes “sin ningún otro criterio que el político”.
“El partido de gobierno (MAS) ha hecho uso de sus dos tercios en el Órgano Legislativo para poder proponer para las listas los nombres que se le pegara en gana y obviamente ha buscado en esos nombres a sus militantes más disciplinados”, indica.
Derpic tampoco está de acuerdo con la idea de que siempre fue así. “El 2006 marca una frontera no solo entre democracia y dictadura, sino entre la sensatez y la indecencia y la insensatez y la falta de decencia”.
Reforma pendiente
Los panelistas coinciden que la reforma judicial queda pendiente para el próximo gobierno que, tendrá la tarea de “reconstruir, recuperar la institucionalidad democrática tan venida menos”, expresa Albarracín.
Derpic considera que la tarea más importante será “recuperar la independencia del poder judicial” y Cuéllar apuesta por recuperar las instituciones en vez de terminar de destruirlas, frente a opiniones que hablan de cerrar el Tribunal Constitucional.
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