Reyna fue acusasa de cometer delitos, pese a que solo estaba con sus hijos en un hospedaje. Foto: Ministerio de Gobierno
ANF
La Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó que se vulneraron los derechos de Reyna H. H., exhibida públicamente por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno, el 22 de enero. A la vez, dispuso que esa cartera de Estado convoque a una conferencia para rectificar la información que brindó sobre la mujer.
“Teniendo en cuenta que el Ministerio de Gobierno ha dejado sin efecto y ha retirado de la página web la conferencia de prensa del 22 de enero del presente año, se dispone que, como medida de reparación, en un acto similar dicha autoridad rectifique la información otorgada respecto a la peticionante de tutela reparando los derechos fundamentales de accionante”, dictaminó el vocal de la sala.
El 29 de enero, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en representación de la víctima, presentó una acción de protección de privacidad contra el Ministerio de Gobierno por la vulneración de derechos y al principio de presunción de inocencia que se cometió cuando se la expuso a los medios de comunicación.
Con el fin de que ese hecho no se repita, la sala falló que ninguna persona procesada por un determinado delito puede ser expuesta de manera pública. Sin embargo, eso no restringe el trabajo del Ministerio de Gobierno para mostrar las fotografías de aquellos prófugos de la justicia, desaparecidos o que hayan cometido un delito en flagrancia.
“El Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad o que se encuentran procesadas por algún ilícito penal, no pueden ser exhibidas con las actuaciones procesales policiales o administrativas; sin que ello signifique que, en el ejercicio de sus competencias, el Ministerio de Gobierno o la Policía Boliviana no puedan exhibir fotografías de personas prófugas, desaparecidas o que han cometido delitos en flagrancia a fin de dar con su paradero e iniciar una investigación”, señaló.
Según la investigación, la mujer se encontraba supuestamente desaparecida desde el 30 de diciembre de 2024. La Policía y la Fiscalía activaron su búsqueda, el 21 de enero la encontraron junto a sus hijos, posteriormente, se presentó una imputación por simulación de delito, violencia intrafamiliar y abandono de menor.
Durante la audiencia, el abogado del Ministerio de Gobierno aseguró que no se vulneraron los derechos de la víctima porque no se la sindicó que haya cometido los delitos penales por las que, posteriormente, fue imputada por el Ministerio Público.
“El accionante alega que en dicha conferencia se habría responsabilizado directamente o se habría atribuido la culpa de la comisión de los tres delitos”, manifestó.
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