Septiembre de 2024, escuderos afines al gobierno en la calle Colón en La Paz. Foto: ANF
ANF
Rodolfo Rodríguez no ha vuelto a participar de una manifestación de protesta después que en 2022 fue detenido por la Policía por portar petardos y escudos artesanales, fue sentenciado por un delito que no se probó. Dos años después, escuderos afines al Gobierno actuaron a vista de los policías. El Estado rendirá cuentas en enero de 2025 sobre el respeto de los derechos humanos en el Examen Periódico Universal (EPU).
El 21 de julio de 2022, ocho jóvenes fueron interceptados por efectivos policiales en la plaza Abaroa de La Paz, tras participar de una marcha convocada por los médicos. Tres activistas fueron detenidos; mientras que los otros cuatro, que eran militares vestidos de civil infiltrados en las organizaciones críticas al gobierno de Luis Arce, fueron liberados.
Los tres jóvenes que ese día portaban petardos, cascos, escudos y vinagre, fueron aprehendidos por policías de civil, luego obligados a la fuerza y a empujones a subir a un auto patrullero y en la FELCC fueron intimidados. No les permitieron hacer una llamada para comunicar su detención y tampoco les permitieron llamar a un abogado.
Los escudos y cartuchos que portaban los jóvenes en 2022.
Pese a la falta de evidencia, fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro, acusados de tenencia, porte y portación de armas, aunque la Fiscalía nunca demostró qué armas tenían en su poder.
Rodolfo nunca va olvidar su paso por la cárcel, marcó su vida y la de su familia. “Nunca habíamos pisado una cárcel, el miedo era tremendo al ver que nos metieron a la Cocina”, recuerda.
La Cocina es el espacio donde no solo se preparan los alimentos, sino donde entran los nuevos que no tienen “sección”, los castigados. Duermen en el piso húmedo, totalmente hacinados. El único consuelo era que estaban los tres para “acompañarse y protegerse”.
Dos de los activistas Rodolfo Rodríguez. y Ricky F. se sometieron a proceso abreviado y recobraron su libertad. Mauricio Bruzzone continúa en la cárcel e incluso le abrieron otro proceso penal. Rodolfo tiene el peso de haber aceptado ese proceso porque “destruyó su vida”, ahora tiene antecedentes penales por un delito que no cometió.
En el plano familiar, su matrimonio se rompió y perdió su pequeña empresa de diseño gráfico, porque sus clientes dejaron de buscarlo cuando entró a la cárcel y tuvo que permanecer muchos meses fuera de su actividad, teniendo que empezar prácticamente de cero.
Carmen Arista, abogada de Rodolfo y Ricky, dice con firmeza que “nunca se les encontró un arma” y el supuesto “líquido inflamable” que portaban era “vinagre”, que se usa para evitar el efecto de los gases lacrimógenos.
Sin embargo, “un sin fin de mensajeros iban y los buscaban a los muchachos en la cárcel de San Pedro y les sugerían irse directamente a proceso abreviado, sin que ellos hubieran cometido ningún tipo de ilícito”, dice Arista.
El precio de asumir un delito que no cometieron era su “libertad”, porque “detrás de cada uno de ellos hay una familia, realmente ha sido mucha presión para ellos», rememora la abogada.
La Fiscalía nunca esclareció la participación de Oscar Sánchez Céspedes (teniente), Hugo Herrera Mercado (teniente de artillería), Álvaro Barcaya Mamani (teniente de infantería) y Luis Alfredo Lero (sargento), militares del Ejército, según sus declaraciones juradas, que se infiltraron con nombres falsos en las organizaciones civiles haciéndose “amigos” de los activistas.
De acuerdo a las denuncias, los militares desempeñaron el papel de provocadores e incitadores. La defensa sostiene que se trató de un caso armado.
Pero este no es el único caso, Arista sostiene que hay un “modus operandi” en este tipo de procesos que “los inician con informes de inteligencia”. Así se acusó a los líderes cocaleros de los Yungas, como César Apaza, Raúl Uria, Freddy Machicado, Juan Elías Cocarico, entre otros.
“La Policía desde que el ministro de Gobierno, (Eduardo Del Castillo), está a la cabeza, ha perdido completa institucionalidad y estructura, ya no podemos sentirnos ni seguros ni creer que una investigación en manos de la Policía va a estar sesgada de tintes políticos”, afirma.
El sesgo político de la Policía
A diferencia de la actuación policial, fiscal y judicial contra Rodolfo, Mauricio y Ricky; la Policía tuvo una conducta permisible con los “escuderos” afines al gobierno de Luis Arce, quienes en septiembre de este año funcionaron como una “guardia civil” a la vista de los efectivos policiales.
Grupos de jóvenes lo suficientemente equipados con pasamontañas, protectores faciales, cascos, guantes y escudos se apostaron en septiembre de este año en plena puerta de la Casa grande del Pueblo supuestamente para resguardar al gobierno de Arce de una marcha denominada “Para salvar Bolivia” liderizada por el expresidente Evo Morales.
Los escuderos en la calle Colón en defensa del gobierno de Luis Arce. Foto: Archivo ANF/septiembre 2024.
El deterioro del estado de Derecho
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red UNITAS registró 729 vulneraciones a las libertades fundamentales, hasta el 3 de diciembre de 2024. La vulneración a la institucionalidad democrática (446), libertad de expresión (28), libertad de prensa (106), libertad de reunión y protesta (92), libertad de asociación (9) y derechos de los defensores (48).
La suma de vulneraciones en ascenso preocupa a la APDHB, es más, esta entidad ha experimentado el año pasado el “avasallamiento” de su casa por un grupo de “activistas” afines al gobierno, que se arroga la representatividad de los derechos humanos, ha dicho Carvajal.
El conflicto duró 52 días de vigilia, de los cuales, 12 días Amparo Carvajal estuvo en una terraza. La octogenaria activista permaneció resguardada por una carpa, con restricciones de acceso al baño y a una adecuada alimentación.
Con la intervención del cónsul de España en Bolivia, Guillermo Gil, Carvajal abandonó la terraza, tras lograr que el grupo que tomó la sede también desaloje. Sin embargo, aún no pudieron recuperar la casa, desde entonces es custodiada por al menos 10 policías.
Miembros de la APDHB en la calle siguen cumpliendo su labor, los efectivos policiales siguen custodiando la casa. Foto: ANF
La sociedad civil organizada, conformada en una coalición de 300 instituciones y organizaciones, expuso sobre la vulneración de Derechos Humanos y Ambientales, Derechos a Pueblos Indígenas y el deteriorado del Estado de Derecho en Bolivia, entre otros temas, en un informe alternativo rumbo al Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un proceso que implica una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, para que todos los Estados declaren qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para superar las dificultades.
Se trata de una instancia que se ha creado en 2006, y que su objetivo final es la mejora de la situación de los derechos humanos en todos los países; ha sido diseñado para impulsar, apoyar, y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos en terreno.
Los exámenes se realizan con base en: 1) información que proporciona el Estado sometido a examen, que puede adoptar la forma de un “informe nacional”, 2) información incluida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, que se conocen como los Procedimientos Especiales, organismos de tratados, de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas; 3) información procedente de otros interesados incluyendo instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.
Es en esta tercera categoría que la sociedad boliviana expuso su informe haciendo un repaso a un conjunto de 21 derechos, cada uno haciendo énfasis en las recomendaciones incumplidas por el Estado boliviano representado en el gobierno nacional, y aquellas que tienen algún nivel de avance.
El 2019 el Estado boliviano se presentó por tercera vez ante este mecanismo para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones y ser examinado nuevamente. 87 países realizaron 238 recomendaciones, el Estado aceptó 207, de las cuales 129 consideró debían cumplirse, 77 que ya se habrían cumplido o estarían en proceso y 1 como parcialmente aceptada, además, 31 recomendaciones fueron anotadas, según UNITAS.
El especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, observó que en el país en vez de darse avances en materia de institucionalidad existe una crisis de la justicia y del estado de derechos en el marco del debilitamiento democrático.
“Es una gran oportunidad para que estos Estados conozcan cómo está Bolivia y cómo el país está yendo en contraruta a los convenios y acuerdos que el propio Gobierno ha firmado”, sostuvo al señalar que al país no le hace bien incumplir las recomendaciones que recibe de los estados miembros.
“Expusimos cómo estas problemáticas afectan el entorno propicio para ejercer derechos y la institucionalidad democrática. Este espacio es un proceso de incidencia que busca que las delegaciones diplomáticas identifiquen nuestras preocupaciones y las incluyan en sus recomendaciones al Estado boliviano en enero”, dijo la coordinadora del programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de UNITAS, Claudia Terán, tras la exposición ante el Grupo de Trabajo del EPU, en Ginebra.
El informe de la sociedad civil, un repaso a los incumplimientos
En el informe de la sociedad civil en relación a la libertad de reunión y derecho a la protesta las recomendaciones aún no fueron implementadas. “En 2023, la libertad de reunión pacífica y protesta fue la tercera categoría de derecho más afectada. El 60% de las violaciones se debió a la intervención violenta de la Policía en manifestaciones. Además, hubo obstrucción y represión de protestas (16%), resultando en enfrentamientos (5 casos), heridos (3 casos), uso excesivo de agentes químicos (3 casos) y desalojo forzoso (1 caso)”.
En relación a la libertad de asociación dice lo mismo, “aún no implementadas”; sobre el sistema de justicia observan el bajo presupuesto para el Órgano Judicial, el frustrado anuncio en 2020 de una reforma judicial, la no realización de una cumbre de justicia; hacen notar que en 2023 no se realizaron las elecciones judiciales para cambiar los máximos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Mencionan que los casos de tortura y tratos crueles no son debidamente investigados debido a la falta de especialización de las autoridades y la intimidación a las víctimas. De la misma manera observan el cumplimiento de la lucha contra la corrupción, la Comisión de la verdad, los pueblos indígenas, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.
El miedo se impone
Rodolfo nunca más ha participado de una movilización, tampoco pretende hacerlo, porque el juez así lo ordenó cuando lo sentenció. Aunque cree que la estrategia de las autoridades de infundir miedo a través de las detenciones sin pruebas se pone por encima del derecho a la protesta.
“Han empezado con nosotros al arrestarnos. Decir: ‘la gente se calla sino los agarramos y los metemos presos’ (…) Ya nadie quiere (movilizarse), los jóvenes tienen miedo salir a protestar, dicen ‘nos van a agarrar y nos van a meter (a la cárcel)’”, comenta.
Los organismos internacionales defienden el derecho a la protesta pacífica que tiene una multitud de formas, desde huelgas, marchas y vigilias hasta actos de desobediencia civil.
Pero también sostienen que los Estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho. Esto significa que no deben interferir en el mismo, a menos que exista una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de otras personas.
En esa línea, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, dice que esta entidad “respeta el derecho a la protesta, pero siempre que no sea en perjuicio de la ciudadanía”.
Amnistía Internacional habla de una tendencia de aumento en el “uso indebido de la fuerza por la Policía en las protestas y la reducción del espacio de la sociedad civil suponen que cada vez sea más difícil estar seguros cuando hacemos oír nuestra voz”.
Los protocolos y estándares internacionales regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía y los sistemas de seguridad del Estado. Los organismos internacionales sostienen cuatro principios clave: legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
La protesta es un derecho que, en su ejercicio, busca la reivindicación de otros derechos. Su realización está profundamente vinculada a otros derechos como la libertad de asociación, de manifestación y de expresión, explica la Organización de las Naciones Unidas.
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