En un contexto regional cada vez más hostil, las mujeres defensoras de derechos humanos en Bolivia desempeñan un rol clave en distintos territorios: en la Amazonía defendiendo el medioambiente, en Potosí exigiendo el respeto de los derechos o en valles como el de Zongo, en el departamento de La Paz, protegiendo su territorio frente a la minería. El trabajo fundamental de las defensoras, en muchos casos, incomoda y las expone a vulneraciones a sus derechos, como estigmatización, agresiones, acoso en redes sociales y criminalización de sus actos, profundizando su situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, la resistencia en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía tiene rostro de mujer desde hace casi una década, cuando las comunidades decidieron oponerse al ingreso de Petrobras para actividades de exploración en los bloques San Telmo Norte y Astillero.
Las mujeres de Tariquía no solo han liderado los bloqueos de caminos, sino que han sido y son las principales guardianas del territorio frente a la presión estatal, argumentando que la actividad extractiva amenaza el equilibrio hídrico de la región.
El conflicto alcanzó su punto de mayor tensión el domingo 4 y lunes 5 de enero de 2026, cuando un fuerte contingente policial intervino la vigilia en el cantón Chiquiacá para forzar el ingreso de maquinaria petrolera. En este proceso, figuras como Nelly Coca, Elizabeth Estrada y Paula Arellano han emergido como las voces más visibles; ellas no solo enfrentaron el avance de las fuerzas del orden en la zona de Quebrada Las Vacas, sino que hoy encabezan la lista de comunarios procesados judicialmente por su inquebrantable defensa del corazón biológico de Tarija.
El rostro tras la máscara
Daniela, quien prefirió reservar su apellido, forma parte del colectivo Lucha por la Amazonía Boliviana. Para ella, la defensa del medioambiente “no tiene banderas”, sino que implica proteger la vida. Con esa convicción genera recursos propios —como la venta de algunos productos— para financiar sus viajes a territorios donde las voces permanecen invisibilizadas, con el objetivo de acompañar a las comunidades y contribuir a que sus demandas y problemáticas sean escuchadas y respaldadas.
“Mi colectivo me sostiene, es mi lugar seguro, es mi espacio de acción, es gente a la que yo le confío mi vida porque sabemos que en esta lucha todo puede pasar”, relata.
Junto a este colectivo, Daniela participa en marchas, protestas y mítines contra el extractivismo, esto ha causado que sufran de amenazas, por lo que decidieron utilizar máscaras en sus luchas, como una medida para evitar ser identificadas y reducir el riesgo de represalias, es su “mecanismo de protección” frente a las vulneraciones vividas. “Es una brecha tan grande de violencia hacia defensores ambientales que lamentablemente se está generalizando”, indica.
A Daniela le resulta difícil acceder a un empleo formal, pues percibe que en algunos espacios ya ha sido “fichada”, su familia a veces le dice que se dedique a algo que le genere réditos económicos, pero ella se mantiene firme, convencida de que “una golondrina sí puede hacer la primavera” porque cree que una persona puede comenzar a generar grandes cambios.
La defensora “no grata”
La fortaleza de Ángela Uzuna, quien es cofundadora del colectivo feminista “Mujeres de Plata” de Potosí, es intentar vivir en un lugar “menos injusto” y eso le mueve a defender los derechos de las mujeres, en especial de las indígenas, la tierra y el territorio.
Ella es una abogada quechua y sabe que es “una mujer no grata para el machismo” y con orgullo utiliza ropa que reivindica su consigna. Esa expresión remite a un antecedente concreto: en 2021, el Concejo Municipal de Potosí emitió una resolución mediante la cual declaró a su colectivo como “personas no gratas”, a raíz de unos grafitis críticos contra autoridades locales que les fueron atribuidos.
Este hecho derivó en amenazas, insultos y campañas de acoso en las redes sociales para silenciarlas y dejen sus luchas. “Me he sentido perseguida, he acompañado muchos casos de compañeras que también han sido criminalizadas y que de alguna forma también me afectan”, señala.
A esto se suma que, en 2021, asumió la defensa de la comunidad potosina de Alcko Tambo frente a la empresa La Estrella S.R.L. por los impactos generados por diques que transportaban residuos mineros que habrían contaminado el territorio. Ante las medidas de presión adoptadas por la comunidad, la empresa interpuso una “acción de libertad” en contra de ella y los comunarios, alegando una supuesta vulneración a “los derechos a la libre locomoción”.
“Si bien en ese momento he tenido la fortaleza de salir adelante, elaborar estrategias colectivas y comunitarias para poder ir en contra de estas situaciones, esto ha generado heridas que no han sanado”, comenta.
La lucha en Zongo por una vida sin minería
En Zongo, La Paz, varias empresas mineras han ido extendiendo sus áreas de operación afectando directamente a las comunidades que viven en esos territorios, tanto por el avance progresivo de las actividades extractivas como por los niveles de contaminación que generan. Frente a esta situación, las comunidades se organizaron para defender su territorio, en especial las mujeres que decidieron no callar pese al profundo impacto que sus acciones de defensa tienen en su vida cotidiana.
Elena, un nombre ficticio para proteger su identidad, defiende con firmeza su comunidad para impedir que una empresa continúe avanzando con la idea de forzarla a abandonar su territorio. Sin embargo, ella y una decena de comunarios fueron criminalizados por ello; el empresario Óscar Bellota, dueño de la minera, inició un proceso en su contra por el presunto delito de avasallamiento. Esto causó que muchos callaran y dejaran de defender el territorio, pero Elena no se detuvo.
Para la defensora, lo más difícil era permanecer en silencio ante estas injusticias, por lo que continúa con su lucha, esto ha implicado distanciarse en algunos momentos de su familia, que le pedía que dejara de involucrarse, y alejarse temporalmente de su comunidad y de sus hijos, por temor a represalias.
“Ha habido muchos perjuicios, pero igual hemos salido adelante, es la fuerza de la mujer, a veces cuando te tocan donde más te duele, que es el territorio, una se defiende”, sostiene.
La misma lucha la sigue Marcela Quisbert, quien señala que “cada vez que entra un minero a su comunidad arrancan un pedazo de su alma” y que confía en que a través de la justicia indígena se pueda poner un punto final a este caso que les agota mental y físicamente.
Todas ellas enfrentan solas los procesos en su contra, el acoso, los insultos y la criminalización, en medio de una profunda sensación de desprotección. La manera que ahora encuentran para protegerse es cuidarse mutuamente, compartir sus miedos para tejer redes de apoyo que les permitan no sentirse solas. Por eso, ven la urgencia de una norma que las ampare.
Una propuesta de ley para la protección
En respuesta a esta demanda se elaboró la propuesta de Ley de Fortalecimiento de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, iniciativa construida en varios encuentros departamentales y consolidada por más de medio centenar de defensores durante un encuentro nacional realizado en Cochabamba en noviembre de 2025 y organizado por UNITAS.
La propuesta de norma propone medidas de protección física, digital y legal, en especial para las mujeres defensoras. Asimismo, que se incluya asistencia jurídica, psicosocial, programas de formación sobre prevención de violencia y la implementación de estrategias para combatir los discursos de odio.
Según un diagnóstico realizado por UNITAS las mujeres defensoras “enfrentan represalias más severas por denunciar actividades extractivas, incluyendo amenazas directas contra sus hijos o hijas”. Además, ellas “son las primeras en ser hostigadas” difamadas y expulsadas de sus comunidades por defender los derechos, en especial del territorio y el medioambiente. También viven “discriminación interseccional” por el género, el territorio, la etnicidad y muchas de ellas sienten culpa, miedo y una carga emocional que es invisibilizada.
En el tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos de los defensores señala que las lideresas son “especialmente vulnerables a la violencia, especialmente debido a su género, que es empleada como una estrategia para silenciarlas y desmotivar su labor”.
“En Bolivia, por ejemplo, se recibió información sobre agresiones contra mujeres defensoras ambientales a través de acciones directas a sus cuerpos y su sexualidad que provendrían tanto de autoridades estatales como de integrantes de sus mismas comunidades”, indica el informe.
Ni las amenazas, ni el estigma de ser «personas no gratas», ni el alejamiento forzado de sus hijos han logrado apagar una convicción que parece inquebrantable. Estas mujeres han transformado el dolor en propuesta legislativa. Como dice Daniela, quizá una golondrina no hace el verano, pero estas defensoras ya han desatado una primavera de resistencia que no tiene marcha atrás.
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