Reunión entre RE-EBB y Concejo T’simane. Foto: Marcos Uzquiano
La Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni (RB-EBB) y el Gran Concejo T’simane sostuvieron una reunión de coordinación para avanzar en una salida pacífica y concertada respecto al asentamiento ilegal Bettel, ubicado dentro del área protegida en una zona clasificada como Tierra Fiscal No Disponible. El encuentro estuvo orientado a reforzar el diálogo, explicar el alcance legal del conflicto y coordinar acciones que permitan encaminar una solución que no derive en confrontaciones.
«En la búsqueda de soluciones pacíficas y concertadas respecto al asentamiento ilegal Bettel, la Dirección y Cuerpo de Protección sostuvieron una reunión de acercamiento y coordinación con la nueva dirigencia del Gran Concejo, a quienes de manera previa se explicó la importancia de resguardar las áreas protegidas, su marco normativo, pero además el respeto de los derechos, usos y costumbres de las comunidades asentadas legalmente dentro del área protegida», señala un post de Marcos Uzquiano, guardaparque y Jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera y Estación Biológica del Beni.
De acuerdo con un reportaje de investigación de La Nube, en la Reserva de la Biosfera – Estación Biológica del Beni (RB-EBB), un grupo de familias tsimanes de la comunidad Campo Bello se ha asentado dentro del área protegida para fundar Bettel, una nueva comunidad que aseguran responde a su necesidad de tierra y a un supuesto derecho ancestral. Su ingreso, iniciado hace al menos seis años, ocurre pese a que el saneamiento del INRA concluyó en 1999 y la normativa prohíbe nuevos asentamientos dentro de áreas protegidas. Para los tsimanes, sin embargo, la expansión es una cuestión de sobrevivencia: sus parcelas se inundan con frecuencia y su producción —maíz, yuca, arroz, plátano— ya no alcanza para sostener a las más de 60 familias que habitan la zona.
La administración de la Reserva y los guardaparques denuncian que Bettel no solo implica ocupación ilegal, sino también deforestación acelerada mediante el uso de motosierras, lo que está provocando la degradación del bosque primario y afectando a la fauna de una de las zonas más biodiversas del país. A ello se suma que la comunidad ya cuenta con plano y personería jurídica, pese a que la Gobernación asegura no haber sido alertada sobre la superposición con el área protegida. El conflicto, que pone en tensión derechos indígenas, necesidades económicas y obligaciones ambientales, ha derivado en reiterados llamados de atención del INRA y la administración de la RB-EBB, sin que hasta ahora se haya logrado frenar la expansión de los asentamientos al interior de la Reserva.
Durante la reunión, según informó Uzquiano, la Dirección y el Cuerpo de Protección de la RB-EBB expusieron la importancia de resguardar el área protegida, el marco normativo que regula su administración y los derechos, usos y costumbres de las comunidades legalmente asentadas al interior del territorio. También se explicó en detalle el carácter ilegal del asentamiento Bettel, que se encuentra fuera de los límites reconocidos de la TCO T’simane, según la zonificación vigente.
Con este contexto, la Reserva solicitó al Gran Concejo extremar esfuerzos para mejorar la coordinación y apoyar un proceso de desalojo pacífico por parte de los comunarios que ingresaron a un sector donde la ley no permite nuevos asentamientos. Sin embargo, al momento de la lectura del acta, surgieron posiciones divergentes que plantearon prolongar el debate mediante nuevas reuniones, lo que —según la interpretación de la RB-EBB— podría traducirse en una estrategia para consolidar la ocupación irregular.
En paralelo, la RB-EBB informó sobre las acciones que viene realizando en favor de las comunidades: el trabajo de control y vigilancia, monitoreo ambiental, repoblamiento de peta de río, implementación de parcelas agroforestales y asistencia en emergencias. Los representantes del Gran Concejo agradecieron estas iniciativas y pidieron reforzar el control sobre pesca ilegal y otros ilícitos dentro del área protegida.
La Dirección de la Reserva reiteró su compromiso de agotar todas las vías de diálogo para resolver el conflicto, al tiempo que recordó que, si no se llega a un acuerdo, se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y penales aplicables a quienes promuevan o participen del asentamiento ilegal.
Finalmente, la institución exhortó a funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales a no interferir de manera que pueda afectar la integridad territorial del área protegida. “Las áreas protegidas son patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano y de la humanidad y es deber y responsabilidad de todos protegerlas y conservarlas… Pero, ¿qué hacer cuando la amenaza viene desde adentro de las organizaciones y territorios que debería coadyuvar su protección?”, señaló la RB-EBB.
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