¿Nos interesa como Estado y sociedad la situación de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué estamos haciendo para evitar que cada día se registren entre 3 y 4 casos de violencia sexual en su contra en Bolivia, considerando que el país tiene un frondoso paquete de leyes de protección hacia esta población? ¿Realmente importa o no que una niña sea violada y asesinada? ¿Nos duele, nos conmueve o nos moviliza cuando conocemos alguna noticia sobre el tema?
Es de terror lo que está pasando en el mundo y en Bolivia con los derechos de la niñez y adolescencia. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado, cada año se producen más de 1.750 casos de violación de infante, niña, niño o adolescente y más de 1.400 de estupro. La situación es delicada y grave.
Lamentablemente, el caso más dramático y que más cobertura mediática tuvo recientemente —con «show» incluido de fiscales y policías— es el de la niña Yuvinka, violada y estrangulada, hecho que ha quedado en la impunidad y en el olvido. El autor o responsable del delito está libre y sin recibir la sanción que merece, mientras la sociedad sigue en sus redes sociales, informándose y divirtiéndose.
Pareciera ser una cultura establecida; estructuras intocables que protegen a los «demonios violadores», a quienes no les importa la fragilidad e inocencia de las niñas. Ellas se han convertido en presas fáciles sin que la sociedad reaccione más allá de una indignación pasajera en redes. Claro, algunos dicen: «si no es alguien cercano a mí, mejor lo miro de palco».
Lo que ocurre en Estados Unidos con la difusión de los «cuadernos secretos» del caso Epstein —que han llenado las redes con videos y fotografías donde las niñas son objeto sexual de poderosos de la economía y la política— no ha generado mayores reacciones de acción a nivel mundial. Ver a niñas semidesnudas, maniatadas y haciendo el «jueguito erótico» a estos pedófilos parece soslayarse. El llamado a actuar es UNICEF, cuyo mandato es velar por la niñez a través de los Estados.
A esto se suma la impunidad de Evo Morales, quien hace más de un año tiene órdenes de aprehensión por graves delitos sexuales cometidos contra adolescentes, sin que la clase política, el Gobierno o las ONG feministas se indignen y movilicen para castigar a quien, con todo el poder que tenía, recibía «en bandeja» a señoritas para saciar sus apetitos sexuales.
De yapa, un pastor que usa el nombre de Dios ha sido denunciado por varios casos de violación a jóvenes. El caso fue desestimado por una jueza, pero aumentan las denuncias contra quien se parapetó en la religión para cometer estas fechorías.
Esta sociedad está en crisis; tiene enormes debilidades para proteger a las niñas y mujeres de diversas violencias. ¿Qué podemos esperar si en esta sociedad hay más de 20.000 locales de venta y consumo de alcohol? Ese dato nos desnuda en muchos aspectos.
Esta realidad nos pone en el banquillo de los acusados y nos lanza al abismo. Tenemos un Estado que no cumple ni hace cumplir las frondosas leyes en materia de derechos humanos, y una lista larga de instituciones públicas y privadas que anuncian trabajar por la niñez, pero sin resultados. Somos una sociedad que ya ve las agresiones y violaciones como algo pasajero y normal; un Estado que acumula hechos sin avanzar en las sanciones; una sociedad cómplice e indiferente ante los feminicidios y un Estado comprometido con hombres violentos y mujeres de poder que callan. Fomentamos la cosificación y el lenguaje sexista: tener en Santa Cruz más de 300 concursos de belleza y moda es una señal clara de morbo e hipocresía.
En fin, un Estado que no activa sus instrumentos para sentar precedentes contra los pedófilos y una sociedad en crisis donde una niña asesinada es solo un número más.
Esta realidad debe llevar a legisladores, fiscales, jueces, defensorías y organizaciones de derechos humanos a repensar si la actual legislación es suficiente para castigar a estos «demonios sexuales». ¿Servirá de algo enviarlos a la cárcel o continuarán con el «chip» de violadores? ¿Acaso habrá que debatir lo que el régimen de China ya estableció en sus leyes?: El abuso sexual a menores será castigado con pena de muerte.
Estos sujetos no solo merecen la cárcel, pero el sistema judicial es parte del problema. Recuérdese que varias madres le gritaron al juez Hebert Zeballos: «¡Prevaricador, que te pudras en la cárcel!», recordándole que él liberó a los agresores de sus hijas. Toca debatir el mensaje que China le da al mundo. ¿Será suficiente la cárcel para estos demonios?
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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