Raúl Uría, antes de ser detenido. Foto: Internet
ANF
Raúl Uría, presidente de la Juventud Yungueña, lleva 20 meses detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. No hay ninguna prueba en su contra, pero sí un informe de “inteligencia” y una orden superior del Ministerio de Gobierno que se debe cumplir, como le habría advertido en un principio la fiscal Martha López, que pidió seis meses de detención preventiva para Uría. Las acusaciones son sostenidas por la Fiscalía y por un juez con antecedentes penales que se encargó desde un primer momento de mantenerlo preso.
La Fiscalía amenaza con más “pruebas” que habrían surgido en último momento y un emisario del Ministerio de Gobierno ofrece procedimiento abreviado, es decir, que Uría acepte una culpa inexistente a cambio de libertad o 15 años de cárcel. El dirigente está acuasado de haber proveido materiales explosivos durante los enfrentamienetos por el mercado de la coca.
—Todo esto que te están acusando, es mentira, todo es montado, te están haciendo la maldad, pero como es del Gobierno tenemos nomás que obedecer órdenes, pero aquí no hay nada en tu contra —refirió Uría que le dijo la fiscal Martha López el 15 de septiembre de 2022 cuando estuvo detenido en la fuerza anticrimen (FELCC) de La Paz.
La fiscal le habría remarcado que el tema era político, que debía seguir órdenes del ministro Eduardo del Castillo, y quien quiere arruinarlo con su informe es el teniente de inteligencia Alexis Roberto Corico Huayta, dependiente del Ministerio de Gobierno.
—Aquí te veo (por Adepcoca), pero no estás con armas, si hubieses estado con armas por qué en ese momento no ha actuado la policía en acción directa para detenerte —habría dicho la fiscal con las fotografías en las manos, según cuenta Uría.
Después de la declaración fiscal, recuerda Uría, vino un policía que le dijo: “si yo te hubiese agarrado, te hubiese matado”.
La detención
Horas antes, el teniente José Luis Jiménez Apaza, de la FELCC, que lo condujo desde Urujara, hacía de “policía bueno”, le decía que su situación era grave y que le iba a ayudar, pero que colabore. Le incautó un celular Samsung negro y dos credenciales, lo único que tenía Uría aquella mañana.
—Te vamos a ayudar, pero tienes que darnos información.
—Yo no sé nada, nosotros simplemente nos ocupamos de la parte logística, de la alimentación para la gente que venía de los Yungas, el resto no sé —respondió Uría.
Otros policías lo amenazaban, trataban de intimidarlo: “Te voy a sacar la mierda, te vamos a torturar para que confieses”.
Ese 15 de septiembre, pasada la 01.00 de la madrugada, un grupo de policías, entre civiles y uniformados, interceptó el vehículo en el que se dirigía a Trinidad. Él preguntó de qué se lo acusa, pero no recibió respuesta. Solo al llegar a Urujara, a eso de las 07.00, donde esperaba el teniente Jiménez, se enteró que lo aprehendían por tráfico ilícito de armas.
El teniente Jiménez habló con Uría más de media hora en la FELCC. Dice que en ningún momento hubo un abogado de su confianza, lo único que buscaban era incriminarlo, por eso era mejor evitar hablar. Al llegar una abogada de oficio, Martha Chuquimia, se acogió al derecho al silencio.
La fiscal López argumentó su imputación formal en base a las conjeturas del informe de “inteligencia” del teniente Alexis Roberto Corico Huayta, que entre algunos puntos señala: “se reporta que con probabilidad el saquillo y los morrales —que trasladaba Uría— contendrían dinamita”, pero nunca lo verificó; que “el punto de acopio o almacén final de estos explosivos se ubicaría al interior del mercado de Adepcoca”, que nunca constató; que las mechas, detonadores y dinamita encontradas en el allanamiento a una tienda de venta de insumos mineros —donde es habitual encontrar este tipo de material— serían “suficientes indicios y evidencias”.
En base a estas “evidencias”, la fiscal López determinó que Uría representa un “peligro para la sociedad” y pidió seis meses de detención preventiva que el diligente juez Marco Antonio Amaru Flores concedió.
—Yo creo que el hecho de aprehenderme viene por un tema político, porque estábamos organizándonos a nivel nacional, como Juventud Yungueña habíamos viajado a Santa Cruz, a Potosí, a Oruro para hacer todas las alianzas con las autoridades de los comités cívicos, con organizaciones, ya nos llamaban para que participemos de las reuniones en diferentes departamentos, y la última invitación fue para la reunión de comités cívicos en Trinidad, y al viajar me han detenido.
La Fiscalía acusa a Raúl Uría de haber proveído a los cocaleros materiales explosivos como dinamitas que se usaron en los enfrentamientos surgidos en la ciudad de La Paz por el conflicto del mercado paralelo de Adepcoca.
Castigo injustificado en San Pedro
Uría pasó más de una semana en las frías y lúgubres celdas de la policía anticrimen y el 22 de septiembre fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz. Primero fue llevado al área de aislamiento Grulla, donde se recluye a los internos más peligrosos y problemáticos. Luego fue pasado a Cocina, donde estuvo un mes, un área de castigo donde se somete a largas horas de trabajo a los internos en un ambiente húmedo y hacinado donde el abuso y el consumo de drogas es moneda corriente. El propósito de llevar a este lugar a los internos es doblegarlos de manera física y moral.
—El Gobierno a los presos políticos nos quiere hundir, nos quiere eliminar, y eso quiso hacer al traerme a Cocina directamente.
En el proceso, Uría citó hasta tres veces al teniente Alexis Roberto Corico Huayta para que amplíe su informe de “inteligencia”, y refiera que habiendo identificado que él guardó un saquillo que contenía una caja de dinamita, “adjunte placas fotográficas y aclare por qué no intervino con un acta de intervención de acción directa”.
Corico Huayta, respondió: “Al respecto manifestar que el suscrito no atestiguó, ni me encontraba presente al momento de lo descrito, por lo cual no cuento con placario fotográfico. El informe de fecha 31 de agosto (de 2022) al cual se hace mención desglosa datos proporcionados por la Dirección Nacional de Inteligencia y no así generados por el suscrito”. La Dirección Nacional de Inteligencia tampoco respaldó sus “datos proporcionados”.
Pese a la falta de pruebas, Uría continuó preso y de esto se encargó el juez Marco Antonio Amaru Flores, que en 2020 hizo campaña electoral a favor del ahora presidente Luis Arce, junto a Evo Morales y el exprocurador Wilfredo Chávez. En junio de 2021 fue designado juez pese a tener denuncias por favorecer a delincuentes. Pero sus antecedentes vienen desde 2012, cuando fue imputado por peculado a denuncia del Consejo de la Magistratura. Tiene varios procesos, entre ellos cuatro por prevaricato, que logró archivar y sobreseer.
Fue aprehendido dos veces y acusado de otorgar libertad a sentenciados por asesinato. El también cuestionado exfiscal Edwin Blanco, a cargo del Tribunal 11vo de Sentencia, en mayo de 2022 dispuso la libertad pura y simple de Amaru Flores.
Amaru Flores también es el juez y fue quien determinó que Jeanine Añez no sea juzgada por el caso Senkata en su condición de expresidenta del Estado, sino que el proceso pase a la vía ordinaria.
—El juez Amaru iba extendiendo la detención preventiva a pedido del fiscal con acusaciones falsas, por ejemplo, el 29 de septiembre de 2023 me extendió tres meses la detención preventiva revocándome la domiciliaria (que nunca pudo hacer efectiva), diciendo que yo tenía otro proceso llevado por la subteniente Soledad Limachi Huanca, que yo la habría golpeado.
Limachi Huanca resultó supuestamente lesionada cuando participó de la aprehensión tipo secuestro del dirigente César Apaza, la madrugada del 22 de septiembre de 2022. Pese a que Uría se encontraba detenido desde el 15 de septiembre y en celdas de la FELCC, Amaru le revocó la detención domiciliaria, con requisitos imposibles de cumplir -debía pagar Bs 100.000-, y le amplió la detención preventiva por la supuesta agresión a Limachi Huanca.
Así fue alargando la detención preventiva de Uría con el argumento de que faltan realizar diligencias, con suspensión de audiencias, ingresando nuevos supuestos elementos, nuevas pericias, hasta “hacer aparecer”, por la Fiscalía, nuevas pruebas como una memoria flash que nunca le fue incautado a Uría, así como dos celulares más.
—En la audiencia del 23 de febrero la Fiscalía hizo aparecer un flash y el secuestro de una movilidad, entonces yo le digo al juez (Amaru) no sé de qué me están hablando, no sé de qué celular están hablando, de qué flash, porque en el momento de mi detención la FELCC me ha secuestrado un celular negro Samsung más dos credenciales; uno de productor y otro de regante, nada más.
Pese a los alegatos, el juez Amaru Flores dio tres meses más de detención preventiva en el penal de San Pedro hasta el 13 de mayo. Uría interpreta la mansedumbre del juez Amaru Flores como la intención del gobierno de someter a los presos políticos, más aún si rechazan su oferta de procedimiento abreviado.
—Es el ministro de Gobierno el que quiere acallarnos, hundirnos aquí adentro, someternos, porque en noviembre de 2023 vino una persona del Ministro de Gobierno donde me ha propuesto irme al abreviado.
Las visitas se realizaron el 17 y el 24 de noviembre de 2023 para proponerle como única salida acogerse al proceso abreviado. Uría lo hizo conocer en audiencia del 5 de enero de 2024 al juez Amaru Flores y lo que hizo fue ampliarle la detención preventiva 45 días más.
La visita del emisario
El emisario del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que no quiso dar su nombre, era de talla mediana, delgado, blanquiñoso, de pelo medio crespo y vestido de forma casual, según lo describió Uría. Lo llamó a una oficina de la Gobernación del penal. Ingresaron a una pequeña sala de reuniones, donde en la antesala había muchos escritorios y mujeres de civil. Un policía les tomó una foto antes de reunirse.
—No quiso dar su nombre, pero se identificó como funcionario del Ministerio de Gobierno, después me dijo que era del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Vi que estaba grabando todo en su Tablet.
El emisario le propuso que se acoja al proceso abreviado, que el Gobierno ya no quiere problemas con los cocaleros de los Yungas, que se había negociado junto al ministro para que le otorguen solo tres años de cárcel y salga libre.
—A mí no me conviene porque no hay ninguna prueba en mi contra, y por qué mejor no me dan absolución, Yungas no quiere que nos den el abreviado, Yungas quiere que nos dejen libres —respondió Uría.
El emisario insistió y mucho, recuerda Uría, quería que él acepte el procedimiento abreviado, acepte la culpa para que el Gobierno refuerce su teoría de que “castiga a los culpables”. “Te estás haciendo rogar más que mujer”, le dijo.
En el cometido por persuadirlo, el emisario le dijo que también es yungueño, de Cruz Loma, que conocía toda la realidad y problemas que atravesaban sus paisanos, y que, si el Gobierno estaba haciendo eso con los Yungas, “qué podemos hacer”.
—No, no voy a aceptar —reiteró Uría
—Pero el ministro (del Castillo) te va a dar 15 años si no aceptas
—Con qué pruebas —retrucó
—Tiene hartas pruebas
—Y por qué no las presenta en las audiencias
—Eso lo va a presentar en el juicio —enfatizó el emisario.
Uría refirió que en la cárcel todo es dinero, desde que se ingresa hasta mantenerse adentro, que la estadía en la cárcel le ha generado un gran perjuicio a él y a su familia, que nadie le va a responder por el tiempo y dinero perdidos, que en particular su mamá sufre mucho y es en quien ha recaído toda la responsabilidad de los gastos que le genera la cárcel. La reacción del emisario fue ofrecerle trabajo y carnet de comercialización de coca.
—Te podemos dar un trabajo en el ministerio ¿tienes carnet de comercialización de coca? —le preguntó. —Te podemos dar dos carnets.
—No —ratificó Uría.
Le preguntó al emisario qué pasará con los cocaleros César Apaza —que aún estaba preso— y Juan Cocarico. Sobre Cocarico el emisario dijo: “ya respondió, va a firmar el procedimiento abreviado y saldrá libre; y sobre César Apaza, indicó: “el ministro no lo quiere soltar, y en una de esas lo van a volver a mandar a Chonchocoro para que muera como un perro”, según recuerda Uría.
—Lo voy a pensar, voy a consultar con mi mamá que es la que más ha sufrido —le dijo.
El emisario quedó en regresar en una semana para tener la respuesta definitiva. Tenía la confianza de que Uría aceptaría la oferta, sería un punto a favor del Ministerio de Gobierno.
Al siguiente viernes, el emisario regresó a San Pedro, y nuevamente se reunieron en las oficinas de la gobernación del penal.
—¿Sí o no? —le preguntó a bocajarro.
—No voy a vender mi dignidad después de tanto sufrimiento
—Entonces el ministro te va a dar 15 años —le respondió, molesto
—Listo, no hay problema, pero van a pagar todo lo que están haciendo —refutó Uría.
Luego de esa conversación, el juez Amaru Flores le amplió la detención preventiva.
Raúl Uría espera con paciencia en su celda de San Pedro. Realiza algunos trabajos de venestería para conseguir algo de ingresos. Construye buses, juegos de mesa como ludos o portalápices que aprendió en el penal. Dice que ahí todos deben hacer algo, “porque si no haces nada, te desesperas”.
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