Sonia Martínez
En el 2024, Nelly Coca, junto a una veintena de comunarios del cantón Chiquiacá, fue notificada con una demanda penal, nada menos que de YPFB y la transnacional Petrobras, por los presuntos delitos de atentado contra la libertad de trabajo e impedir o estorbar la función pública. Poco imaginó doña Nelly, años atrás, cuando inició junto a los comunarios de Chiquiacá la defensa de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía, que sería perseguida, acosada y ahora procesada por la justicia, por oponerse a los proyectos petroleros dentro de la reserva.
Pero, el caso de doña Nelly no es el único, según el observatorio de UNITAS la vulneración del derecho a defender derechos se incrementó en un 82% entre el 2023 al 2024, pasando de 51 a 93 casos, y, donde más de la mitad de éstos implican criminalización de personas defensoras, especialmente aquellas que luchan por el territorio y el medio ambiente.
Esta situación preocupante se da pese a que existen normas que protegen a los defensores de derechos y prohíben su criminalización, desde la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Defensor del Pueblo (Ley N° 870 y sus modificaciones), pasando por la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Ley N° 243), hasta los instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Pero, los datos evidencian que estas normas no se respetan y que no existe un entorno seguro y protector para la acción de defensa de los derechos, que, indudablemente es fundamental para garantizar la vigencia de derechos y libertades de la población.
Durante varios años, las organizaciones defensoras de derechos han exigido al Estado boliviano que adopte medidas concretas e integrales para garantizar la protección de las personas y organizaciones que defienden derechos, sin obtener una respuesta. Pero, de manera sorpresiva, una de las últimas del ex presidente Luis Arce fue la promulgación del Decreto Supremo N°5478 que crea el Comité de Protección de las y los defensores de derechos. Acción que mereció el rechazo inmediato de las organizaciones defensoras por tratarse de una norma inconsulta y con varias deficiencias que no garantizan en absoluto la protección de los defensores y más bien, representa un riesgo para quienes defienden derechos.
Ahora, encontrándonos en un nuevo contexto político, las expectativas se centran en lo que hará el nuevo Gobierno en esta temática. Una de las primeras acciones que podría dar buenas señales sería la anulación del Decreto Supremo y el tratamiento de la temática de manera participativa, con los actores directamente involucrados, evitando la injerencia político partidaria. Sin duda, las miradas están atentas, pero, mientras tanto, la acción de los defensores no se detiene, aún en ese entorno de riesgo y criminalización.
“Nos calificaron de delincuentes los abogados de Petrobras”, termina diciéndonos doña Nelly. “Dijeron que somos un peligro para la sociedad, como si nosotros hubiéramos hecho algo malo, la ley debería proteger a los que protegen al medio ambiente”, se lamenta, pero con firmeza dice: “no nos van callar”.
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Sonia Martínez es integrante de la Alianza de Defensores y Defensoras de DDHH Tarija
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