Hernán Cabrera M.
Uno de los discursos centrales del proceso de cambio fue arengar las banderas de la despatriarcalización y de la erradicación del machismo en todas las instancias de la sociedad boliviana.
Así lo mandó la Constitución Política del Estado, vigente desde enero de 2009, la misma que fue producto de una larga lucha de los indígenas, mujeres, campesinos, trabajadores, intelectuales, clase media, jóvenes. Luego vendrían una serie de leyes nacionales que apuntaban, por lo menos en teoría, a ese gran objetivo: luchar contra la violencia hacia la mujer y acortar las brechas de las desigualdades que imperan aún en los espacios de trabajo y mucho más en los altos cargos jerárquicos, tanto a nivel dirigencial como en el poder político.
La ley No 348, cuyo título es Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida sin violencia tiene 11 años de vigencia, abrió una leve esperanza para que en Bolivia se generen políticas, acciones, medidas claras y contundentes para acabar con los elevados índices de violencia hacia la mujer y de feminicidios.
Precisamente el 2013, año de la promulgación de la Ley 348, se registraron 110 feminicidios y el 2023, Bolivia tuvo 89 feminicidios. Y en solo en el primer trimestre de 2024, 16 mujeres fueron asesinadas. Once años y la situación sigue empeorando.
Pero no solo se expresa en estos datos espeluznantes y vergonzosos el fracaso del discurso despatriarcalizador del Estado Plurinacional, sino en tantos otros aspectos que duele mencionarlos, porque huele a podrido y a una impunidad que da asco: gente del poder con serias acusaciones violaciones, pedofilia, acosadores sexuales siguen en sus curules parlamentarios o en altas direcciones sindicales y políticas.
Y no se les mueve un pelo cuando los entrevistan de otros temas, pero casi nunca los periodistas les hacen recuerdo de sus fechorías.
El caso del decano de Humanidades de la UAGRM, que en un lenguaje sexista y soez, pedía “sapin, culin y $us” por notas, en clara alusión a que a él le deberían ofertar o dar universitarias que estén dispuestas a acostarse con este “académico” de una de las más importantes universidades del país. Este hecho es un secreto a voces que en el sistema universitario público y también en el privado, esta práctica es moneda común, y que es mejor el silencio y también la complicidad de las autoridades, para evitar los escándalos.
Incluso y a nombre de la autonomía universitaria, el decano solo fue suspendido por cuatro meses, sin ninguna otra sanción ni acción de la justicia ni de la sociedad cruceña, que observó este hecho como una anécdota más.
¿Luego de sus cuatro meses volverá el Decano a sus funciones académicas o de servicios sexuales a oficina, pidiendo sapin, culin y $us?
Algo está fallando en la sociedad boliviana que está enferma y en el Estado Plurinacional que es violento y machista. Tenemos que admitirlo, es el primer paso, para lograr avanzar en esta ruta de erradicar la violencia y el machismo que está aun a flor de piel entre nosotros.
Es así que, desde el Presidente de la República, hasta el último ciudadano, somos corresponsables o tenemos que dar nuestra cuota de participación para encarar este sensible problema social del pueblo: la violencia contra la mujer, que se traduce en los feminicidios, violaciones, abuso sexual, secuestro, acoso político, pedofilia, trata y tráfico de niñas y adolescentes, etc.
Algo falla en el país para que los feminicidios, la violencia contra la mujer, las violaciones, los acosos sexuales, los discursos sexistas y burlescos nos sigan golpeando, nos sigan desangrando, nos sigan doliendo.
Fallamos todos. Pero algunos fallan mucho más que el ciudadano.
¿Falla el sistema judicial cuyos fiscales y jueces se han convertido en cómplices de los feminicidas y de los agresores hacia las mujeres? ¿Falla la justicia que no apura los casos y que los hechos de feminicidios los archiva o espera presión?
¿Falla el gobierno en sus instancias competentes, cuando tiene en su seno a violadores de mujeres y niñas, que son diputados y senadores y cuando no se activan todos los instrumentos de prevención, información y acciones conjuntas para implementar las leyes en defensa de las mujeres?
¿Fallan los municipios y las gobernaciones porque no tienen el personal, ni el presupuesto correspondiente para afrontar una verdadera y eficiente lucha contra la violencia hacia la mujer?
¿Falla el sistema educativo que estos temas son tabúes o no se les da la importancia debida y no se les habla a los estudiantes como debe ser de los riesgos, peligros y consejos?
¿Falla la familia que en muchos casos encubre a los padrastros violadores, a los hermanos violadores?
¿Falla el ciudadano que cuando se preocupa y viralizan temas banales, como la mamá modelo que dejó a su hijo, como las infidelidades de políticos o famosos y comenta en las redes sociales, en las reuniones y temas centrales son silenciados?
¿Fallan las leyes, las tantas leyes que tenemos en el Estado Plurinacional y que pocos efectos tienen, debido a su incumplimiento y falta de voluntad política para su ejecución?
¿Fallan las organizaciones feministas que solo protestan ante determinados hechos, pero cuando alguien del poder está involucrado, su silencio es notorio?
¿Fallan los medios de comunicación, la prensa y los periodistas que deben informar con ética y responsabilidad estos hechos, pero luego se olvidan o lo archivan, como tantos en los que están involucrados diputados, ministros o influyentes personalidades?
El 2022 fue declarado como el “Año de la Revolución cultural para la Despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres”. ¿Habrá servido de algo, tuvo efectos o solo fueron hechos simbólicos para aparentar que desde el Estado hay voluntad y acciones, políticas, etc?
La respuesta la tiene el poder.
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Hernán Cabrera M. es periodista y Lic. en Filosofía
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